La responsabilidad social compartida frente a la migración en un escenario posconflicto La responsabilité sociale partagée appliquée à la migration dans un scénario de post-conflit

‘La construcción de paz debe iniciarse en pleno conflicto porque evita un deterioro mayor,  anticipa los retos futuros, fija una agenda y sienta unas metas; además, la guerra permite mayor creatividad y osadía de los actores, contribuye a la transformación del conflicto, atrae la atención y el apoyo internacional y genera los lazos institucionales y sociales necesarios…’
Mwalimu Julius K. Nyerere (líder africano)

I- Marco socio histórico sobre desplazamiento forzado y conflicto en Colombia: 1920-2015

El conflicto ha producido el desplazamiento forzado de personas en diferentes periodos históricos y afecta a 50 países en los cinco continentes. En América latina, se calcula aproximadamente 3,8 millones de personas desplazadas por conflictos armados internos; la mayoría se da en Colombia con una frecuencia de expulsión, para el 2005, de unas 250.000 personas por año. A su vez, otros países como Guatemala, Perú y México presentan migraciones internas que afectan especialmente a las poblaciones indígenas (Builes et al 2008). Los autores añaden que los principales agentes que causan el desplazamiento en el contexto internacional son los gobiernos nacionales. Esto se da de manera directa o a través de grupos paramilitares o milicias que fuerzan a la población a dejar sus hogares.

En Latinoamérica, para hablar de conflicto, posconflicto y desplazamiento forzado partiremos del surgimiento de grupos guerrilleros que emergieron a inicios del pasado siglo en el continente. Según Chernick (1998), estos grupos fueron influenciados por el pensamiento marxista e intentaron desafiar los gobiernos de turno. El autor añade que las guerrillas en Latino América se desplegaron en montañas, selvas y llanuras escasamente habitadas, lo cual propició su movilidad. Para los grupos insurgentes, la meta principal ha sido la desestabilización de los sectores hegemónicos que se quedan con la mayor parte de las rentas nacionales Chernick (1998). Los grupos insurgentes se formaron en Centro y Sur América en donde su historia político-social ha estado marcada por regímenes dictatoriales, democráticos y, a su vez, por revoluciones, guerras civiles y pacificación.

En Colombia, el conflicto ha sido una constante en su historia socio-política. Builes et al (2008) indican que los procesos de violencia y desplazamiento se han expresado de manera particular en cada uno de los momentos históricos del país. A mediados del siglo XX, se presentó la confrontación partidista entre liberales y conservadores. En 1948, en medio de esta confrontación fue asesinado el político liberal Jorge Eliécer Gaitán lo cual desató el alzamiento popular llamado el bogotazo que se extendió a todo el país. Otro momento histórico conocido como la violencia tuvo lugar desde 1946 hasta 1958 y fue una guerra civil no declarada. Como resultado de la violencia, se produjo gran expansión de los latifundios, beneficiando a los grandes terratenientes, corporaciones ganaderas y agroindustriales Boot(1974). Florez (2000) indica que el país se transformó socio-demográficamente, pasando del predominio rural a un país predominantemente urbano, principalmente por el desplazamiento forzado de aproximadamente 2 millones de personas. Entre 1958 y 1974, como parte de la negociación política del conflicto interno, se vivió el periodo conocido como el Frente Nacional, resultado del acuerdo pactado entre las clases dirigentes de ambos partidos políticos, para alternarse en el poder.

Durante estos años, casi paralelamente con el fenómeno del narcotráfico, surgen las fuerzas paramilitares, como otro actor armado del conflicto colombiano. Estos grupos fueron conformados y financiados por particulares (latifundistas, narcotraficantes y ganaderos) para contrarrestar la extorsión y los secuestros de la guerrilla y proteger sus patrimonios. Se ha considerado también al paramilitarismo como un componente de la política contrainsurgente del Estado, que realiza actividades anti-guerrilleras, con el apoyo directo o velado de las Fuerzas Armadas. Correa y Rueda (2000) indica que, en ocasiones, los grupos paramilitares actúan en territorios donde el Estado no ha hecho presencia.

Este fenómeno ha tenido un crecimiento importante en lo militar y político, agudizando más la degradación el conflicto armado y convirtiéndose en los mayores causantes de los desplazamientos forzados, mediante las masacres y las amenazas de muerte a poblaciones rurales. En cuanto al papel del Estado como actor del conflicto, Correa y Rueda (2000) apunta que éste, desde un principio, ha tenido la estrategia de evasión de sus responsabilidades estatales para erigirse como una víctima más de la violencia. Además, la sofisticación del modelo de represión y control que pasa de la tortura a la desaparición forzosa, del asesinato selectivo al desplazamiento forzado a través de las diversas formas de para-estado y de guerra integral, son la clara expresión de la participación por inercia del Estado en la violencia y el desplazamiento en Colombia.

El conflicto en Colombia señala un mapa en el que las zonas en donde más se expulsan colombianos de manera violenta, son aquellas en las que se ubican megaproyectos y en donde el territorio es rico en recursos minerales y energéticos (Bello, 2004). Este autor agrega que, desde el surgimiento de los grupos paramilitares hacia finales de los ochenta, la lucha contra la guerrilla por dominio del territorio ha sido objeto de confrontaciones armadas y, dramáticamente, de acciones atroces contra la población civil, señalada como simpatizante, colaboradora o 'guerrilleros vestidos de civil'. En este sentido, se afirma que los territorios son despoblados y repoblados al antojo de los actores armados.

Sobre el posconflicto en Colombia, Camacho et al (2002) enumeran una serie de campos en lo que el gobierno y organismos internacionales han intentado apoyar este proceso:

Apoyo a recuperación posconflicto:

• Atención humanitaria a víctimas del conflicto

• Retorno y apoyo de poblaciones desplazadas

• Desmovilización/reintegración de excombatientes

• Desminado

• Reconstrucción de infraestructura

Temas económicos:

• Restauración de capacidad de manejo económico

• Generación de recursos para el post-conflicto

• Narcotráfico

• Papel del sector privado

Temas políticos y de administración del Estado:

• Adecuación y fortalecimiento de instituciones estatales

• Ordenamiento territorial

• Instituciones políticas para compartir el poder

Temas judiciales:

• Restauración o consolidación del Estado de derecho

• Justicia transicional

• Comisiones de la verdad

Temas sociales:

• Procesos sociales de perdón y reconciliación

• Grupos sociales vulnerables

• Fomento al resurgimiento y consolidación de lasociedad civil

Temas militares:

• Estrategia de seguridad para el posconflicto

• Organización de las Fuerzas Armadas y de la Policía

• Gasto militar y post-conflicto

Temas internacionales:

• Recursos para apoyar la construcción de paz y el post-conflicto

• Facilitación, mediación y verificación

• Derecho Internacional Humanitario

II- La Responsabilidad social compartida frente a la migración en un escenario posconflicto

Se consideró pertinente, primero, definir los conceptos que nos sirven de fundamento para acercarnos al tema que nos atañe. Concretamente, se trabajará sobre el enfoque de cohesión comunitaria y el de responsabilidad social compartida. Una vez definidos los conceptos, se intentará encontrar una sinergia entre la utilidad que puede representar la aplicación de estos enfoques en un posible escenario posconflicto en Colombia.

La CCIS indica que existen beneficios sociales asociados a la cohesión comunitaria ya que se enfocan en establecer un equilibrio social. Por lo tanto, a mayor cohesión comunitaria aumenta la satisfacción con la vida, la confianza, solidaridad y empatía, la participación ciudadana y las acciones voluntarias, el número de personas que obtienen un empleo satisfactorio, el desempeño educativo, la inversión. También se multiplica el valor de los bienes en zonas residenciales y comerciales. A mayor cohesión comunitaria disminuye el crimen total y el violento, el robo a casa-habitación y de vehículos, la deserción escolar, el riesgo de enfermedades mentales, la tasa de suicidios y enfermedades asociadas al estrés y la depresión, la desigualdad de oportunidades (CCIS, 2010).

La CCIS (2010) señala que la Cohesión comunitaria comprende un sistema multidimensional en donde se comprometen todos los agentes de la estructura social. Las dimensiones abarcan lo público y lo privado: entidades del estado y sociedad civil. Comprenden la igualdad de oportunidades, el reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad, la detección-gestión y solución de conflictos, divisiones y tensiones, las relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades. Además se tienen en cuenta los derechos y valores democráticos internalizados, la interacción y confianza, solidaridad y empatía, las relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades, la identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido así como la organización, empoderamiento y participación.

Todas estas dimensiones son fundamentales para que se gestione un restablecimiento del tejido social. No obstante, para el caso de estudio que será expuesto acá, solo haremos hincapié en las dos últimas: la identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido y la organización, empoderamiento y participación. Eso se debe a que afectan de un modo más directo a las personas que migraron por el conflicto, así que, de alguna manera, en la estructura social se puede trabajar para crear un escenario que facilite un retorno donde se pueda garantizar la reincorporación como sujetos activos de la comunidad.

Al hablar de identidad, sentido de pertenencia y noción de futuro compartido, nos remitimos al concepto de Grimberg y Grimberg sobre identidad, que dice que:

la identidad expresa la relación de un individuo y su grupo como sentimiento. Y se construye a partir de procesos entre tres conexiones: el vínculo de integración temporal, el vínculo de integración espacial, y el vínculo de integración Grupal (1993, p. 26)

El sentido de pertenencia y la noción de futuro compartido están incluidos dentro de las conexiones de los tres vínculos. Asimismo, dentro de la dimensión de identidad, tenemos en cuenta que el hecho de forzar a una persona o a un grupo a migrar puede afectar la identidad del individuo y de su comunidad. Al respecto citamos de nuevo a Grimberg y Grimberg  que argumentan que “el verse forzado a migrar desencadena angustias en relación con su identidad y la vivencia de vacío ante sus roles conocidos” (1993:150). Además el desplazamiento forzado genera una amenaza a una desintegración del tejido social; es decir que rompe de manera abrupta los vínculos espacial, temporal y grupal. Eso conlleva a trastornos psíquicos como la ansiedad, paranoia, la culpa y las ansiedades depresivas entre otras patologías que afectan la salud mental de las víctimas y victimarios (Grimberg y Grimberg, 1993: 139).

Con la dimensión de organización, empoderamiento y participación se pretende identificar a los actores sociales que intervienen en el proceso de reconstrucción del tejido social en el posconflicto. Para complementar esta idea, definimos el empoderamiento y su relación con participación y organización. Montero (2003) prescinde del neologismo empowerment, para referirse a su significado con el término "fortalecimiento", de la lengua castellana - de uso anterior a la aparición del concepto empowerment donde existe una correspondencia clara entre ambos términos. Lo define como:

El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) se organizan desarrollando conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando –participando- de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno, según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 2003: p. 72).

Se eligieron estas dimensiones al considerar que, en ellas, radica una profunda motivación por sobrepasar a las circunstancias y recuperar su comunidad.Hay sentimientos compartidos, arraigados, muy particulares, como es el mismo sufrimiento del conflicto como factor identitario y la migración forzada que representa un cambio profundo que pone en riesgo la identidad por las pérdidas que representa el rompimiento forzado de los vínculos temporal, especial y grupal.

Para el concepto de Responsabilidad Social Compartida nos remitiremos a la definición de su autora Iris Marion Young, quien desarrolla el concepto de Modelo de Conexión Social donde se entiende que:

Tanto los individuos como los organismos que contribuyen con sus actos a procesos que ocasionen injusticias sociales comparten la responsabilidad por esas injusticias que se puedan presentar dentro de una comunidad o estructura social. Así en esencia la responsabilidad es compartida y solo se puede cumplir mediante la acción colectiva (Young, 2011:108).

Este enfoque es central para nuestro análisis. Lo encontramos pertinente para que el proceso de Cohesión Comunitaria y reconstrucción del tejido social se pueda desarrollar de la mejor manera posible, al erigirse como el leitmotiv o la filosofía de compromiso mutuo, necesario para que se logre la cohesión comunitaria. Además, ambos enfoques parten de premisas compatibles y sustentables, como es la participación de toda la comunidad en el proceso de reconstrucción, incluyendo la que, por razones del mismo conflicto, pasó a ser comunidad desplazada. Son proactivas para que, en un posible escenario posconflicto en Colombia, se maneje la problemática de la migración forzada de manera incluyente. Además estos flujos migratorios o desplazamientos se generan por las mismas circunstancias del conflicto armado.

Para llevar estos conceptos de la teoría al terreno pragmático es necesario  comprender que, para lograr una cohesión comunitaria en un escenario posconflicto, es fundamental tomar elementos de la responsabilidad social compartida. En efecto, nos brindan un modelo de conexión social, una manera de afrontar escenarios en donde se requieren cambios sociales que implican la participación responsable, comunitaria, de cada uno de los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto a las instituciones del Estado, dejando así de lado el modelo de obligación que se centra en argumentos de culpa y no involucra tanto a las decisiones personales de individuos y a las fallas en los organismos o instituciones. Además, solo buscaría la identificación de culpables con el objeto de sancionar (Young, 2008: 110).

Al no incluir a las instituciones del Estado, dejaría de ser responsabilidad social compartida. Los modelos de obligación, en su esencia, se alejan de la responsabilidad que se nutre de una convicción en donde se pretende evitar injusticias sociales a través de una responsabilidad compartida, espontánea. Por el contrario, pretenden una puesta en orden a través de mecanismos de presión, culpa y castigo. Éstos se alimentan con argumentos de culpabilidad que polarizan a quienes intervienen en procesos de injusticias sociales, con discursos que aún pueden desgastar más la credibilidad del Estado y, por ende, no dejan ver el camino a las soluciones integrales y responsables.

Con el Modelo de conexión social, se entiende que toda iniciativa tiene que darse por el simple hecho de los beneficios y propósitos que genera el reconstruir el tejido social para que el posconflicto sea sostenible. Establecer que la responsabilidad social tiene que ser compartida entre todos los agentes sociales que han intervenido en el desarrollo del conflicto y el posconflicto, desde el mismo Estado, hasta las víctimas y victimarios.

Como expuesto anteriormente, ambas teorías o enfoques (cohesión comunitaria y responsabilidad social compartida) tienden a promulgar un equilibrio social, en función de evitar, solucionar y reparar actos de una injusticia social, temas centrales en un posible escenario de posconflicto. Ahora bien, es necesario tomar los elementos que intervienen en ambos enfoques para llevarlos al plano del posconflicto e intentar visionar un escenario deseable. De la responsabilidad social compartida tomaremos en esencia el vincular el grado de responsabilidad con el rol de cada agente social, pero de manera especial entender que tenemos que mirar tanto las decisiones personales de cada individuo que compone la sociedad como las fallas estructurales que se producen en los entes estatales y privados.

Para conseguir que se logre la cohesión comunitaria en una dinámica de responsabilidad social compartida de la que nos habla Young, la autora nos invita a identificar los agentes sociales de acuerdo a un parámetro de su rol social, o sea: actores sociales con poder, privilegio, interés y capacidad colectiva (Young, p 18). Luego de haberlos identificado podremos ubicarlos en las dimensiones de la cohesión comunitaria y, así, establecer la conexión social para entender si se logra la participación plena de la estructura social representada, tanto en las instituciones gubernamentales como privadas y en el resto de la comunidad (desplazados incluso) en el posconflicto.

A.Estableciendo conexiones entre la Cohesión comunitaria y la Responsabilidad social compartida

De acuerdo con los trabajos desarrollados por la CCIS en México se ha podido demostrar que la aplicación del enfoque de la cohesión comunitaria ayuda a que se den las condiciones sociales aptas para ambientes más seguros y menos violentos. Aumenta los niveles de confianza para desarrollar proyectos entre la comunidad; además aporta un elemento central en ambientes posconflictos en el fortalecimiento de prácticas que promueven los derechos humanos, dado que se generan canales de comunicación y de convivencia entre individuos de diferentes sectores de la sociedad.

Pero no basta ese vínculo. Es allí donde la responsabilidad social compartida entra a ser soporte de la Cohesión Comunitaria. Ella persuade a todos los agentes de la estructura social que participan en un ambiente de concientización y sensibilización, en que cada actor social tiene un rol por desempeñar en que lo que haga o deje hacer depende de que los vínculos entre las dimensiones comunitarias se den de manera proactiva a la formación de “esa nueva comunidad”. Así, por ejemplo para lograr fomentar la cooperación entre autoridades y ciudadanos, que se establezcan espacios de participación, los agentes sociales tienen que ser conscientes que su rol se acompaña de una serie de responsabilidades sociales para que se creen vínculos y espacios para la colaboración.

B. La cohesión comunitaria y la responsabilidad social compartida en un escenario posconflicto: el caso de la reconstrucción de El Salado

El caso de estudio para nuestro análisis es la reconstrucción de El Salado, después de la masacre del 2000. El Salado es un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, dentro de los Montes de María. Según el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, 2009) sólo en la región de los Montes de María se materializó un ciclón de violencia en 42 masacres, que dejaron 354 víctimas fatales. La concentración temporal y territorial de masacres que se registró en esta zona era percibida como una marcha triunfal paramilitar, que hizo pensar, en aquel momento, en una repartición del país entre un norte contrainsurgente y un sur guerrillero. La masacre de El Salado ilustra de forma contundente una estrategia paramilitar sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre el territorio y la población - estrategia que empieza hacia comienzos de la década de los noventa, en masacres. Tal expansión y cotidianización de las masacres se haría, luego, más explicable a la luz de las complicidades de sectores sociales e institucionales, cuyos entrelazamientos quedaron exhibidos en el proceso de la denominada parapolítica (CNRR, 2009:9).

La región de Montes de María constituyó uno de los grandes enclaves de las movilizaciones campesinas de los años setenta. Sus impactos y dinámicas sociales y políticas entraron rápidamente en los cálculos estratégicos de organizaciones guerrilleras como el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y finalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La guerrilla intenta cooptar a la población de la región supliendo los vacíos institucionales. Sin embargo, a la larga, no fue capaz de actuar ni como protectora ni como proveedora de servicios a las comunidades. A su vez, a través de la estigmatización total de la población, los paramilitares diluyeron las fronteras entre guerrilla y población en El Salado (CNRR, 2009).

Tres años antes de la masacre, en 1997, se registró en El Salado una masacre también perpetrada por paramilitares, provocando que las compañías tabacaleras - que eran la principal fuente económica para la región- se fueran de El Salado. Pero, el cultivo de tabaco no terminó ; sus habitantes continuaron la producción y optaron por su comercialización en El Carmen de Bolívar a través de  intermediarios, lo cual deterioró los ingresos económicos de la región, pero no alteró la calidad de vida antes de la masacre de 2000. Por entonces, la población se acercaba a los 7.000 habitantes (CNRR, 2009).

Según declaraciones de los victimarios a la fiscalía, la masacre del 2000 fue planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, así como por John Henao, alias “H2”, delegado de Carlos Castaño. El hecho tuvo lugar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, por 450 paramilitares que, apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Según el informe del grupo de Memoria Histórica, la masacre no sólo arrebató la vida a las 60 personas, sino que montaron un escenario público de terror en donde cualquier habitante del poblado era víctima potencial. Las víctimas fueron 52  hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años, y 10 adultos mayores. La intervención de la fuerza pública se hizo solo hasta el 18 de febrero cuando el Comando de la Primera Brigada de Marina ordenó el despliegue de acciones para operar en el territorio de la masacre. La Infantería de Marina llegó al territorio de la masacre, tres días después de que ésta había comenzado, y lo hizo sólo por tierra, sin que hubiera apoyo aéreo (CNRR, 2009).

III- Análisis

A. Preguntas y Análisis

Teniendo en cuenta la cohesión comunitaria, al considerar la dimensión de la identidad, sentido de pertenencia y noción de futuro compartido, exploraremos los vínculos de integración espacial, grupal y temporal.

Preguntas y respuestas:

1. Para evaluar el vínculo de integración espacial de los habitantes de El Salado se hicieron las siguientes preguntas.

Las personas que han retornado y/o se quedaron después de la masacre:

2. Para evaluar el vínculo de integración grupal,intentamos saber:

Lo que se interpreta como estas cargas psicológicas hace parte de la identidad de la mayoría de pobladores que, en suma, son todas víctimas, dado que el pueblo quedó desolado después de las masacres.

• ¿Creen que pueden ayudar o contar con sus vecinos para resolver problemas comunitarios?

  • En el análisis de los datos suministrados por la FS, observamos que la reconstrucción y la resolución de los problemas ha sido un proceso grupal ya que los mismos saladeños han contribuido a la reconstrucción de El Salado. Esta intervención se ha dado desde la participación en las decisiones hasta la puesta en marcha de las labores de reconstrucción.

3. Para evaluar el vínculo de integración temporal intentamos saber:

• Como presidente de la comisión nacional de reparación y reconciliación ¿cómo se hizo partícipe el gobierno para garantizar o facilitar la organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales (público, privado, víctimas victimarios) que intervienen en conflicto y posconflicto de la masacre de El Salado?

  • Min 01:18:‘...La CNRR se reunió inicialmente con los desplazados quienes vivían en diferentes ciudades de la zona y les propuso una reparación  tanto colectiva como individual...’. A través de la CNRR se vincularon el gobierno nacional, departamental y local para colaborar en la reconstrucción.

• ¿Qué resultado tuvieron los programas piloto de reparación que estaba desarrollando la antigua CNRR?

  • Min 01:32: ‘... En el Salado se llevó a cabo el programa Piloto. El resultado fue una construcción de la reparación colectiva dialogada, construida con la comunidad, pero con la participación de expertos porque es muy difícil el retorno de un campesino a una zona de masacre desmontada sin el apoyo técnico y logístico del gobierno ...’

• ¿Se manejaron criterios de  responsabilidad social compartida?

  • Min 00:27: ‘…la responsabilidad es de toda la sociedad: el gobierno nacional porque no había protegido a esas comunidades y no les había garantizado su seguridad; la empresa privada porque no había generado desarrollo económico que requería una de las zonas potencialmente ricas del país; las autoridades regionales y departamentales, la policía y el ejército por no protegerlos - al contrario, en muchas ocasiones, agentes del Estado fueron aliados de los grupos paramilitares; la propia comunidad por caer en este fuego perverso, por miedo, por intimidación, por simpatía o ideología. El Salado es un ejemplo de cómo, desde la misma comunidad, hasta las estancias del Estado, asumen la responsabilidad por lo que ocurrió…’

B. Análisis del rol de los Agentes sociales

Los agentes con capacidad colectiva de privilegio y poder son la Empresa Privada, el Estado y los organismos Internacionales. El plan de reconstrucción liderada por la FS constituyó un plan de desarrollo con 7 áreas de intervención: infraestructura, desarrollo económico, desarrollo comunitario, educación, salud, cultura, deporte y seguridad. Para lograr cubrir todas las áreas se hicieron 2 tipos de alianzas que involucraron un esquema de acompañamiento y un esquema de alianza. El esquema de acompañamiento comprende operadores (sector público y privado) y equipo de campo (agrónomos, trabajadores sociales, ingenieros de sistemas, historiadores y pasantes). El esquema de alianza se apoya en el sector público, sector privado, en las fundaciones empresariales y la cooperación internacional.

Los Agentes de interés incluyen a todos los agentes anteriormente citados y a la población civil quienes, en el proceso de reconstrucción, han participado en las mesas temáticas y en los diferentes procesos de las 7 áreas de intervención.

IV- Conclusiones

La reconstrucción de El Salado empezó como un laboratorio público-privado proyectado a 5 años, articulando empresa privada, gobierno, agencias de cooperación internacional y fundaciones empresariales, para lograr proyectos sostenibles que generen empleo y bienestar a poblaciones vulnerables. En el análisis, intentamos saber cuál es el grado de la cohesión comunitaria de los habitantes de El Salado, a partir de un breve escrutinio de las identidades, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido, del grado de organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales. Además intentamos hacer un reconocimiento del grado de la Responsabilidad social compartida de toda la comunidad que participa en la reconstrucción, en el posconflicto de El Salado.

A partir de nuestro estudio, se puede observar que el grado de la cohesión comunitaria, teniendo en cuenta las dimensiones ya mencionadas, se ha ido consolidando con la reconstrucción del tejido social. Esto, lo observamos al analizar los vínculos de integración espacial, grupal y temporal, por medio de datos recolectados por la FS. Respecto a la dimensión de organización, empoderamiento y participación de todos los agentes sociales que han confluido en este proyecto  se puede afirmar que al identificar el rol y el campo de acción de cada agente social se pudo ratificar que la reconstrucción de la comunidad saladeña es el producto del articulado de diferentes sectores: el público, privado, las entidades internacionales, las fundaciones empresariales y los mismos saladeños, para lograr un objetivo común. En este proceso, cada agente social posee o ha sido proveído con las herramientas para fortalecerse y participar como individuo y como colectivo en la reconstrucción de El Salado. El representante del gobierno, en este caso la CNRR, respaldó el proyecto con apoyo técnico y logístico del gobierno para conseguir una reparación, tanto colectiva como individual. La reconstrucción de El Salado representa un ejemplo de Cohesión comunitaria que se hace en sí mismo sostenible pues se crea un compromiso de continuidad por el grado de responsabilidad de cada agente social.

Así, El Salado es una esperanza para muchas otras comunidades del país. Hoy, la gente está reconstruyendo lo que era y lo que quiere ser en el futuro. Todo en el marco de una filosofía de solidaridad, de compromiso por la responsabilidad y por la justicia social, donde no solo son los aparatos del Estado los que tienen la responsabilidad. Se pone de manifiesto una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que actúan de manera cívica y maduran de la responsabilidad personal a la responsabilidad política.