La corrupción, los bienes públicos y la solidaridad social Corruption, public goods, and social solidarity

Unos y otros no pueden sino concluir que una vez se le da cierto poder a alguien para que administre bienes públicos y puede sacar provecho de ese privilegio, terminará sacándolo. Se corrompen de esa manera no solamente los individuos en todos los regímenes políticos y se corrompen las sociedades cuando los diferentes regímenes y, lo que es más dramático, se corrompen todos los regímenes políticos. Aristóteles y Maquiavelo, de modo diferenciado, tuvieron esa intuición: que los regímenes políticos, como los seres vivos, experimentaban el nacimiento, la vigorización, el esplendor y la decadencia. Séneca, que tendía a explicar las decadencias por la relajación de las costumbres y la pérdida de los controles morales, terminaba concluyendo que ellas eran en últimas ‘cosas de los hombres, no de los tiempos’.

Si el problema son los seres humanos, se puede tratar de conjurar la corrupción a través de una cuidadosa educación de los jóvenes y de un diseño de administración pública que bloquee la tentación de abusar del poder en beneficio propio. Platón pensó así cuando, a través de selecta educación que a la que habría de someter a los futuros gobernantes, le aunó el desdén a la riqueza. En su diseño del sistema político, por lo demás, a los más altos magistrados no debía de faltarles nada, pero tampoco tendrían nada en propiedad. La idea era que no cedieran a la tentación de gobernar para sus propios intereses, como hacen los ricos cuando gobiernan, ni fueran comprados por los ricos, como les ocurre a los gobernantes con ambiciones y necesidades. Este celo lo completó queriendo cercenar en los gobernantes los lazos de sangre, pues suele ser en beneficio de la familia que ellos comienzan a corromperse.

Pero ni con gobernantes célibes o apartados de sus hijos se logra conjurar totalmente el riesgo de corrupción. Lo experimentaron los romanos, cuyos emperadores apartaban los lazos de sangre y trataban de escoger al futuro César entre lo más virtuoso del ejército o del senado. Con esto podía tal vez evitarse el nepotismo (cosa que nunca se logró del todo), pero nunca el delirio despótico en que puede caer quien tiene poder absoluto sobre las cosas y las personas.

Las revoluciones burguesas, una vez lograron superar las monarquías absolutas, en las cuales, como en la Roma imperial, todos estaban sometidos al poder de un solo individuo, optaron por dividir el poder y establecer regulaciones estrictas para el manejo de los bienes públicos. Confiaban menos que Platón en los efectos duraderos de una esmerada educación y más en un mecanismo que, desde el poder político, controlara los excesos en que tienden a incurrir quienes detentan poder. Al sistema de pesos y contrapesos a través de sus tres ramas del poder público, la Modernidad política añadió mecanismos orientados a controlar la burocracia moderna, ese voluminoso ejército de funcionarios que en las sociedades modernas opera como correa de transmisión entre las necesidades de la sociedad y las soluciones del gobierno.

Este proceso se correspondió, históricamente, con un paulatino debilitamiento político de la sociedad; un proceso que nos ha traído hasta este presente, en el que es cada vez más profunda la incapacidad de la sociedad para definir el bien común y defenderlo incluso de las dinámicas políticas empotradas en la dirección del Estado. Y, en tanto que la sociedad se debilitó políticamente, se entregó la definición y defensa del bien común a la política (y por extensión a los políticos). De esa forma no sólo terminó erosionándose el carácter aglutinante y solidario de los bienes públicos (los que el Estado administra a nombre de la sociedad), sino el del bien común en sí mismo.

Priorizar la defensa del bien común en el marco general de la lucha contra la corrupción es a lo que invita este artículo. La invitación se orienta contra un tipo especial de corrupción, aquel que emerge del empuje ideológico del neoliberalismo y de las lógicas globalizantes de reproducción del capital. No se trata de negar el carácter corrosivo de la corrupción que emerge en las franjas intermedias de la burocracia; se trata de ponerle especial atención a la que emerge de la conexión entre los grandes intereses del capital y las políticas privatizadoras. Se trata de señalar las formas que toma ese tipo especial de corrupción como una conculcación del bien común.

Al plantear de esta manera el tópico, no se está acusando, a priori, al neoliberalismo de ser un proyecto político corruptor. Como el organicismo de Platón, el comunismo de Marx o el liberalismo de Locke o Mill, el neoliberalismo es una legítima propuesta de organización política de la vida social y económica basada, como las otras propuestas, en premisas y principios referidos a la naturaleza y dignidad del ser humano, al sentido de la sociabilidad humana, de la libertad, del progreso y la justicia social. Como cualquier otro paradigma, el neoliberalismo busca corregir los males sociales, incluyendo la corrupción del Estado, para la cual propone nuevas regulaciones, prohibiciones y orientaciones, a fin de evitar que ella se constituya en un obstáculo para el desarrollo social y económico.

Para resaltar la corrupción como una ‘patología del bien común’, se apela a Alberto Serna (2009). Para perfilarla como un socavamiento de la solidaridad que compromete la reproducción de la vida social, se apela a Milton Fisk (2016).

1. Modernidad y juridización de la vida social y política

Volvamos por un momento a la idea de que la corrupción emerge en todos los regímenes políticos. La advertencia básica de Aristóteles es que, tarde o temprano, todos los regímenes se corrompen. Hoy en día podemos encontrar variaciones positivas y negativas de esa idea. Un ejemplo de variación positiva lo provee Fernando Filgueras al mostrar la corrupción como el momento en que el ordenamiento estatal se revela incapaz de articular de una manera definitiva ejercicio del poder con una educación cívica. Esta articulación siempre es posible porque, un poco al modo del Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Filgueras ve en la emergencia de la corrupción una oportunidad para que el haga un ejercicio de renovación política.

Todo orden constituido trae consigo la posibilidad de su corrupción (y esto) mantiene en movimiento las fuerzas creativas que permiten generar nuevos mecanismos de integración y de consolidación. (..) permite el mejoramiento moral de los ciudadanos, porque mantiene en movimiento la imaginación política para la reproducción de un orden (Filgueiras, 2010: 183).

Un ejemplo de variación negativa es Alberto Serna, quien enfatiza en la corrupción como afectación del bien común, una patología que no tiene nada de positivo:

Ya los clásicos (..) supieron darse cuenta de que (..) cada tipo de constitución política tiene una tendencia patológica característica. Así, el régimen monárquico clásico tiende a caer en la tiranía del monarca; el aristocrático, en la tiranía de los ricos; el régimen democrático, en la tiranía de la mayoría. En cualquier caso, estas patologías de las constituciones políticas tienen en común la perversión del bien común” (Serna, 2009: 134-135).

Oportunidad de renovación o patología que marca el declive de los regímenes políticos, la corrupción emerge en ellos tarde o temprano. Séneca, quien conoció el destierro bajo el poder de Claudio y luego la riqueza desmedida, la influencia intelectual y finalmente la muerte bajo el poder de Nerón, intentaba explicar ese declive como un efecto de la relajación de las costumbres. Intentaba mostrar que la corrupción no era exclusiva de los tiempos imperiales trayendo a colación un episodio que ocurrió ‘en tiempos de Pompeyo y César, de Cicerón y de Catón’. Se trataba de una acusación por escándalo en las altas esferas que se cerró aún más escandalosamente.

Se dieron monedas a los jueces y, lo que es más vergonzoso en aquel arreglo, se exigieron como sobreprecio violaciones de matronas y efebos. Menor infamia fue el crimen que su absolución: el reo de adulterio distribuyó adulterios, y no estuvo seguro de su salvación hasta que hubo puesto a sus jueces en su mismo estado (Séneca, 1971: 58).

Se trataba de un episodio de corrupción que terminó involucrando a funcionarios de la estructura republicana romana, a los jueces, pero cuyos protagonistas principales eran figuras del senado y del ejército. Entonces como ahora, poderosos y funcionarios se corrompían de manera diferente y también entonces fueron los poderosos los que terminaron ganando sobornando a los funcionarios. El ojo censor había que orientarlo, tanto en la República como en el Imperio, hacia quienes están en la cúpula del poder, no quienes están en los puestos bajos de la administración de la res pública. Por eso era válido que Séneca se siguiera escandalizando de la corrupción en términos similares a los de Catón y Cicerón, con cierta añoranza de los valores republicanos. La diferencia era que ahora era realidad aquello que estos habían tratado de evitar: la absoluta concentración del poder en manos de un solo hombre. Ahora ya no era fácil separar ya la salud de Roma de la voluntad del emperador.

Advertida de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, la Modernidad política trató de evitar el despotismo de quien no tiene que dar cuentas a nadie. La gente lo había vivido bajo las monarquías absolutas, que guardaban cierta similitud con la Roma imperial. Creyeron salir de eso dividiendo el poder y enfrentando a las partes resultantes de esa división. Ese sistema de contrapesos, perfeccionado de Locke a Montesquieu, no sólo intentaba evitar que un solo individuo retuviera todo el poder, sino además garantizar que todo el poder público, en su tripartita expresión, estuviese al servicio de la sociedad, pues con la perspectiva moderna de la política, el poder político sólo puede legitimarse de manera ascendente, es decir, por la concesión que la sociedad hace, mediante un pacto, a quien queda investido del poder de gobernar.

Que esa fórmula fue sabia y temporalmente eficaz, nadie puede negarlo; que, a la larga, ella también ha podido ser burlada, tampoco. Los más de dos siglos de perfeccionamiento constitucional de esa solución no han evitado que la corrupción serpentee entre las ramas del poder, neutralizando lo que se supone era la función del sistema de contrapesos. Además, ese sistema se había pensado ante todo para controlar el poder en la cúpula y buena parte de la corrupción emerge primero en la cotidianidad de la burocracia, esa dimensión del dominio estatal que está en contacto directo con la vida social. Aquí comenzó a evidenciarse una doble desilusión.

Por una parte, a la sociedad le quedó negado el control directo de la burocracia, a quien directamente confía el gobierno la administración de los bienes públicos y que de un modo u otro se da sus mañas para escapar también del control que sobre ella debería ejercer la cúpula del poder. De otra parte, la sociedad ya no tuvo ningún control directo sobre las relaciones que, por lo alto, tuvieran las cabezas del poder. Una y otros, la burocracia y las ramas del poder público, quedaron reglados por la constitución políticas y las normas de la administración pública y todo eso se supone debe funcionar bien sin la intervención directa de la sociedad. Ésta ha quedado despolitizada y sumida en una impotencia frente a tan sofisticada ingeniería.

2. Bienes públicos y la sociedad como proyecto solidario

La intuición primaria que ligamos a la noción de bien público es la de un espacio público; el primer ejemplo que viene a la mente es el de un parque público, ese lugar a donde todos podemos ir, confiados de estar en un espacio que nos pertenece a todos. El parque, sin embargo, no es el mejor ejemplo pues hay parques que son privados (los centros recreacionales, por ejemplo) aunque sean usados públicamente. En este sentido, los parques no se diferenciarían de otros bienes como colegios y clínicas y sistemas de transporte que son dados al servicio público, previo pago de unos derechos, sin que por eso pensemos en ellos como bienes públicos: ni en los colegios ni en las clínicas ni en los parques privados nos sentimos en un espacio que pertenece a todos, sobre todo si tuvimos que pagar para ingresar allí o no pudimos hacerlo. Propiedad y administración privadas y usufructo público no bastan, pues, para convertir un bien en público.

Hay cosas que nadie construye por su propia iniciativa, pues sus costos suelen superar la capacidad financiera de un individuo y su uso superar también sus necesidades (a no ser que se hagan en escala ‘micro’). Los ejemplos recurridos son las carreteras, los puentes, la iluminación y la defensa militar, que se hacen pensando en un beneficio que trasciende las necesidades de un individuo y porque, sirviendo a varios, indirectamente terminan sirviendo a la sociedad como un todo. Pero no siempre los que se benefician de los bienes construidos por el Estado son los individuos. El mercado, por ejemplo, que en la retórica liberal se puede autogenerar, no puede en verdad existir sin el Estado.

No siempre es válido definir los bienes públicos a partir del hecho de que no han sido construidos por un particular, sino también en función de su capacidad socializadora. Los parques públicos son un buen ejemplo: muy pocos podrían tener un parque para su usufructo exclusivo, como los cotos de caza de la realeza; pero todos necesitamos espacios como ésos, no sólo para ponernos en contacto con la naturaleza sino para poder socializar con otras personas y especialmente para que los niños socialicen. Una ciudad democrática, entonces, debe construir estos espacios para todos aquellos que no pueden construirse un parque privado (y porque un ‘parque privado’ es ya, en sí mismo, una contradicción en los términos).

Lo privado tiene, por oposición a lo público, un derecho exclusivo y excluyente en virtud de lo que la noción de ‘propiedad’ supone. Aún ciertos bienes privados que se abren al uso público se reservan ‘el derecho de admisión’. Las regulaciones que tratan de mantener la función social de los espacios privados abiertos al público, tratan de garantizar que allí no se puede discriminar por razones de género, religión u orientación sexual. Una cláusula semejante no se establecería para los andenes que, aunque técnicamente hablando son bienes privados, se construyen por mandato de la ley y pensando únicamente en su uso público, respondiendo a una necesidad públicamente reconocida (Cfr. Goldhaber, 2000: 214). Para los claramente públicos, cualquier cláusula al respecto sobra: todos podemos acceder a ellos por derecho propio.

Hay otro tipo de bienes, como la educación pública o el sistema asistencial que son públicos por el volumen de inversión que requieren. Es por ello claro que sólo los puede construir el Estado, en cuyo caso son públicos porque se construyen con la participación tributaria de todos. Pero, no dejan de ser públicos, como hace notar Nancy Holstrom, cuando son construidos con dineros privados: sería irracional y tal vez imposible que alguien los construyera totalmente de su bolsillo y los diera, sin cobrar por ellos, al servicio público. Ahora bien, una vez construidos, y puesto que se mantienen por el uso social de los mismos, entran en la órbita de servicios públicos que tienen que ser regulados por el Estado.

Hay bienes públicos que no se definen como tales a partir de quien los construyó o quien los usa, sino a través del hecho de que es imposible su uso no fragmentado, bien porque ese uso sería económicamente irracional o porque sería claramente privativo, en el sentido de privar a los otros de algo que evidentemente necesitan. Un tipo de bien indivisible es el aire que respiramos. No ha sido financiado por nadie, pero, si lo hubiera sido, no permitiríamos que alguien muriera por no poder pagarlo. Por lo pronto el aire está allí, incluso si ya está contaminado, como ocurre en algunas capitales, y nadie nos taza la cantidad de aire que consumimos.

Dice acertadamente Nancy Holmstrom:

Si el aire está contaminado, los ricos pueden desplazarse a otro lugar donde él sea puro, o conseguir las mejores máscaras para respirar en medios polucionados, pero eso sería sólo una segunda mejor opción. De esta manera podríamos decir que el aire puro debería considerarse intrínsecamente público por su carácter de indivisible (Holmstrom, 2000: 70).

Es en virtud de esto que la lucha contra la polución puede convertirse en una causa social en torno a un bien común. En general, bienes como un ambiente limpio, una ciudad agradable y eficiente, un parque, un adecuado sistema de atención médica o un buen sistema educativo no pueden ser logrados de una manera individual, “sino sólo mediante una acción colectiva y, usualmente, mediante una lucha colectiva” (Holmstrom, 2000: 70).

Esto ya nos pone en condiciones de aproximarnos a la noción de lo que es un bien común y su valor para la supervivencia de una sociedad. Nos va quedando claro, por lo menos, que ciertos bienes no pueden ser alcanzados (construidos, regulados o defendidos) sino a través de ciertas instituciones (se supone que públicas) y que esa construcción, regulación o defensa supone una voluntad social en torno a un fin. Aquí ya estamos en el umbral político de una decisión social: no se puede alcanzar y mantener un acuerdo social sin cierto nivel de equidad en el acceso a los bienes públicos y sin una claridad solidaria en relación con lo que ellos representan para la reproducción solidaria de la sociedad. Esto vincula los bienes públicos con las metas sociales, pues alcanzar una sociedad saludable, o no discriminadora, o educada, implica estructurar la sociedad de una manera tal que redistribuya las cargas de una manera equitativa.

Afectando los vínculos solidarios que hacen posible la reproducción de la vida social, se impacta negativamente lo que Milton Fisk llama la ‘vida ética’ que, en su entendimiento, no tiene otro objetivo que la viabilidad social. Es en razón de ello que, contra esa modalidad de corrupción, estrechamente ligada a la ola privatizadora propia del momento neoliberal, urge una defensa política de ésos de los que decididamente depende la reproducción misma de la sociedad (Fisk, 2016: viii-ix).

3. El socavamiento neoliberal de lo público y la corrupción

La ola privatizadora neoliberal va lanzando bienes públicos a la órbita del mercado y generando en éste una dinámica acaparadora que estimula la tendencia a incidir en los núcleos de decisión política, para que se privaticen nuevos bienes y servicios. En esa interacción entre un Estado que abandona la función de administrar bienes públicos y un mercado que vuelve objeto de lucro todo lo que toca, la sociedad va perdiendo cada vez más la posibilidad de incidir sobre nuevos tipos de bienes públicos, organizar en torno a ellos metas colectivas y generar dinámicas solidarias. Si combinamos el impulso privatizador de la ola neoliberal con la dinámica internacional conocida como la globalización, se ha tendido a mostrar una tenaza que, vía la corrupción, ayudaría a incrementar la corrupción al interior de los países.

La globalización podría ser incluso un medio poderoso para luchar contra la corrupción, pero sólo en el caso de los países con ingresos altos o medios (..) Para el caso de los países menos desarrollados, la globalización no ha ayudado a eliminar la pobreza extrema y las abismales desigualdades en materia de ingresos que pueden jugar un papel como causa de la corrupción (Lalountas et alt., 2011: 645-6).

Contrario a lo mostrado por el estudio de Lalountas et alt, más bien centrado en la globalización, David Miller, en su artículo “Neoliberalism, Politics and Institutional Corruption: Against the ‘Institutional Malaise’ Hypothesis” (2015), vuelve al neoliberalismo para mostrar su impacto en Inglaterra, durante los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major. Miller tiene el cuidado de separar, al menos en principio, la retórica purificadora del discurso neoliberal de su práctica corruptora. Pero, termina mostrando que la doctrina es más bien un medio para perseguir, cuando no para enmascarar, los verdaderos intereses y que de lo que se trata es de un proyecto socavador de lo público; un proyecto que no puede llevarse adelante sin corromper la administración pública.

Lo importante de este proceso, en términos de nuestro tema, es que lo que en él prima no es el tipo de corrupción político que accede al poder y, una vez allí, se apropia de los recursos públicos. Es una corrupción que, esencialmente, se genera desde afuera del Estado, y que, usualmente, permanece por fuera del mismo mientras se aprovecha de sus acciones privatizadoras; una corrupción cuyos actores principales son yuppies formados en las universidades de élite, dinámicos, emprendedores, bien relacionados y aprovisionados de una información privilegiada que les permite acceder a los puntos neurálgicos de la decisión política. Moviéndose por todo el espectro social, cazando oportunidades, terminan volviendo su apetito hacia el Estado y envolviéndolo en su dinámica emprendedora.

Los fanáticos de la juridicidad creen que podemos detener esa dinámica demandando, contrademandando e inundando de leyes la vida social. Pero, en el ambiente general de esta privatización desmedida, también el poder judicial ha sido arrastrado a este tipo de carruseles y las sentencias han devenido mercancías intercambiables en el mercado de los favores y las influencias. Ahí se expresa el límite de la juridización creciente de la vida social: lo que no es suficiente para defender la institucionalidad, para defender el acuerdo tácito fundamental, tampoco lo es para respaldar interacciones sociales como trabajar, vender, comprar y otras más cotidianas que igualmente descansan en la confianza mutua. La erosión de la confianza en las instituciones y en la vida cotidiana termina por afectar otras confianzas de las que depende incluso la dinámica capitalista: ya no podemos creer en el banco que nos invita a depositar nuestros ahorros, en la fidelidad de la empresa para la cual trabajamos, en el servicio que nos presta el plomero, en la medicina que nos prescribe el médico y que nos despacha la farmacia, en lo que comemos y, en últimas, en nuestros vecinos y en nuestros parientes.

La juridización, de nuevo, no nos pondrá a salvo de este socavamiento irremediable de la solidaridad, de aquello que el filósofo norteamericano Milton Fisk (2016) pone al lado de la capacidad de convivir (Conviviality es el término usado por Fisk), esto es deleitarse con las variadas formas de interacción humana, desde la conversación hasta jugar rayuela. Si estas dimensiones de la interacción humanas declinan, la sociedad está amenazada (Cfr. Fisk, 2016:2). Esta capacidad de convivir es una característica fundamental de las sociedades viables. En una sociedad en la que nadie se puede fiar de nadie, “no puede darse la cooperación genuina y libre en el bien social sino, como mucho, la cooperación fruto de la coacción o de la necesidad” (Serna, 2009: 144).

En América Latina, ciertos proyectos políticos neoliberales, que accedieron al poder con agendas aperturistas o de vocación económica extractivista, devinieron populismos o autoritarismos que, una vez lograron cambiar las reglas de juego electoral, prolongaron su periodo de gobierno. A la sombra de estos gobiernos prolongados, se han podido acumular enormes fortunas, como ocurrió tempranamente con la dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990, que ascendió mediante golpe de Estado), y transformaron radicalmente la vocación pública y social de los sistemas educativo, de salud y, en general, la seguridad social, especialmente en el último caso, mediante reformas laborales que han fragmentado y pauperizado el empleo.

En algunos casos han atraído a las clases medias hacia burbujas financieras que, una vez satisfecho el apetito voraz de sus diseñadores, han explotado evaporando los ahorros de toda una vida de los pensionados o la vivienda de las familias. Ha sido característica de estos prolongados gobiernos privatizadores, como el de Menem en Argentina (1989-1999), el de Fujimori en Perú (1990 – 20009 o el de Uribe en Colombia (2002-2010), o que van y vuelven, como el de Piñera en Chile ( 2002 –2010 y otra vez ahora), el contar con especialistas que vienen de los gremios económicos y de la banca internacional y allá vuelven tras su paso por el gobierno), estableciendo una puerta giratoria entre los grandes negocios y las macrodecisiones económicas.

En la medida en que todo eso se fue acentuando, se fue sellando la renuncia social al control colectivo de la política y a identificar, por sí misma, como unidad política, su bien común y garantizarse su reproducción en torno a él. Intuyendo que ‘las cosas no pueden ser de otro modo’, el ciudadano común y corriente, que ya confía en los procedimientos, los impedimentos y las competencias que rigen el manejo de lo público, o que simplemente intuye que no puede hacer mucho para corregir la conducción de los malos manejos, se encoje de hombros y se refugia en la tarea de lidiar con sus metas privadas. Así se completa el proceso de dejarle la política a los políticos. Fernando Filgueiras señala de este modo el crecimiento de ese círculo vicioso:

El problema de la corrupción en la política es, en esencia, un problema de distribución del poder, principalmente, económico, el cual puede controlarse apenas por una democracia competitiva. Con todo, la corrupción afecta, principalmente, la legitimidad del sistema democrático, puesto que fomenta, por la opinión pública, la decadencia de la cooperación y la recurrencia a prácticas ilegales. La corrupción da como resultado la inestabilidad política porque promueve escenarios de desconfianza en relación con el orden vigente, lo que, en muchos casos, puede impedir en países en desarrollo, la consolidación de la democracia (Filgueiras, 2010: 177-8).

La idea de enfrentar todo esto desde un enfoque ético del fenómeno de la corrupción, entonces, no es la de eliminar completamente la promulgación de nuevas leyes anti-corrupción, sino en centrarse en lo nefasto que resulta debilitar el poder discrecional en lo fiduciario que todos los regímenes depositan en los funcionarios. No se trata tampoco de suprimir la autoridad, ni la función fiduciaria de la autoridad, sino de empoderar nuevamente a la sociedad. “La corrupción no desaparece -dice Serna- eliminando el poder discrecional, sino creando las condiciones para que quienes desempeñan una función fiduciaria respondan fielmente a la tarea encomendada.” (Serna, 2009: 129). Porque siendo éste un nuevo tipo de corrupción, esencialmente una forma de perversión de lo público, de lo que se trata es de emprender una iniciativa política para su rescate; de rescatar el espacio político donde lo público se define y se defiende:

El espacio político es el ámbito de convivencia de los ciudadanos, es decir el conjunto de prácticas (leyes, costumbres, Constitución) que definen la vida de una comunidad política. (..) Aunque no todo lo común es político, sí que todo lo político es común, y lo es de una manera radicalmente constitutiva para la sociedad, de tal modo que el bien político común es la razón por y para la que existe el Estado (Serna, 2009: 135).

Repolitizar en esa dirección la sociedad es necesario para rescatar el vínculo solidario y la reproducción histórica de ese vínculo. Hay que construir, democráticamente, nuevas metas solidarias.

4. Hacia la construcción democrática de las metas solidarias

En todo caso, las sociedades necesitan definir por sí mismas para dónde crecer, cómo apropiarse de la tecnología y por qué bloquear ciertas tendencias o inventos. En la tendencia actual, la inventiva va avanzando, con su obsolescencia programada, y nos arrastra sin que tengamos control sobre ella. Tiene razón Richard Lichtman al advertirnos del peso del tiempo en la definición de lo que ha de ser defendido como un bien común: Un ‘bien’ puede ser común en el sentido obvio de ser un ‘bien’ actual o potencial para cualquiera en una sociedad dada; es decir, que satisface algún deseo de todos los miembros de una sociedad dada. Esta es la razón para insistir sobre su disponibilidad general. Dado que hay pocos ‘bienes’ que, cuando se los específica, serían por todos y cada uno de los individuos de una sociedad democrática, la validez de la noción de ‘bien común’ depende de un análisis del valor ‘potencial’ de varios bienes bajo algún conjunto de condiciones ideales. Esta posición ha recibido una atención más cuidadosa en la tradición conservadora más que en la liberal, la cual es renuente a discutir que no son objeto de una elección o deseo real (Cfr. Lichtman, 2000: 417-8).

Ésas no son decisiones que puedan dejarse olímpicamente al arbitrio del mercado, de la inventiva de los fabricantes o de iniciativa de los tecnócratas. Son decisiones de incumbencia colectiva que sólo pueden ser tomadas mediante adecuados canales democráticos. Es por esos canales por los que se llega también a clarificar el bien común, entendido ahora como una meta a ser alcanzada a través de ciertas instituciones (que se suponen públicas), lo cual incluye una voluntad social en torno a un fin; es decir, un acuerdo general que supone cierto nivel de equidad, sin el cual no podría haber la solidaridad necesaria para mantener la voluntad. Si la meta es alcanzar una sociedad saludable, o no discriminatoria, o educada, hay que restructurar la institucionalidad de una manera que redistribuya las cargas de una manera equitativa.

La meta a ser lograda, la característica que se le quiere dar a la sociedad, se constituye en una especie de bien común, no ya con la materialidad y la connotación económica que le solemos dar a un bien público (por ejemplo, la de no poder ser construido por un solo individuo o la de que no se puede excluir a nadie de su usufructo o que no le pertenece a uno solo). Lo que caracteriza al bien público es su carácter de intersubjetivo, el hecho de “requerir de un acuerdo muy amplio en torno a una meta” (Fisk, 2000: 394).

Es sobre una variación de esta última característica que Milton Fisk entiende un bien público. Para él un bien público se define, en buena parte, por el nivel de solidaridad que involucra y en la relación que el mismo puede tener con los fines sociales y con los bienes comunes; por la prevalencia de la solidaridad sobre el interés privado. Es por eso que, en último análisis, la lucha por los bienes públicos es una alternativa al proceso de privatización de la globalización corporativa.

Lucha, derechos y justicia: a modo de conclusión

Todo esto debe ser recogido en términos de la filosofía política, llevándolo al plano de la reflexión sobre la justicia. Milton Fisk lo hace al definir los bienes públicos en estrecha relación con los bienes comunes, que a su vez están ligados a una concepción de justicia que, en su óptica, debe facilitar la realización de ciertos fines colectivos: “La justicia en una sociedad apunta a superar los conflictos de forma tal que se faciliten los bienes comunes, y por lo tanto los bienes públicos que se requieren para ello” (Fisk, 2000: 43).

Sin la identificación clara de esos bienes públicos, no es posible pensar la justicia. Este razonamiento, por supuesto, exige volver a una distinción adicional: la diferencia entre bienes comunes y bienes públicos. Fines como mantener una sociedad educada, con un medio ambiente protegido y con una prensa libre, por ejemplo, son bienes comunes. Los medios para lograrlo son bienes públicos. La globalización corporativa que, para Fisk, es un sistema de competencia intensiva para los inversionistas, los mercados y las ganancias, amenaza los bienes comunes. Serna ha señalado también el efecto perverso de las ‘capitales golondrina’ y otras formas de afianzamiento de la lógica capitalista en el mundo globalizado, en estos términos:

una característica de las sociedades modernas es la disponibilidad de capital anónimo, fácilmente movible de un punto a otro de esta aldea global que es actualmente el mercado de capitales. Este es un punto clave en la lucha contra la corrupción. Es indispensable que se cree en cada país un clima de transparencia financiera que elimine el carácter anónimo del capital: se ha de saber de dónde viene y a dónde va el dinero. Se han de eliminar los refugios financieros internacionales. Se ha de trabajar para que los controles contra la corrupción cooperen también a nivel internacional y no sólo dentro de Estados individuales; esto requiere que los Estados coordinen el establecimiento de normas que hagan imposible, o al menos difícil, costoso y arriesgado el trasvase de capitales procedentes de fuentes ilegales (Serna, 2009: 148).

Para Fisk, es claro que frente a esas amenazas se encuentran impotentes quienes se aglutinan en torno a libertades individuales, tal y como ellas han sido defendidas por el neoliberalismo. Los bienes públicos, en cambio, constituyen la respuesta que debemos dar a esa globalización y a la privatización, pues la competencia intensa que ella genera amenaza las necesidades básicas de millones de seres humanos.

Todo esto debe ser enfrentado desde una moralidad política que integre metas sociales y bienes públicos en un republicanismo teleológico. Hay que volver a lo colectivo y a lo sustantivo superando en gran medida el procedimentalismo liberal y hacerlo eludiendo esa vocación liberal por los derechos que pone los bienes y los fines a distancia y que, al final, dice Fisk, apunta más al control que a la solidaridad. Para este pensador, los derechos no tienen, como para el liberal, un origen y una significación absoluta, por fuera de todo contexto de luchas y al margen de una moralidad política que vincule diferentes perspectivas desde una noción de la justicia. Por el contrario, su lectura de los derechos incorpora tres componentes: 1- la lucha por realizar intereses en contra de fuerzas que quieren bloquear su realización; 2- la justicia en la realización de los distintos intereses; 3- la moralidad política que da contenido a esa justicia (Fisk, 1992: 65).

La justicia es finalmente el horizonte normativo que ensambla derechos, bienes y metas sociales. Lo puede hacer por ser ella la primera virtud relacional, por volcar al individuo a la interacción humana, antes que convertirlo en un titular egoísta de un derecho que separa al hombre del hombre, como señaló Marx en La cuestión judía y dejar a cada cual convertido en una mónada atenida a sí misma. La justicia vuelve a ser aquí, la primera virtud de la institucionalidad social.