Necrocapitalismo y necrogestión migratoria en el cuarto mundo: mujeres migrantes en San Diego, California Necrocapitalism and migratory necromanagement in the Fourth World: migrant women in San Diego, California

Introducción

El actual Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken ha reconocido que millones de migrantes viven en situaciones peligrosas e inseguras y son vulnerables a la explotación (2021). La idea del “american dream” parece superada para este sector en migración irregular; a la vulnerabilidad intrínseca de las mujeres por su género y calidad migratoria, se suman diversos factores de interseccionalidad: edad, raza, etnia, discapacidad, idioma, clase social, entre otros, que representan niveles de complejidad en la identificación de desigualdades (Expósito, 2012). La acumulación de tales factores profundiza las desigualdades subyacentes haciéndolas proclives a que se les apliquen, según Foucault, diversas tecnologías de poder (2001). Al respecto, este autor indica que “el antiguo derecho del soberano de hacer morir o dejar vivir es reemplazado por un poder de hacer vivir o abandonar a la muerte” (Foucault, 1998). Por otra parte, Mbembe sugiere que los regímenes políticos actuales obedecen al esquema de “hacer morir y dejar vivir” (2011).

Como lugar de acogida, San Diego, California es una importante ciudad con alto nivel de desarrollo humano, tecnológico y económico; es la segunda ciudad más grande de California y octava más grande de Estados Unidos (Información, s/a). No obstante, mientras los promotores de turismo afirman que es "la mejor ciudad de Estados Unidos" (Jagadeesan & Koffing, 2019), San Diego tiene un alto porcentaje de residentes sin hogar. Basado en un recuento nacional The Way Home Continuum of Care. Homeless Count & Survey Analysis 2022, el informe estimó que más de 3,223 residentes no tenían hogar (Troisi & Rausch, 2022). No obstante, estos datos, ocultan una cifra negra al no mostrar e invisibilizar a las migrantes irregulares; además, en el informe no existen datos desagregados por género.

Su cercanía con el cruce fronterizo más transitado del mundo Tijuana-San Diego erige a esta ciudad como un destino migratorio para mujeres de países en desarrollo; en ella han emergido fenómenos necropolíticos no visibles a primera vista. En este condado muchas mujeres migrantes irregulares sufren cotidianamente la conculcación de sus prerrogativas mediante la violencia de género en sus múltiples facetas: física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida (Violencia política, 2018) y modalidades: doméstica o intrafamiliar, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática (Violencia de género, 2019). Esta idea parece confirmarse al observar la exclusión, las asimetrías sociales y económicas que impactan de manera grave a las migrantes del “Sur” en esta ciudad. De esta forma, se artícula una violencia sistemática contra este sector: al sufrimiento del lugar de desplazamiento, se le suma la experiencia migratoria, muchas veces traumática y, al final de la travesía, la conculcación de sus prerrogativas esenciales. En términos generales, Sassen (2014) menciona que estas personas que están siendo expulsadas —generalmente de forma permanente— de sus lugares de origen.

En ciertos espacios deliberadamente segregados en San Diego, llamados de cuarto mundo, se ejerce el necropoder (Mbembe, 2011), que hace referencia a la situación fáctica de que el Estado a través de un conjunto de organizaciones gubernamentales o civiles, condena a morir a parte de su población, sea por abandono intencional o por el ejercicio de la violencia metódica y organizada (Núñez Rodríguez, 2012). Ya en ciudades cercanas como en Los Ángeles, específicamente en el barrio Skid Row, se han reconocido estos fenómenos; por ejemplo, el agente Deon Joseph indica:

No se pueden usar las aceras. Son una amalgama de tiendas de campaña, basura, chatarra en la que viven miles de personas.
A ratos, el olor es nauseabundo… esta gente se ha convertido en víctimas de las bandas, que cobran por el sitio en las aceras, en dinero —hasta 200 dólares al mes— o en servicios, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución. En algunas de estas tiendas de campaña, explica, han encontrado armas. El trapicheo está casi a la vista. Las violaciones son habituales. Coches de alta gama están aparcados junto a personas inconscientes en la acera a las que todo el mundo ignora. El crimen en la zona “está fuera de control” (en Ximénez De Sandoval, 2017).

Este agente se muestra muy crítico con lo que considera “política de no inmiscuirse” de las autoridades (en Ximénez de Sandoval, 2017). Mientras tanto, en San Diego se han tratado de ocultar estas zonas de marginalidad, por ejemplo, “limpiando” áreas donde se asientan campamentos de personas sin hogar. Michael McConnell, un activista local, considera que multar a quienes no tienen dinero para pagar las cuotas agrava el problema, porque al tener multas pendientes pueden ser detenidos; por ende, constituye “un proceso de criminalización de la mendicidad” (en Magdaleno, 2016). Además, en abril de 2016, aparecieron lotes de rocas dentadas a lo largo de la acera de un paso inferior peatonal, tratando de evitar que las personas sin hogar durmieran en el paso subterráneo. No es la primera vez que se acusa a San Diego de tratar de esconder, cual, si fuera basura, a su población más vulnerable debajo de la alfombra. Protestantes afirmaron que la ciudad estuvo llevando a cabo una “purga” antes de la Convención Internacional de Cómics (Comi-Con) de 2014 (Magdaleno, 2016).

En este contexto, esta investigación examina y revela la utilidad que representan las mujeres migrantes irregulares para el necrocapitalismo y la administración de su muerte a través de los espacios de cuarto mundo en la ciudad de San Diego. Demuestra, la intencionalidad de necropoder en el capitalismo contemporáneo de “primer mundo”, así como, de manera adyacente, las repercusiones para las comunidades de destino.

I.- Marco teórico-conceptual: las mujeres migrantes en la necroeconomía capitalista

A la dinámica capitalista le son útiles las mujeres; le interesa su control y dominio. Para funcionar, el capitalismo necesita producir clases, grupos, en este caso de mujeres, que a la vez que cumplen una función biológica de producir seres humanos, también sirven como una fuente sustituible de mano de obra y consumo. Las mujeres constituyen una valiosa mercancía. De hecho —señala Valencia— su conservación, cuidado y libertad también son una mercancía. (2010)

Para Alejandre, la explotación y dominación que ocupa la mujer en toda la superestructura capitalista, ha traído consecuencias negativas, acordes a una serie de “valores” que la ideología imperante provee y permite a la mujer aceptar esa situación. De tal manera que, en estas sociedades se pueden encontrar tres aspectos relacionados: explotación económica, el poder que ejerce el hombre estableciendo relaciones de subordinación y la dominación ideológica que refuerza y hace posible las dos anteriores. Añade esta autora que la mujer sufre de explotación de clases, explotación doméstica, explotación laboral, entre otras (Alejandre, 2000).

Para denotar la función del capitalismo como régimen de explotación que exacerba las vulnerabilidades de las mujeres migrantes, es importante articular las distintas funciones. Desde la perspectiva marxista se puede mencionar: que en el hogar se producen bienes de uso —alimentos, ropa limpia, etc. — indispensables para que la fuerza de trabajo que saldrá al mercado en forma de mercancía se reproduzca. El capital necesita fuerza de trabajo alimentada, descansada y, en último término, sexualmente satisfecha; lo que se logra con el trabajo gratuito de la mujer (Alejandre, 2000).

Indica Díaz (2020) que el orbe entero se estructura sobre el dominio patriarcal. La historia de la cultura refleja el drama privado y público inmenso de cada mujer. Muchas mujeres continúan metidas en esa maquinaria; no conocen ni conciben otra posibilidad, a tal punto que no piensan en intentar acceder a la justicia. Así, en el actual sistema capitalista el rol de la mujer ha sido siempre relegado como mero objeto sexual, instrumento de producción con doble estándar de opresión, ya sea en el trabajo y en la familia (México, 2022).

Foucault argumenta, al respecto, que el biopoder —políticas del cuerpo— ha sido un elemento indispensable para el desarrollo del capitalismo; ha servido para asegurar la inserción controlada de los cuerpos en el aparato productivo y para ajustar los fenómenos de la población a los procesos económicos (Foucault, 1998). Retrospectivamente, señala Foucault (2001), el capitalismo que se desarrolló a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, ante todo, socializó un primer objeto, el cuerpo, en función de la fuerza productiva, de la fuerza de trabajo. Este autor precisa que el cuerpo pasó del castigo a la corrección. Hasta el siglo XVIII, el cuerpo de las personas era esencialmente la superficie de inscripción de suplicios y penas. Estaba hecho para ser supliciado y castigado. Posteriormente, en las instancias de control que surgen a partir del siglo XIX, adquiere un significado diferente; debe ser formado, reformado, corregido, lo que indica que debe adquirir aptitudes, recibir cierto número de cualidades, calificarse como cuerpo capaz de trabajar. En la actualidad, ambas técnicas se emplean para dañar, causar sufrimiento, disciplinar, controlar, sujetar y administrar la muerte de las mujeres migrantes.

Lo señalado tiene relación con el necrocapitalismo que Banerjee define como: “las formas contemporáneas de acumulación organizacional que implican desposesión y sometimiento de la vida al poder de la muerte” (2008:1541). El autor argumenta que:

algunas prácticas capitalistas contemporáneas contribuyen al despojo y el sometimiento de la vida al poder de la muerte en diversos contextos, como en la organización y la gestión de la violencia global a través del incremento en el uso de fuerzas militares privadas y los conflictos por recursos naturales entre corporaciones transnacionales y comunidades indígenas (Ibídem:1542).

Prosigue señalando Banerjee que la violencia, el despojo y la muerte, son el resultado del proceso de acumulación que ocurren “en espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica y política, resultando en la suspensión de la soberanía” (Ídem).

La soberanía, como la formula Carl Schmitt (1985), es “quien decide el estado de excepción”. De acuerdo con este autor, el estado de excepción es la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce la facultad de determinar al enemigo público con el fin de proteger el bien público trascendiendo, si es necesario el estado de sitio con el fin de proteger el bien público. Se basa en la necesidad de proteger a la Constitución en contra de un ataque desde afuera o en contra de ataques desde adentro, esto es, en contra de los enemigos internos o externos (Schmitt, 2009). Por su parte, Agamben precisa que, en el del estado de excepción, la violencia, la tortura y la muerte se ejercen sin intervención política ni judicial (Agamben, 1998). La decisión del soberano que invoca el estado de excepción significa el poder de decidir sobre la vida sin que se siga un proceso por homicidio. En palabras de Agamben, la soberanía “es el poder que decide el punto en el que la vida deja de ser políticamente relevante” (Ídem).

Así, el necrocapitalismo emerge de la intersección entre la necroeconomía y la necropolítica como prácticas de acumulación en contextos postcoloniales, pero que pueden darse de facto en primer mundo, por actores económicos específicos. La característica principal del necrocapitalismo “es la acumulación por desposesión y la creación de mundos de muerte” (Banerjee, 2008: 1548).

Desde esta perspectiva economicista y androcéntrica la sobrepoblación de mujeres requiere la gestión de su muerte, es decir de necropolíticas. Como bien lo señala Mbembe:

“La “necropolítica” está en conexión con el concepto de “necroeconomía”. Hablamos de necroeconomía en el sentido de que una de las funciones del capitalismo actual es producir a gran escala una población superflua. Una población que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, pero hay que gestionar de algún modo. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales. Otra técnica consistiría en aislarlos y encerrarlos en zonas de control. Es la práctica de la “zonificación” (en Fernández-Savater et al. 2016).

La necropolítica está basada en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es matar directamente a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear políticas en las que se van muriendo (Valverde, 2018). Se entiende por necrogestión la administración y ejecución de un conjunto de actividades que abarcan los aspectos de la migración y la incorporación de necropolíticas migratorias. Las necropolíticas implican para Mbembe (2011) prácticas gubernamentales que gestionan la muerte de las mujeres y controlan su conducta.

De ahí, que el poder estatal utilice necropolíticas públicas —fase tecnócrata de la necropolítica— para administrar los efectos colaterales de la muerte y la violencia contra las mujeres, en particular el sufrimiento de las mujeres y sus familiares. Con tales necropolíticas se asegura que el sufrimiento no sirva como base para la movilización sociopolítica, es decir, aniquila el potencial de movilización de la rabia provocada por el sufrimiento (Estévez, 2015). Así, el poder estatal comparte estas tecnologías de dominación —tecnologías necropolíticas— con sujetos de naturaleza privada. A través de estas tecnologías se permite hacer extensiva la muerte de las mujeres.

En el periodo neoliberal hay un cambio importante en el capitalismo global al transitar de un Estado nación en Estado de guerra. Así, mediante la diferenciación, la otredad, se le explota y comienza un proceso de homogeneización de la explotación a través de este modelo (Gržinić & Šefik, 2012). Al respecto, sostiene Banerjeee (2008) que el neoliberalismo se ha implantado como régimen de desarrollo que genera gran cantidad de gente invisible, principalmente pobre, desheredada y despojada y, como consecuencia, no es que ignore a los pobres, sino que los excluye deliberadamente.

El padre de la sociología, Charles Booth convirtió su atención a los pobres de Londres a finales del siglo XIX, en lo que denominó Fourth world —cuarto mundo— para identificar a lo que él llamó "clases sumergidas" (Wresinski, 2016). Esta idea subraya la exclusión por pobreza extrema en donde la sociedad no tiene tiempo para aquellas personas. Se legisla y gobierna para el individuo promedio no para estas personas en precariedad, dado que el individuo del cuarto mundo no es ni un trabajador clave, ni un elector, ni un consumidor; no es de ningún interés para los que están en el poder. Al carecer de representación pública, no puede adquirir los medios para cambiar su situación. Como apenas hacen su presencia sentida, en algunas sociedades avanzadas se vuelven invisibles para la mayoría de ciudadanos (Fernand-Laurent, 1983).

Desde el punto de vista económico, el cuarto mundo es una carga, y desde el punto de vista de la salud, un peligro. Por lo tanto, la sociedad debe tomar a esos grupos de marginados bajo su protección en su propio interés. Pero, aparte de estas prácticas consideraciones, el cuarto mundo representa un asunto moral, que subraya la existencia de inhumanidad de una sociedad que cierra los ojos a las injusticias estructurales y sólo se preocupa con los que están en “promedio”, los “normales”. Esta indiferencia conduce al olvido; esta es la suerte de los habitantes de cuarto mundo. Es gente solo de papel que se encuentra en “lugares para morir” (Fernand-Laurent, 1983). La conciencia de la sociedad prefiere ignorarlos; incluso cuando tal explotación se extiende a los niños, no despierta la indignación generalizada esperada, como el caso de los niños enjaulados en “la Perrera”, que fueron separados de sus padres migrantes que intentaron cruzar la frontera México-Estados Unidos y fueron detenidos bajo la política migratoria "tolerancia cero” en Texas (“Cómo son las jaulas”, 2018). Por ende, una gran parte de la sociedad receptora parece haber elegido deliberadamente hacer la “vista gorda” y sofocar su conciencia (Fernand-Laurent, 1983).

Y aunque esta exclusión, no es potestativa solo de mujeres, niñas y adultas migrantes, éstas son víctimas del rechazo irracional o, peor aún, del rechazo respaldado por argumentos pseudo-racionales. La mayoría que las rechaza es alérgica a sus diferencias; se esfuerza por mantenerlas a distancia y les niega la comunicación y el compañerismo. Aunque no tan radical y oficial como el apartheid, la forma de segregación priva a estas extranjeras de sus derechos humanos. Están condenadas a lo más bajo y los trabajos peor pagados; forman la capa más baja de la sociedad (Fernand-Laurent, 1983).

Para Wresinski (1983) el cuarto mundo es el sector de la población al pie de la sociedad escalera. Es por tanto el sector más pobre, que se encuentra tanto en países industriales o en proceso de industrialización; estas personas están virtualmente excluidas de la vida económica, cultural y social de los demás ciudadanos. Esta población es difícil de identificar porque la historia de los más pobres de los pobres, a lo largo de los siglos, ha permanecido prácticamente sin escribir.

Se debe recordar que existe una naturaleza condicional de los derechos humanos. Es decir, suponen el cumplimiento de ciertas condiciones; de lo contrario la población permanecerá inevitablemente “fuera de la ley”. Tales condiciones son las que no se cumplen en estos espacios de excepción (De Kherchove, 1983) porque como subraya Wresinski (1983) los pobres son demasiado miserables para ser "pobres merecedores".

Para Stoler las formaciones imperiales, como Estados Unidos, no reflejan un Estado estable definido por límites soberanos nacionales, sino la forma en cómo la economía y la política están organizadas; esto es, una política de dislocación que involucra “reclutamiento y transferencias sistemáticas de agentes coloniales, redistribución de personas y recursos, reubicaciones y dispersiones en territorios cercanos” (2006: 138). Por ello, los estados de excepción basados por formaciones imperiales surgen en las colonias al igual que en las metrópolis, bajo la forma de los cuerpos ilegales e indocumentados (De Kherchove, 1983).

Por otra parte, desde el ámbito de desarrollo, estos lugares marginales son denominados bolsones de pobreza donde se vive una escasez crónica y sistemática; son asentamientos muy precarizados que se encuentran principalmente en áreas urbanas. Minujin (1992) indica que también se refieren a ellos como “villas miseria” anteriormente asentadas en las periferias de las principales ciudades: esa localización favorecía el imaginario de un país en el que la pobreza constituía un fenómeno marginal a su realidad social. Para Estévez estos lugares son denominados bolsones de desechabilidad que representan áreas de injusticia espacial donde las poblaciones vulnerables definidas según la nacionalidad, la clase, la raza y el género se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas (Estévez, 2022).

Se ha admitido que han aumentado los llamados “bolsones” de pobreza en los países desarrollados (Azcueta, 2002). Gordon (2004) señala al respecto, que los bolsones de pobreza se dan en medio de la riqueza de los países desarrollados. En Estados Unidos, precisa Giroux (2014), se ha intensificado la práctica de la descartabilidad en la que cada vez más individuos y grupos son considerados excedentes, consignados a zonas de abandono, vigilancia y encarcelamiento. Además, esta política de desaparición se ha visto fortalecida por una intensificación de la creciente despolitización, llevada a cabo en gran medida a través de nuevos modos de espionaje y el poder asfixiante, si no abarcador, impulsado por el mercado de la mercantilización y el consumo.

Parafraseando a Giroux (2014), los migrantes, y cada vez más las mujeres, son desechados por el Estado corporativo, despojados de las disposiciones sociales y privados de las condiciones económicas, políticas y sociales que permiten modos de agencia viables; se encuentran habitando zonas de abandono marcadas por profundas desigualdades. Tales zonas son sitios de rápida desinversión, lugares marcados por un sinfín de espectáculos de violencia, y sustentadores de las lógicas neoliberales de contención, mercantilización, vigilancia, militarización, crueldad y castigo. Estas zonas de privación y exclusión terminal constituyen el sello distintivo y la intensificación de una política neoliberal de descarte que es implacable en la violencia material y simbólica.

II.- La situación de las migrantes irregulares en San Diego, California

A nivel estatal, California enfrenta grandes asimetrías socio-económicas; cuenta con la tasa más alta de pobreza de Estados Unidos, más de uno de cada seis californianos es pobre cuando se considera el costo de la vida y vivienda. Al respecto, Mark Baldassare, presidente del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) indica:

La distancia entre los ricos y los pobres impacta en los costos de las viviendas, el costo de la vida, la crisis de las personas sin techo y, en última instancia, hace que algunos se pregunten si tienen un futuro aquí (en Sulbarán, 2021).

Además, en este lugar, el flujo de drogas favorece la conducta delictiva hacia las mujeres. En la ciudad de San Diego muchos migrantes irregulares son de origen mexicano y centroamericano; la ruta lleva años también siendo utilizada por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, entre otros. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2021 y con la invasión de Rusia a Ucrania, han llegado a la frontera compartida con Tijuana solicitantes de asilo originarios de Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia; el 90% intenta migrar a Estados Unidos argumentando "motivos políticos y miedo de persecución en su país". En el caso de los rusos, la cifra de detenciones en suelo mexicano casi se multiplicó por ocho si se compara con el primer semestre del año, al pasar de 1.092 a 8.284 detenciones, la gran mayoría trató de ingresar por el punto fronterizo que separa a Tijuana de San Diego. El salto es aún mayor si se compara con el mismo período —julio-diciembre— de 2020, cuando solo hubo 169 detenciones (González, 2022).

San Diego, es catalogada una ciudad santuario —jurisdicción santuario— que implica un lugar donde se decretan políticas que abarcan desde declaraciones no vinculatorias dando la bienvenida a los migrantes, hasta medidas que limitan de forma expresa la cooperación con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la aplicación de la ley migratoria (Mexican Immigrants, 2019). No obstante, gran parte de los migrantes irregulares de México, no son elegibles para aplicar a la ciudadanía en comparación con los inmigrantes de otros países (Passel, D´Vera & Gonzalez-Barrera, 2012). En términos nominales las mujeres inmigrantes de origen mexicano son 204,815 y representan 53.5% de la población de este sector (Eusebio, 2020).

Como se indicó, diversos factores de interseccionalidad afectan de manera más enfática a las mujeres migrantes irregulares, pero, además, éstas deben enfrentan ciertas circunstancias adversas, tales como: a) tener pocas o nulas pertenencias; b) no saber inglés o no tener conocimientos básicos sobre ese lenguaje, c) carecen de habilidades laborales que sean comercializables en los Estados Unidos; d) no conocen sus derechos y carecen de conocimientos sobre los sistemas legales, monetarios, sociales y de transporte; e) carecen de familia o redes de ayuda o amistad; f) son responsables económicamente de sus hijos o padres; g) algunas enfrentan un choque cultural debido a la falta de servicios de aculturación y f) compiten laboralmente en un mercado primordialmente androcéntrico.

Las mujeres migrantes se enfrentan a múltiples problemas que requieren intervención legal, entre ellos: víctimas de violencia doméstica, trabajadoras agrícolas, sobrevivientes de trata de personas, que no tienen un estatus migratorio legal, con antecedentes penales, con discapacidades físicas/mentales, menores, lesbianas, bisexuales y transgénero que han sufrido violencia y sobrevivientes de tortura (Immigration Center, 2022).

Ante la percepción de la dicotomía entre los extremos ciudadano/ no ciudadano y correlativamente acceso al bienestar/pobreza, propios de la economía y lógicas capitalistas sobre las cuales tienden a estructurarse los discursos institucionales, políticos y sociales contemporáneos, se fragmentan los derechos, haciéndolos accesibles para unos individuos y no para otros. El propio Secretario de Estado Blinken reconoce que ningún país o comunidad puede resolver solo un desafío tan complicado como la migración irregular y que se debe trabajar juntos para apoyar a las comunidades de primera línea que acogen a migrantes y refugiados con mayores recursos para la salud, la seguridad pública, servicios sociales más sólidos, infraestructura más resistente, oportunidades para todos, tanto para los migrantes como para las comunidades de acogida (El Secretario, 2022).

Sin embargo, resulta contradictorio que, por una parte, en la próxima reunión de la Cumbre de las Américas, en junio de 2022, en los Ángeles, California, el Secretario Blinken sostenga que es la oportunidad de abordar los problemas profundos que impulsan la migración irregular y adoptar a propuesta del Presidente Biden, la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, que establecerá una respuesta colaborativa y coordinada a la migración y el desplazamiento forzado, para promover una migración segura, ordenada y humana en las Américas (El Secretario, 2022). Mientras que, por otra parte, el 02 de diciembre de 2017, Donald Trump decidió retirar a los Estados Unidos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM), expresando que era “incompatible” con su política migratoria (EE.UU. se retira, 2017). Este instrumento internacional no vinculante, constituye el primer acuerdo mundial sobre un enfoque compartido de la migración internacional en todas sus dimensiones. Tiene 23 objetivos y establece un marco de cooperación para mejorar la gestión de la migración a nivel local, nacional, regional y global. Recopila principios, derechos y obligaciones de los instrumentos de derecho internacional existentes con respecto a la migración e identifica las mejores prácticas en la materia (Pacto Mundial, 2018).

Mientras se materializan estas prácticas confusas, el estado de excepción en Estados Unidos se ha normalizado. Existe un estado de bienestar abandonado desde hace mucho tiempo y vaciado para servir los intereses de los mercados globales; el sentido colectivo de compromiso ético y responsabilidad social hacia aquellos que son vulnerables está desapareciendo; ello es visto como un flagelo o una patología (Giroux, 2014b).

Giroux (2014a) cuestiona lo que está sucediendo en Estados Unidos, el silencio social sobre la amenaza de disparar a niños inmigrantes como si fueran una plaga, y pregunta ¿qué bloquea la indignación moral, la disidencia y la movilización de masas? ¿Cuáles son las pautas morales a las que ha renunciado una sociedad cuando no hay indignación por estos hechos en los Estados Unidos? Añade el autor que en este país hay traficantes de muerte, producen un nuevo modelo de ciudadano obsesionado con el consumo tecnológico: un ser casi analfabeto, privatizado, excesivamente especializado y asocial, tan despolitizado que le resulta difícil sostener cualquier conversación o relaciones corpóreas, reales, pensantes con otros. Es también un modelo de sociedad que no tiene memoria, no tiene ética, ni sentido de justicia o de futuro (Giroux, 2014a).

Pese a la protección que se le otorga a los migrantes en San Diego, ésta no ha sido suficiente para detener las múltiples violencias y necropolíticas que se ejercen sobre las mujeres de ese sector. De esta forma, los patrones de exclusión persisten y las interacciones entre comunidad y el cuarto mundo se dificultan, como a continuación se examina.

III.- Necropolítica y necrogestión: el cuarto mundo en San Diego

En la ciudad de San Diego se puede observar un proceso donde se expulsa del estado de bienestar a muchas mujeres migrantes provocando aún más su invisibilidad (Sassen, 2014) y se les confina a vivir en zonas de cuarto mundo. De esta forma, no sólo se regula el flujo de migrantes mediante las técnicas más sofisticadas y procesos de securitización de la fronteriza México-Estados Unidos, sino que se aplican determinadas necropolíticas para gestionar su vida en espacios en los cuales el derecho no se aplica, catalogados como zonas de excepción. Con ello, se administran los excedentes corpóreos que no necesita el sistema económico capitalista en la urbe. Lifton (1987) acertadamente argumenta que nos encontramos en "era saturada de muerte", en la que los asuntos de violencia, supervivencia y trauma ahora impregnan la vida cotidiana.

Las mujeres en el necrocapitalismo del cuarto mundo en San Diego son expuestas a violencia, desposesión y muerte. El necrocapitalismo opera en la economía política actual, donde el negocio de la muerte tiene lugar a través de estados de excepción” (Banerjee, 2008). La violencia contra aquellos cuerpos desechables se produce mediante leyes, procedimientos administrativos, políticas, discursos de odio, etc. Biehl (2005) argumenta que cuando la descartabilidad se vuelve nítidamente visible, las esferas públicas se organizan como escenarios fantasmagóricos, que se nutren de las “energías de los muertos”, que permanecen desaparecidas en números y leyes. En migrantes, sin derechos humanos y sin nadie responsable de su condición.

De esta forma, por ejemplo, la máxima violencia que se puede ejercer sobre una mujer, el feminicidio, no se encuentra tipificado en San Diego, dado que el Código Penal California no lo establece, es omiso; únicamente y de manera general reconoce el homicidio. El artículo 187 indica: (a) Murder is the unlawful killing of a human being, or a fetus, with malice aforethought. Sin embargo, cabe mencionar que el artículo 189 señala que:

Todo asesinato perpetrado mediante un dispositivo destructivo o explosivo, un arma de destrucción masiva, uso consciente de municiones diseñadas principalmente para penetrar metal o armaduras, veneno, acecho, tortura o cualquier otro tipo de deliberación deliberada, y homicidio premeditado, o que se cometa en la perpetración, o intento de perpetrar, incendio premeditado, violación, robo de auto, robo, robo, mutilación, demolición de trenes o cualquier acto punible bajo la Sección 206, 286, 288, 288a, o 289, o cualquier asesinato que se perpetre mediante la descarga de un arma de fuego desde un vehículo de motor, intencionalmente a otra persona fuera del vehículo con la intención de infligir la muerte, es asesinato de primer grado.

En el caso de que el delito sea calificado como de primer grado, el artículo 190.03 señala: (a) Una persona que comete un asesinato en primer grado que es un crimen de odio será castigado con la prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional.

Como se puede observar, el homicidio de mujeres que se homologa al feminicidio, solo en los casos citados, tiene como característica que es un crimen de odio, un delito doloso. Pero no menciona nada en relación a crimen de odio por xenofobia, discriminación racial o étnica que son las formas de odio contra las mujeres migrantes.

Desde el ámbito del derecho civil, es decir, en materia de compensación pecuniaria, la Ley de Derechos Civiles de Ralph (Ralph Civil Rights Act), derivada de las Secciones 51.7 y 52 del Código Civil, vigente en San Diego, prohíbe los actos de violencia o las amenazas por motivos relacionados, entre otros, por motivos como la raza, el color, la ascendencia, el país de origen, la ciudadanía, el idioma nativo, el estado de inmigración, la afiliación política o la posición en un conflicto laboral. Entre sus sanciones se encuentran a) Daños reales; b) Orden de restricción; c) Una cantidad por daños ejemplares; d) Una sanción civil de $25,000; e) Los honorarios del abogado según lo determine el tribunal. Sin embargo, todas sus circunstancias entre ellas la pobreza, calidad migratoria, acceso a un abogado, falta de traductor, etc., intimidan y obstaculizan llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza.

Los criterios de localización de la pobreza y de los espacios marginales que ocupan los migrantes, han sido ocupados históricamente para identificar espacios geográficos donde se pueden implementar determinados programas sociales (Godínez, 1995), pero también han sido usados de manera adversa hacia los mirantes irregulares, para hacer redadas y deportarlos. Un ejemplo de ello sucedió en 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) implementaron redadas antinmigrantes en lugares públicos, ello pese a que San Diego es una ciudad santuario y que varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas La Red de Respuesta Rápida se organizaron para brindar apoyo inmediato, vigilando las oficinas regionales de ICE para buscar signos de una operación inminente y advertir a los inmigrantes no autorizados del riesgo que corrían (Winkley, 2019).

Es importante indicar que en San Diego la población que carece de casa denominada los “sin techo”; están expuestos a la delincuencia o bandas por lo que son sujetos a robo, violaciones, lesiones, homicidio, etc. (Ximénez De Sandoval, 2017). Según estas cifras, en Estados Unidos hay 553.000 personas sin hogar según el último censo del Departamento de Vivienda, publicado a principios de diciembre (2017). Es el 0,17% de la población, un porcentaje superior a México (0,04%) (Ximénez De Sandoval, 2017).

Un estudio realizado por la organización Center on Policy Initiatives (CPI), revela que las personas que habitan en la zona del Condado Sur de San Diego, son de las peores retribuidas entre las grandes industrias, dentro de todo el Condado. Además, dicho informe muestra que esta zona del sur “vivió por debajo del nivel de pobreza federal en 2015”, con una tasa de pobreza de 15%.

Ahora bien, a pesar de que las mujeres migrantes pueden ser conscientes de algunos de sus derechos, se sienten indignas de reclamarlos. No acuden a denunciar a sus agresores dado que su calidad migratoria las limita; entonces, sus verdugos actúan impunemente. Éstos pueden ser sus compañeros sentimentales, agentes de la patrulla fronteriza, bandas criminales y hasta sus abogados (Migrantes estafadas, 2022). En ese sentido, la Asociación Internacional de Jefes de Estados Unidos señala que el 67 por ciento de los jefes de policía y fiscales de distrito en las 50 ciudades más grandes de ese país han indicado que los inmigrantes reportan crímenes con menor frecuencia que otras víctimas lo que conlleva a sostener que existen factores que limitan, discriminan y promueven la impunidad (Police Executive, 2008).

Según un estudio sobre el asesinato de mujeres y niñas por motivos de género, los asesinatos violentos extremos de mujeres tienen lugar en el contexto de fenómenos como la migración (Estudio Global, 2019). Por su parte, la violencia de la pareja íntima contra las mujeres es demasiado común y adopta muchas formas (Catalano, et al., 2018), el más grave es el homicidio por una pareja íntima. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de delitos violentos cometidos por parejas íntimas que los hombres, especialmente cuando existe un arma. Además, las mujeres son mucho más propensas a ser victimizadas en casa que en cualquier otro lugar (When Men Murder, 2020). Los resultados de un análisis de California muestran que “comprar un arma de fuego no brinda protección contra el homicidio entre las mujeres y se asocia con un aumento en su riesgo de homicidio por parte de su pareja íntima” (Wintemute, et al., 2003: 282). Un estudio federal sobre homicidio entre parejas íntimas encontró que las parejas íntimas femeninas son más propensas a ser asesinadas con un arma de fuego que todos los demás medios combinados, concluyendo que “las cifras demuestran la importancia de reducir acceso a armas de fuego en los hogares afectados por violencia de pareja” (Paulozzi et al. 2001: 15). En 2018 el número de mujeres asesinadas por varones en California fue de 192 (When Men Murder, 2020). Hay que hacer hincapié que los resultados no se encuentran desagregados y existe una cifra negra debido a que las migrantes irregulares son invisibilizadas; no obstante, los datos proporcionan una idea de la situación de violencia que existe en la ciudad.

La violencia estatal también es latente. Por ejemplo, con base en la política del Estatuto de Salud Pública de 1944, Sección 265 del Título 42 del Código de los Estados Unidos, en San Diego se han deportado continuamente, de manera ilegal, a madres migrantes con sus hijos recién nacidos en suelo estadounidense; esta situación se ha dado desde el inicio de la pandemia y ha continuado ahora bajo la Administración de Joe Biden (Denuncian Deportación, 2021).

Además, la exclusión refuerza su sentimiento de culpa, las deshumaniza y desfigura. Aquellas que se arman de valor para exigir sus derechos, día a día luchan por la supervivencia y se preguntan si tiene algún sentido realizar medidas que producirán resultados a largo plazo cuando sus necesidades son inmediatas. En cierto sentido, esta dinámica basada en este tipo de relación tiene ventajas para ciertos grupos; permite a algunos miembros de la comunidad receptora controlar a los otros que se consideran peligrosos o asociales y ello les proporciona seguridad y protección (De Kherchove, 1983).

El lenguaje de odio reproduce modos de dominación existentes y la concentración de relaciones de poder. Esta diatriba se traduce en violencia patrocinada por el Estado contra inmigrantes. El discurso de animadversión aumentó en el periodo que gobernó Donald Trump. En este sentido, Giroux esgrime:

El reino dantesco de miseria, violencia y desechabilidad de Trump hará más evidente el dominio de una cultura indiferente y sus principales mainstream, que continuarán operando, una extensa maquinaria que produce estupidez manufacturada, lacra consumista, cultura fatua por celebridades, violencia como espectáculo e ignorancia fabricada (2016: 6).

Desde la perspectiva de la sociedad receptora, el migrante ha representado un sustrato ideológico construido por el racismo, el miedo, la infodemia y el discurso de odio que sirven como ejes articuladores para restringir el goce de sus derechos humanos reconocidos en el marco jurídico estatal y en el internacional.

Entonces se advierte que no sólo la política de fronteras promueve la exclusión legal, en el cuarto mundo, la exclusión legal incluye la denegación del debido proceso, la detención ilimitada, la falta del acceso a tribunales, al asesoramiento jurídico y a los derechos sustantivos, en condiciones de cuasi aislamiento, combinadas con políticas de devolución y entrega legalmente impugnables. Estas violaciones de los derechos humanos y las libertades civiles son cometidas en San Diego dentro de una democracia liberal que opera bajo el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo, se restringen o incluso se suspenden los derechos fundamentales para una categoría específica de personas en lugares específicos (Basaran, 2010).

Pero, las oprimidas no pueden levantarse contra sus opresores; su calidad migratoria, los factores y situaciones descritas anteriormente, permiten que no haya resistencias articuladas. Su oposición a las necropolíticas vía el aparato de justicia parece imposible; solo intentan sobrevivir en estos espacios distópicos. Pese a ello, existen intentos por mejorar la situación de las migrantes. Actualmente, por ejemplo, se encuentra en curso el Programa de Migración y el Desarrollo (MiDE) que se desarrolla en coordinación con la Comisión Interamericana de Mujeres, cuyo objetivo es desarrollar un modelo de atención a mujeres migrantes víctimas de violencia en la zona fronteriza de México y Estados Unidos, con base en las mejores prácticas y cuya primera etapa se enfoca en identificar los modelos y programas de los tres niveles de gobierno y de las ONG’s para la atención de mujeres migrantes víctimas de violencia en la zona Tijuana/San Diego (Atención a mujeres, 2022). De igual manera, License to Freedom, una organización sin fines de lucro con sede en El Cajón, San Diego, ayuda a refugiados e inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica. Fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres del Condado de San Diego en el 2017 (Wilkens, 2020).

Conclusiones

A través del examen de necrocapitalismo y la necrogestión migratoria en el cuarto mundo se pudo obtener una visión integral, no fragmentada, que permite explicar y comprender el fenómeno desde la cotidianidad de las migrantes y tangencialmente desde la perspectiva de la población receptora. Una cuestión importante de visibilizar en los procesos necropolíticos que se desarrollan en esta urbe de primer mundo erigida como ciudad santuario para las migrantes, consiste en tener un parámetro comparativo con otras ciudades que pueden resultar más hostiles de manera abierta con este grupo minoritario.

En San Diego, una ciudad con altos grados de desarrollo económico, que forma parte de un país democrático donde se pregona que existe el binomio Estado de Derecho y libertad, las mujeres, conforme al derecho nacional e internacional, deberían tener garantizados sus derechos humanos. Sin embargo, existen lugares de exclusión, miseria, precariedad y desechabilidad invisibles para el derecho. Las estrategias reveladas demuestran que en el cuarto mundo localizado en San Diego hay un poder necropolítico y con su anuencia, las mujeres migrantes se exponen a la violencia sistemática, dejando suspendido el proyecto de modernidad garantista.

El cuarto mundo provee el escenario ideal para implementar formas específicas y situadas de dominación, sumisión y muerte de las mujeres migrantes. Estas zonas deliberadamente abandonadas, constituyen lugares de excepción donde las autoridades omisas dejan a merced, principalmente de actores de naturaleza privada, a dichas féminas. Así, estos lugares representan un régimen de sufrimiento e impunidad a favor de prácticas rentables para la dinámica capitalista como el status económico, el poder y el control androcéntrico.

Pese a todas las circunstancias adversas, las mujeres migrantes del cuarto mundo son capaces de liberarse a sí mismas y emprender una nueva forma de vida, asumiendo la lucha por sus derechos. Ello ha sido demostrado, principalmente a través de la organización que realiza la sociedad civil la cual ante la vulnerabilidad de este grupo articula estas resistencias. No obstante, se necesita la ayuda de la sociedad de acogida para restaurar los derechos humanos de las migrantes irregulares del cuarto mundo.