Movilidad humana en tránsito. Algunas lógicas en los movimientos y en los espacios de tránsito en América Latina (2015-2021) Human mobility in transit. Some logics in movements and transit spaces in Latin America (2015-2021)
El artículo tiene como objetivo abordar algunas lógicas en los movimientos y espacios de tránsito en América Latina entre 2015 y 2021. Este período se ha caracterizado no solo por el aumento acelerado de la movilidad humana en la región, sino también por la adopción y la diversificación de los enfoques de securitización − externalización de políticas y desterritorialización de fronteras − que surgen como respuesta a sus desplazamientos. A partir de una revisión documental y el análisis de la movilidad humana en países del Triángulo Norte, Venezuela y Haití, se determina que esta situación restrictiva ha generado, en el caso de la migración sur-norte, el fortalecimiento de las «fronteras verticales» y, en el caso de la migración intrarregional, la diversificación de formas de movilidad y el fortalecimiento de los espacios de tránsito; pero también el posterior desmantelamiento de estos últimos por cuenta del impacto de las restricciones para contener la expansión del Covid 19 en los ingresos y oportunidades de subsistencia de los migrantes.
L’article vise à aborder certaines logiques dans les mouvements et les espaces de transit en Amérique latine entre 2015 et 2021. Cette période a été caractérisée non seulement par l’augmentation accélérée de la mobilité humaine dans la région, mais aussi par l’adoption et la diversification des approches de sécurisation – externalisation des politiques et déterritorialisation des frontières – qui surviennent en réponse à leurs déplacements. Sur la base d’une revue documentaire et d’une analyse de la mobilité humaine dans les pays du Triangle du Nord, du Venezuela et d’Haïti, il est déterminé que cette situation restrictive a généré, dans le cas de la migration sud-nord, le renforcement des « frontières verticales » et, dans le cas de la migration intrarégionale, la diversification des formes de mobilité et le renforcement des espaces de transit; mais aussi le démantèlement ultérieur de ce dernier en raison de l’impact des restrictions visant à contenir la propagation du Covid 19 sur les revenus et les moyens de subsistance des migrants.
O artigo tem como objetivo abordar algumas lógicas em movimentos e espaços de trânsito na América Latina entre 2015 e 2021. Esse período tem sido caracterizado não apenas pelo aumento acelerado da mobilidade humana na região, mas também pela adoção e diversificação de abordagens de securitização — terceirização de políticas e desurritorialização de fronteiras — que surgem em resposta aos seus deslocamentos. A partir de uma revisão documental e análise da mobilidade humana em países do Triângulo Norte, Venezuela e Haiti, determina-se que essa situação restritiva tem gerado, no caso da migração sul-norte, o fortalecimento das "fronteiras verticais" e, no caso da migração intra-regional, a diversificação das formas de mobilidade e o fortalecimento dos espaços de trânsito; mas também o subsequente desmantelamento deste último por conta do impacto das restrições para conter a disseminação de Covid 19 sobre as oportunidades de renda e subsistência dos migrantes.
The article aims to address some logics in movements and transit spaces in Latin America between 2015 and 2021. This period has been characterized not only by the accelerated increase in human mobility in the region, but also by the adoption and diversification of securitization approaches—policy outsourcing and border deterritorialization—that arise in response to their displacements. Based on a documentary review and analysis of human mobility in countries of the Northern Triangle, Venezuela and Haiti, it is determined that this restrictive situation has generated, in the case of south-north migration, the strengthening of "vertical borders" and, in the case of intraregional migration, the diversification of forms of mobility and the strengthening of transit spaces; but also the subsequent dismantling of the latter on account of the impact of restrictions to contain the spread of Covid 19 on the income and livelihood opportunities of migrants.
Introducción
Desde el despliegue de la globalización neoliberal, las migraciones en América Latina han demostrado ser sumamente variables, tanto por los cambios en sus patrones ─volumen y alcance─ como por sus causas (Castillo, 2000; Domenech, 2013; Marroni, 2016). Lo que en un principio obedecía a movimientos poblacionales por contraste en las condiciones de vida y las oportunidades laborales entre el campo y la ciudad, dieron lugar a desplazamientos intrarregionales y, finalmente, transnacionales como consecuencia de las variantes detrás de los procesos de acumulación capitalista y otro sinnúmero de factores sobre los que primaría la violencia, las deficiencias estructurales y la agudización de la desigualdad social (Castillo, 2000; Milanovic, 2016). Paralelamente, la aparición de mecanismos de control, sanción y persecución sobre las fronteras con el afán de contener los ingentes flujos poblacionales, hicieron de la migración en tránsito, una tendencia para definir, en gran medida, el fenómeno contemporáneo de la migración y, en especial, el latinoamericano (Villafuerte, 2020).
Esta situación ha sido determinante para el escalonamiento de todo tipo de controles fronterizos para contener la movilidad y las expresiones de acción colectiva de los migrantes; de allí que la migración en tránsito se haya convertido en una expresión política de las políticas migratorias xenófobas en el continente, influenciadas por los discursos de contención del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su propuesta de «levantar un muro» en la frontera con México. Lo anterior impulsó una tendencia en la cual, los derechos humanos de hombres, mujeres y niños en situación de movilidad se desdibujaban ante la presencia de limbos territoriales, jurídicos y políticos en los que el derecho a migrar de manera digna constituía una utopía inalcanzable para los migrantes expulsados de Estados-nacionales fracturados por injerencias imperialistas (Centroamérica) o demolidos por la pobreza, la corrupción y el autoritarismo (Haití y Venezuela); si bien esto definió dos grandes bloques de políticas migratorias en el continente, una sostenida en el discurso de los derechos humanos y otra basada en las ideas de seguridad y control de las fronteras, este último fue marcando agendas de toda índole sobre asuntos migratorios construidas a partir de discursos en los cuales los migrantes son vistos como delincuentes, a la par que imágenes y narrativas, cada vez más naturalizadas, justificaban la existencia de pequeños campos de concentración, incluso para los niños y niñas en Texas (Lissardy, 2019).
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En el caso de América Latina, el aumento sin precedentes de la migración en tránsito en los últimos años ha develado patrones críticos que se intensificaron en varios países de la región en consonancia con el efecto «Trump». Para la muestra, lo sucedido en Argentina y Chile en los últimos 4 años. En el primer país, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una serie de barreras para el ingreso y permanencia de migrantes que consistió en un recorte significativo a sus derechos. En el segundo, Sebastián Piñera aprobó una ley migratoria que antes que atender los flujos migratorios, terminaba por desplazarlos hacia terceros países.
Es así como los movimientos poblacionales latinoamericanos, con énfasis en los últimos seis años, «tienen lugar en un contexto en el cual apenas se cuestiona el creciente control de la movilidad humana y la fortificación de las fronteras estatales» (Velasco, 2020, p.166). De cara a esto, la migración en tránsito es un tema emergente y no precisamente porque se trate de un fenómeno reciente. En realidad, se considera un efecto político agravado por la promesas de campaña de Donald Trump de reformar la política migratoria norteamericana y que terminaron por impulsar las respuestas a la migración por parte de los gobiernos en América Latina.1 De esta manera, se cristalizaron políticas migratorias con diseño burocrático-institucional, cuyo propósito era restringir, contener, desalentar y hasta criminalizar la movilidad humana; una interpretación enmarcada en una dialéctica dicotómica y reducida ─entre Estados emisores y receptores─ donde imperan y operan los dispositivos de control en las fronteras territoriales y legales de los Estados y, en los cuales los migrantes son absorbidos por «trampas burocráticas» y etiquetados eufemísticamente como «migración en tránsito».
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«El confinamiento de los migrantes en los espacios de frontera […] incrementa el costo humano, económico y social, que se expresa en el sufrimiento de los migrantes ante la mirada expectante de los gobiernos de origen, tránsito y destino, que no alcanzan a dar respuesta coherente con las condiciones de la región y las necesidades de la población» (Villafuerte, 2020: 11).
Para Düvell (2010), la expresión «migración en tránsito» casi se ha convertido en un grito de guerra de unos Estados que esperan de otros que mantengan la migración no deseada fuera de su territorio; un asunto que parte de interpretaciones difusas y estrechas en las que a menudo este tipo de migración se asocia con la migración irregular o ilegal. En este sentido, la migración en tránsito representa condiciones inciertas, precarias e inseguras para los migrantes a quienes suelen asignárseles y retirárseles diversas categorías jurídicas mientras se hallan en esa condición, al tiempo que los Estados pueden dudar de las obligaciones que tienen con estos, aún más cuando no tengan intención de quedarse en su territorio (ACNUDH, 2016). Este tema reviste particular trascendencia ya que las políticas migratorias ─ sean de admisión, de control y regulación de flujos; de integración, de retorno o reinserción─ han contribuido, significativamente, a la acumulación de personas en las fronteras pues, restringidas en su condición de regularidad o nacionalidad, se ven expuestas a diversos grados de coacción por parte de diferentes actores legales o ilegales que les implican múltiples riesgos para llevar a cabo sus recorridos, ya de por sí a través de rutas intermitentes, peligrosas y alternativas (Mármora, 2010).2
De este modo, a la intensificación de configuraciones institucionales securitarias y a la presencia más recurrente de cuerpos políticos debilitados e instituciones disfuncionales ante los derechos humanos ─como factores endémicos de la contemporaneidad─ se le suma la agudización de crisis políticas, sociales y económicas y hasta ambientales que inciden en los cambios del comportamiento migratorio; cambios que, por lo demás, hace más visible lo masivo de la migración en tránsito. Lo anterior no implica, necesariamente, que sea un hecho que se refleje en las políticas migratorias; pues, como señala Martínez,
la migración en tránsito se visibilizó y cobró relevancia a partir de diversas causas, entre ellas, el esfuerzo de muchos grupos de la sociedad civil, en particular albergues de migrantes y organizaciones no gubernamentales comprometidas (2017: 44).
De esta manera, y a pesar de que en la región Latinoamérica existen sectores críticos a las políticas migratorias restrictivas y a sus consecuencias sobre los migrantes en tránsito, el escenario no es otro que aquel en el que conviven iniciativas reformistas y normas que criminalizan los tipos de movilidad (Ceriani, 2011; Villafuerte, 2020).
En el artículo se sostiene que la implementación de mayores controles en las fronteras de los Estados para disuadir e impedir el paso de personas migrantes a países del norte, han facilitado tanto la aparición de nuevas manifestaciones de control fronterizo, como el surgimiento de diversas lógicas de movilidad para los migrantes que transitan por Latinoamérica. Para desarrollar este argumento, el texto se divide en tres secciones, además de la introducción, la primera se centra en comprender las categorías de externalización de políticas migratorias y de desterritorialización de fronteras como tendencia latinoamericana para el tratamiento y producción de migración en tránsito en dirección sur-norte. En la segunda parte, se explicará la transición de las denominadas “fronteras verticales” a una compleja red de desplazamientos, en los cuales coexisten todas las formas de movilidad humana; esto como característica de la migración intrarregional y del fortalecimiento de los espacios de tránsito para los migrantes. En la tercera, se hará referencia al desmantelamiento de los espacios de tránsito regionales por cuenta de las restricciones para contener la expansión del Covid 19. Finalmente, se señala que este artículo es producto de un análisis documental, que se acompaña de una revisión de bibliografía sobre las categorías analíticas seleccionadas y de fuentes periodísticas.
Externalización de políticas y desterritorialización de fronteras
La externalización de políticas migratorias y la desterritorialización de fronteras se presentan como mecanismos de control, cooperación, seguridad y disciplinamiento, elaborados para desplazar la gestión de políticas y de fronteras hacia terceros países, con el propósito de crear ya sea áreas de contención previa de migrantes o implementar estrategias de cooperación al desarrollo que eviten los costos de una posible presión migratoria en los países de destino (Podkul & Kysel, 2015). En el caso de la desterritorialización, las fronteras trascienden los límites geográfico-administrativos para hacerse presentes allí donde se ejercen controles selectivos entre migrantes que pueden llevarse a cabo dentro o fuera de estas. Por su parte, la externalización de políticas implica la participación o cooperación directa o indirecta de los Estados emisores o de tránsito en la gestión de las políticas de los países de mayor recepción (Naranjo, 2014). En esta última, es recurrente que se condicione la ayuda al desarrollo para los países epicentro de los desplazamientos para que luchen contra la inmigración irregular o que se les transfiera esa responsabilidad para que gestionen las migraciones como condición determinante para adoptar acuerdos económicos (Naranjo, 2014).
Si bien la mayor parte de la literatura sobre los procesos de cierre y securitización de las fronteras se centran en Europa y América del Norte, han aparecido algunos estudios dedicados a las fronteras de América Latina, en los cuales se advierte la concepción de las fronteras como barreras de seguridad (Medina, 2020; Vega, 2022). La preocupación generalizada por gestionar las migraciones desde los países de origen y tránsito de migrantes, se ha transformado, paulatinamente, en un régimen que trasciende las funciones de control y seguridad de la acción nacional a la transnacional; esto bajo el amparado de la figura del migrante como el ancla de políticas securitarias y debates públicos que lo responsabiliza de ser el catalizador de la mayor parte de los problemas sociales de las sociedades occidentales (Ceyhan & Tsoukala, 2002).
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Ambos conceptos, externalización de políticas y desterritorialización de fronteras, parten de «la ꞌóptica securitariaꞌ que se inserta como paradigma en la gubernamentalidad de diferentes fenómenos sociales contemporáneos; entre estos, la migración de personas» (Varela, 2015:7).
Es así como la externalización de políticas y la desterritorialización de fronteras se instauran como procesos emergentes a partir de discursos que vinculan la migración irregular y en tránsito con una amplia gama de fenómenos entre delictivos−narcotráfico, terrorismo− e higienistas –riesgo biológico−, que terminan por respaldar las nuevas funcionalidades de las fronteras en virtud de la necesidad expresa de los Estados de controlar y vigilar a las personas que ingresan y viven dentro del territorio o en zonas fronterizas (Domenech, 2013; Düvell, 2008; Mena & Cruz, 2001).3 Desde esta perspectiva, los migrantes revisten potenciales riesgos para la seguridad, el orden público y la cohesión social de las naciones, lo que implica, en aras de la defensa de la soberanía, la inmediata contestación de los gobiernos a través de estrategias legales, administrativas, policiales y militares, incluso transnacionales frente a las posibles amenazas que encarnan los migrantes para sus comunidades políticas.
Según Ceyhan y Tsoukala (2002) esta «demonización del migrante» puede entenderse como la acumulación de una serie de cambios que han reformulado el orden doméstico y desafiado las estructuras tradicionales de integración y fragmentación, así como las de inclusión y exclusión; un asunto que, consecuentemente, será determinante para la adopción del discurso securitario y las transformaciones experimentadas por la legislación migratoria tanto de países europeos como americanos. Para Varela (2015), por su parte, se trata de la conformación o establecimiento de una tecnocracia especializada en el diseño de políticas para la gestión migratoria que solo puede sustentarse con estrategias policiales y militares coordinadas transnacionalmente para las cuales es necesario fijar un enemigo; esto consiguientemente difumina el concepto mismo de frontera, como límite territorial, para darle nuevas funciones y significados que permitan gestionar «más» y «mejor» las migraciones, en la medida en que muros y vallas dejan de ser efectivas frente a quienes huyen de la miseria y la violencia (Velasco, 2020).
1. Lógica sur-norte: externalización de políticas y desterritorialización fronteriza
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Para Castillo (2000), las diferentes crisis entre económicas, políticas y sociales, aunado a situaciones de conflicto o amenaza externa, han desencadenado cambios radicales en el comportamiento migratorio latinoamericano. Esto, como señala, ha dado origen a zonas de constante expulsión de personas que constituyen zonas francas de origen migrante.
Los vertiginosos cambios en las fronteras de los Estados nacionales asociados a la globalización han devenido en disposiciones de diversa índole encaminadas a contener y, de plano, desincentivar los movimientos masivos de población migrante (Sassen, 2003; Held & Mcgrew, 2002; Benhabib, 2005). Algunas de estas prácticas que se han instaurado en el centro de las políticas migratorias de la Unión Europea, no han pasado desapercibidas para el continente americano. En particular, por la creciente securitización de las políticas migratorias y el control fronterizo a los que ha ido transitando la región desde el 2015 a causa de la aparición de «zonas francas de origen migrante».4
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Estados Unidos es uno de los países que mayormente ha desplegado su arsenal diplomático en la región. Por ejemplo, en la actual administración de Biden- Harris ha establecido agendas para concertar acuerdos con los gobiernos de México y Guatemala con el fin de controlar la migración desde Centroamérica, los cuales incluyen inversiones para promover oportunidades en esos países.
En este sentido, los flujos de población migrante con dirección sur-norte ha acaparado, además de atención mediática, el interés de los gobiernos de la región. Varios instrumentos bilaterales y multilaterales operan transfiriendo responsabilidades a terceros Estados con el incentivo de posibles intervenciones en los países de origen y tránsito.5 En ocasiones, con su puesta en marcha, pueden verse reducidos los flujos, redireccionados a otros destinos, o incrementando los retornos voluntarios y forzados, lo que no se traduce, consecuentemente en retornos seguros para los migrantes (Herrera & Sørensen, 2017). Al contrario, continúan sujetos a condiciones precarias en los países por los que transitan para llegar a su destino.
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Según la Secretaría de Gobierno de México (SEGOB), tan solo en el 2019, se registraron 175.000 ingresos y en el 2020, un año marcado por el cierre de fronteras y las restricciones de movimiento debido a la pandemia de Covid 19, se registraron casi 87.000, de las cuales el 90% provenían del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador (Pasquali, 2021).
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«A organismos nacionales e internacionales de gestión de la migración, a redes de trata y tráfico y a las redes de hospitalidad, radical y no tan radical, desplegadas por las rutas migratorias mexicanas» (Varela, 2019:.52).
Para ilustrar lo anterior, basta revisar la experiencia de los países que integran el denominado «Triángulo Norte» (El Salvador, Guatemala y Honduras), los cuales han protagonizado el mayor éxodo en masa sur-norte de la última década.6 Las imágenes y las proporciones de estos flujos llaman la atención de todos los actores de la llamada «industria de la migración»7, atónitos ante la imposibilidad de atender a toda esa población y, al mismo tiempo, brindar explicaciones certeras acerca de sus desplazamientos. Las mediáticas «caravanas migrantes» acaparan titulares mientras, atravesando el puente fronterizo entre Guatemala y México, se deja ver, antes que el desafío colectivo de miles de personas sobre una de las fronteras más violentas del mundo con ninguna otra arma que su cuerpo y el de sus hijos, el abierto desafío a la política migratoria y de regulación de fronteras estadounidense, pero también mexicana (Varela, 2018).
Varela (2019) sostiene que el caminar de estas personas, especialmente familias, por las fronteras ha desacomodado los tres grandes relatos con los que se abordan los desplazamientos desde Centroamérica hacia Estados Unidos por México; estos son:
[…]Los relatos en clave de los migrantes como víctimas (de la pobreza o la violencia), los migrantes como criminales que desobedecen las leyes para traspasar fronteras o, finalmente, los migrantes como sujetos vulnerables que requieren del apoyo humanitario de un amplísimo crisol de organismos públicos y no gubernamentales, domésticos e internacionales (Varela, 2019: 51).
Contrario a estas visiones, los desplazamientos surgieron como una estrategia con la que los migrantes buscaban «salir de las sombras», como víctimas de la subcontratación de las políticas migratorias y el aumento del carácter represivo en las fronteras de los países que sirven de ruta hacia los países de destino. En este punto, «la movilidad se convierte en un elemento afirmativo y reivindicativo que busca dignificar las condiciones de vida de los migrantes» (Carballo, Echart & Villareal, 2019, p. 95); pero también se despliega para denunciar las consecuencias de la implementación de iniciativas como, por ejemplo, el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte – APTN, oficialmente nominado Programa Frontera Sur o Plan Sur.
El Plan Sur surge tanto por la presión de Estados Unidos como por la iniciativa de los países que conforman el denominado Triángulo Norte Centroamericano en 2014, para dar respuesta a la migración de niños, niñas y adolescentes que transitaban de manera irregular y sin acompañamiento provenientes de estos países. El Plan contó con la asesoría del gobierno de Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (Villafuerte, 2018). Sin embargo, más que a la reducción de la violencia o al tratamiento de las causales de expulsión de personas en sus países de origen, derivó en acciones de contención -detención en la frontera sur de México y en una virtual imposibilidad de permitir ingresos legales y documentados a lo largo de las rutas migratorias del país (Villafuerte, 2018).
Así pues, con los años, el Plan significó, además de un panorama similar de violencia al que experimentan los migrantes en sus territorios de procedencia, el efecto más marcado de la ofensiva de México contra la migración como frontera preliminar para contener su tránsito hacia Estados Unidos. En este punto, «la política migratoria del Estado mexicano continuó orientándose por la contención del ingreso y el tránsito irregular a través de acciones de detección, detención y deportación —denominadas “aseguramiento, alojamiento y repatriación”» (Anguiano & Lucero, 2020: 137). Lo anterior, como consecuencia del carácter securitario de la iniciativa y en su énfasis en la seguridad nacional y la militarización de las fronteras que adquiere y recae no solo en los gobiernos de los países expulsores, sino también sobre los de tránsito y frontera (Varela, 2019; Villafuerte, 2018).
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«Las personas detenidas casi nunca se les brinda información sobre el procedimiento migratorio ni sobre su derecho de solicitar refugio o de regularizar su situación migratoria; tampoco se les informa sobre sus derechos, ni verbalmente ni por escrito, ni se les menciona el derecho de recibir asesoría legal o, en su caso, el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones» (Anguiano & Lucero, 2020: 145).
De manera que el fuerte de estas dinámicas fronterizas hace hincapié en los dispositivos de control fronterizo territorial y legal− cercas de alambres de púa, vigilancia aérea, patrullas fronterizas, retenciones, cierres de fronteras, procesos simplificados o abreviados para acelerar las expulsiones y en el confinamiento en centros de detención, entre otros− en los cuales no existen garantías procesales para los migrantes (Basok, 2020)8. Esta situación, lejos de desincentivar los desplazamientos, lleva a los migrantes a transitar por rutas ocultas plagadas de desafíos para su seguridad e integridad que los inserta en dinámicas, marcadas por sus condiciones generales de tránsito, que pueden devenir en la diversificación de sus formas de movilidad y en nuevas formas de habitar los espacios en tránsito antes de continuar o no con su destino.
2. Lógica intrarregional: de «fronteras verticales» a todas las formas de movilidad humana
El endurecimiento de los controles migratorios por parte de los Estados ha revestido, consecuentemente, de importancia los espacios de tránsito, como territorios que se han ido modificando y adecuando ante el propio vaivén del fenómeno migratorio (Nájera, 2016). De igual modo, la experiencia de «tránsito» se configura como un escenario caracterizado por trayectorias migratorias entre países en el cual los migrantes, sin los documentos requeridos, son catalogados a priori con permanentes intenciones de paso, lo que los deja expuestos a diversas situaciones que evidencian su situación de progresiva desprotección (Silva, 2015). Esto se hace evidente en la medida en que la conjunción de migración y seguridad es cada vez más estrecha y los migrantes se ven obligados a reconfigurar constantemente su ejercicio de tránsito de cara a un entorno de políticas que se encuentran en su contra y a la mutabilidad misma que caracteriza esa gestión sobre las fronteras (Yee & Torre, 2016).
Como se ha señalado, tanto la externalización de las políticas migratorios como la desterritorialización de los controles fronterizos recaen sobre los Estados de tránsito que funcionan como barreras preliminares y de contención ante la movilidad humana; lo que conlleva, a menudo, al establecimiento de «fronteras verticales». Estas se conciben como «aparatos de control migratorio que los Estados desarrollan a lo largo de su territorio a través de operativos, retenes y detenciones» (Soriano-Miras, 2017: 54) y funcionan oficial y extraoficialmente, obstaculizando el paso de los migrantes a sus lugares de destino ya sea través de un complejo aparataje de control migratorio ─operativos, retenes y detenciones─ o por medio de grupos delictivos que se sustentan en la explotación de los migrantes, no solo en términos económicos y laborales, sino corporales (Soriano-Miras, 2017; Yee & Torre, 2016). Si bien son de distintas naturalezas, ambos controles «se articulan y se potencian como factores de riesgo, originando que los migrantes desarrollen estrategias de tránsito que apuntan a evadir y/o afrontar los obstáculos de estas fronteras de manera simultánea e indistinta» (Silva, 2015:100).
Paralelamente, las «fronteras verticales» también adquieran otras funcionalidades a la luz de «nuevos espacios globalizados donde habitan y transitan los sujetos que quedan atrapados a lo largo de un vasto territorio que puede atravesar más de un país» (Soriano-Miras, 2017: 55). Dentro de esta lógica, el espacio fronterizo se despliega en una multiplicidad de figuras en función de los riesgos asignados a los migrantes, lo que puede configurar situaciones tan variadas como la admisión, el asilo, la espera, la denegación de visado, la deportación, la detención, la expulsión o el hostigamiento (Brandariz & Mendiola, 2019).
Como consecuencia, los proyectos migratorios iniciados en origen por los migrantes se quedan en muchas ocasiones a medio camino; atrapados en nichos laborales precarios y en espacios en los que construyen realidades socioeconómicas y hábitos en el plano simbólico-cultural (Soriano-Miras, 2017). Para Marroni (2016), el hecho de que la migración en tránsito pueda convertirse en una modalidad permanente, demuestra la indefinición de los límites entre migraciones fronterizas, de tránsito y permanente, lo que constituye uno de los rasgos que configuran los procesos de movilidad humana en la globalización.
Si bien puede identificarse un importante flujo de migración hacia los países del norte especialmente de países como El salvador, Guatemala y Honduras, también existe una tendencia a que, aquellos Estados que solían ser de tránsito o paso, terminen consolidándose como de residencia temporal o permanente para los migrantes. En lo concerniente a los movimientos poblacionales desde Venezuela, Nicaragua y Haití, sus patrones han sido determinantes para comprender de qué manera la migración intrarregional se ha visto fortalecida, en parte, por las dificultades que representa la migración sur-norte apegada a la agenda de securitización impuesta por Estados Unidos y por las alternativas, entre legales e ilegales, que brindan los países de tránsito para la radicación de los migrantes.
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Según cifras de ACNUR (2021), son más de cinco millones (5,9) de venezolanos y venezolanas que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América Latina y el Caribe.
Por ejemplo, con la migración venezolana, la mayor movilización humana de la historia reciente de la región9, los principales desplazamientos tuvieron como destino países de América Latina, convirtiendo a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana, México y Costa Rica, en las opciones migratorias más cercanas y accesibles para los migrantes. Esto se debió, en principio, a la apertura que tuvo la región pero después, con la necesidad de aliviar la presión que representaba la llegada masiva de estas personas a sus territorios, se trasformó en una serie de obstáculos y restricciones a la movilidad.
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En 2018, se conformó el denominado «Proceso de Quito». Un espacio técnico regional integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay creado para brindar una respuesta coordinada a la crisis de refugiados y migrantes de Venezuela.
Esto, consecuentemente, determinó toda una agenda impulsada por los gobiernos de la región para poner en orden la entrada de venezolanos a través de la imposición de una serie de requisitos que, buscando réditos políticos, respondieran a los incidentes y presiones de la opinión pública con el endurecimiento de la política migratoria (Feline & Castillo, 2020).10 En la práctica, más que seguir la agenda coordinadamente, algunos Estados han actuado unilateralmente, haciendo extensiva su propia normatividad o creado y acogiendo otras para incluir o excluir a los migrantes provenientes de Venezuela. Osorio y Phélan (2020) destacan la expedición de visas y permisos espaciales en países como Ecuador (Visa Temporal por Razones Humanitarias- VERHU), Perú (Permiso de Estancia Temporal PTP) y Chile (Visa democrática) como medidas para permitir la circulación de migrantes venezolanos. Sin embargo, los requisitos para su obtención dependían de documentos oficiales –pasaporte y antecedentes judiciales apostillados− con los que muchos de estos no contaban o eran difíciles de obtener.
Por otro lado, la actuación de los Estados en la región ha sido, igualmente, determinante para la diversificación de la movilidad de los venezolanos. Esta situación es atravesada por factores como las condiciones de vida que les ofrecen a los migrantes, sus perfiles y las intenciones de movilidad que estos tienen (tránsito, destino o retorno al lugar de origen). Con base en estas consideraciones, Chávez y Echeverry (2020) identifican tres grupos de países que evidencian experiencias migratorias distintas.
En un primer grupo incluye a los vecinos inmediatos de Venezuela (Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago), caracterizados por una dinámica histórica de recepción de migrantes de bajos ingresos con intención de retornar eventualmente a su país de origen, lo que puede sugerir un patrón de migración pendular, o con el interés de trasladarse a otro destino (migración en tránsito). El segundo grupo de países receptores (Ecuador y Perú) están cerca, pero no comparten una frontera inmediata con Venezuela, ofrecen mejores condiciones que las que tenían en sus países de origen, siendo atractivas para jóvenes con formación técnica o superior que contemplan la residencia temporal. Finalmente, el último grupo que está más alejados de Venezuela, en el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) y Costa Rica, se presentaron patrones de voluntad de quedarse en el largo plazo, así como mayores niveles de formación académica.
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Cabe resaltar que la coexistencia de este tipo de fronteras no aleja a los migrantes de los peligros que deben afrontar en sus recorridos o en sus estancias temporales. A veces, se topan con la imposibilidad de encajar en alguna categoría consecuente con las causales de sus desplazamientos: refugio y asilo, desplazamiento forzado, trata de personas, entre otras. Para Ramos (2020), a esto se le suma que en «estos tiempos convulsos, las personas ya no migran por razones relacionadas con pobreza, la falta de empleo o por motivos económicos, cada vez persisten las razones de tipo políticas o social» (p.5.).
Igualmente, las dificultades que viven los migrantes en el camino también repercuten como factores que posibilitan o afectan a su movilidad. En ocasiones, las restricciones que imponen algunos Estados pueden derivar en experiencias migratorias continuas y cíclicas a través de cruces formales y otros tantos informales, que expresan tanto las debilidades como las fortalezas que están ligadas a las dinámicas fronterizas que se han establecido en estos territorios. Para Ramos (2020), esta situación plantea escenarios emergentes, donde las fronteras de seguridad ─que operan bajo lógicas de militarización, securitización y control administrativo─ coexisten con otras fronteras que propician movilidades humanas desde una perspectiva alterna de integración laboral, económica, social y cultural, inclusive, aun cuando ya no existe movilidad alguna o los migrantes se desconecten de un espacio social transnacional definido.11
Dinámicas como estas no pasan desapercibidas al analizar los desplazamientos de los migrantes provenientes de Nicaragua o Haití, que si bien no eran tan numerosas como los de sus vecinos hacia países del norte –por lo menos no hasta finales del 2020 y principios del 2021−, son cada vez más los migrantes que terminan instaurándose en México o Brasil de forma temporal o permanente.
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El Estatuto fue un mecanismo con el que el gobierno de Estados Unidos brindó protección especial a los migrantes haitianos después del terremoto que sacudió el país en 2010.
En el primer caso, México se erige como un país de tránsito de migrantes, con una de las políticas migratorias más restrictivas a nivel internacional y, a su vez, receptor de un número significativo de migrantes; en la práctica esto opera, por un lado como «frontera vertical» reforzando la postura anti-migratoria de Estados Unidos y, por el otro, en el marco de una política pro-migratoria, como posibilitador de libre tránsito y de trámites de refugio (Ramos, 2020). Esta situación ha supuesto una alternativa para los migrantes nicaragüenses que han solicitado, de manera legal, refugio, oportunidades educativas y residencia en México, en contraste con Costa Rica, un receptor histórico de esta población. Asimismo, los migrantes procedentes de Haití, luego del giro dado por la administración de Donald Trump de no continuar con el Estatuto de protección Temporal para los haitianos (TPS por sus siglas en inglés) que emitió el gobierno estadounidense en febrero de 201012, eligieron a México como una alternativa para radicarse temporalmente, insertándose en sectores informales y otros regularizando su situación en el país (Moreno, 2019).
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En Brasil, la tarjeta de trabajo y seguridad social (CTPS) es el documento oficial y obligatorio para ejercer cualquier tipo de empleo de manera legal (Pasquali, 2017).
En el mismo sentido, Brasil representó, hasta antes de las restricciones de la pandemia, un «parteaguas» de la migración masiva en la región, especialmente para migrantes haitianos (Coello & Valdez, 2019). Aunque este país no se caracteriza por encarar una política anti migratoria, sí es considerado una ruta importante para los migrantes en su camino hacia el norte. Las facilidades que este gigante suramericano empezó a brindar a estos ciudadanos, luego de una serie de reformas entre 2011 y 2013, lo hicieron atractivo para quedarse de forma temporal. Entre estas, la concesión de visas humanitarias y una legislación humanitaria y proteccionista que le dieron a los migrantes condiciones más humanas y dignas para sus vidas y sus familias, garantizando los mismos derechos que a los nacionales: salud, educación, trabajo y visas que podían extender a conyugues y familiares (Pasquali, 2017). De esta manera, a los migrantes no solo se les garantizaba la reunificación familiar, sino también el acceso a fuentes de trabajo, en caso de residir de forma permanente o para obtener los recursos y así retomar la intención de continuar con su travesía hacia Estados Unidos (Coello & Valdez, 2019).13
Para Nájera (2016) las posibilidades que ofrecen estos espacios de tránsito desprenden experiencias migratorias en las que los migrantes transitan de la categoría de migrantes en tránsito a inmigrantes temporales; lo que ha dado lugar a la resignificación de los espacios de tránsito y, posteriormente, a su apropiación a través de la inserción laboral, donde “el asentamiento y la posibilidad de permanencia indefinida pueden promover el postergamiento o el abandono del plan migratorio en el largo plazo” (p.262). En otras palabras:
[…]las personas en situación de movilidad llegan, pasan, se acercan y, en consecuencia, se asientan temporal o de manera permanente en lugares específicos, como pueden ser los albergues, las casas de migrantes, zonas residenciales en las que acceden a vivienda, o los lugares de trabajo que en ocasiones también sirven de espacio residencial. Así, el asentamiento de diversas poblaciones en lugares específicos permite formar comunidades específicas, como pueden ser las comunidades de migrantes según país de origen, dedicados a una misma actividad económica-laboral, compartir la condición de refugiado, por afinidad étnica o preferencia sexo-genérica, por mencionar algunos ejemplos (Nájera, 2020:.42).
3. Lógica en la pandemia: el desmantelamiento de los espacios de tránsito
Si algo trajo la grave crisis sanitaria derivada del Covid 19 fueron cambios en las lógicas de los movimientos poblacionales. Las restricciones para contener el virus adoptadas por los Estados representaron una limitación de la movilidad internacional, lo que supuso la suspensión del derecho a la libre circulación de millones de personas para contener el potencial riesgo sanitario. Las personas en contexto de movilidad – entre nacionales y extranjeros −debieron seguir rigurosos confinamientos que tuvieron como efecto inmediato la interrupción de sus proyectos personales y familiares, pero, también, cambios en el control fronterizo caracterizados por contextos de excepcionalidad constitucional en la mayoría de los Estados (Mayorga, 2021).
Esta situación condujo a la aparición dinámicas de contención y securitización apoyadas sobre discursos higienistas que recalcaban el potencial peligro de la movilidad humana en la propagación del virus del Covid 19; lo que terminó afectando a poblaciones necesitadas de protección internacional (Mena & Cruz, 2021; León & Contreras, 2020).Así, cientos de miles de migrantes que procuraban rehacer sus vidas en diferentes países de acogida y que habían logrado establecerse temporalmente en los espacios de tránsito, se encontraron de pronto a la deriva, confinados, sin empleo, sin casa y sin protección social (Osorio & Phélan, 2020).
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Un corredor migratorio que se ha caracterizado tanto por el peligro que representa para los migrantes en su búsqueda de rutas intermitentes y alternativas sur-norte rumbo a Estados Unidos o Canadá, como por la proliferación de subregistros y su invisibilidad internacional (León & Antolínez, 2021).
En el caso de países como Chile y Brasil, que sirvieron de espacio de tránsito para migrantes de origen haitiano, especialmente luego del terremoto que sacudió al país en el 2010 y hasta 2020, se tornaron como territorios hostiles para estos durante la pandemia; inclusive, Chile desde mucho antes y hasta después de la flexibilización de las medidas de contención del virus. Las dificultades que encontraron los migrantes haitianos para regularizar su situación migratoria en el país austral, tras la promulgación en 2018, por parte del presidente Sebastián Piñera, de una nueva ley de migraciones para «ordenar la casa» y, posteriormente, la propagación de la pandemia –tanto en Chile como en Brasil− con sus restricciones, dejaron a los migrantes sin opciones económicas, acceso a servicios sociales, empleo y hogar (Paúl, 2021). Esto, consecuentemente, derivó en que estos migrantes retomaran su intención de llegar a países del norte del continente; incluso cruzando el temido Tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia (Pardo, 2021).14
Desde principios de 2021, la expectativa generada por la llegada de la administración Biden-Harris, aunada a las necesidades vividas por los migrantes en los espacios de tránsito, ha desencadenado una crisis migratoria en la frontera con México. Esta vez, los flujos de población no solo provienen de países del triángulo Norte, sino, también Haití. Esta situación evidencia que no hay oportunidades para los migrantes haitianos en toda la región, que los ha ido expulsando poco a poco de los espacios de tránsito en los que habían intentado establecerse (Pardo, 2021).
Por su parte, los migrantes venezolanos también presentaron nuevas dinámicas. Al igual que los haitianos, empezaron a abandonar los espacios de tránsito, pero, en lugar de orientarse hacia el norte, decidieron retornar a Venezuela; aunque no exclusivamente. Osorio y Phélan (2020) señalan que estos desplazamientos iniciaron en marzo de 2020 ante la pérdida de fuentes de ingreso, la incertidumbre y la dificultad para regularizar su situación legal. En países como Colombia, uno de los mayores receptores de migrantes venezolanos, el 2020 cerró con una disminución de 2,3 por ciento de ciudadanos del país vecino; especialmente, por el impacto de las medidas restrictivas que afectaron los ingresos que obtenían a través de la economía informal (El Tiempo, 2021); una situación que se repitió en Chile. Ecuador y Perú, donde los migrantes venezolanos se encontraba, igualmente insertos en trabajos informales y/o precarios (Osorio y Phélan, 2020).
Conclusiones
La migración en tránsito reproduce diversas lógicas de movilidad humana y, al mismo tiempo, es objeto de fuertes restricciones para su contención; en especial, aquellas derivadas de la tendencia securitaria que se traslada de países de Europa y América del Norte a países de Latinoamérica. La diversificación de las causas de los desplazamientos, aunado a la aparición de diversas zonas francas de origen migrante en la región − Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Haití, entre otros−han desencadenado una serie de respuestas que respaldan nuevas funcionalidades de las fronteras en virtud de controlar el ingreso y la permanencia de quienes deciden cruzarlas.
En la Lógica sur-norte se refleja la influencia de la gestión securitaria sobre las fronteras y las políticas migratorias pero, sobre todo, el impacto en los derechos humanos y el bienestar de los migrantes en tránsito, al hacer extensivo los mecanismos de control, sanción y persecución para evitar que arriben a los Estados de mayor recepción; una tarea que no encaran solos, pues por medio de dinámicas de cooperación u opresión, la comparten y hasta desplazan a otros países para no tener que lidiar con la presión sobre sus fronteras.
En la lógica intrarregional, dadas las dificultades que representa la migración sur-norte, la migración en tránsito responde a criterios de diversificación de las formas de movilidad y al fortalecimiento de los espacios de tránsito; como posibles espacios de permanencia temporal o permanente. Las dificultades que implican los desplazamientos al norte obligan, muchas veces, a los migrantes a reconfigurar su ejercicio de tránsito, sorteando las vicisitudes del camino y los distintos actores que operan en los territorios. En este punto, de las «fronteras verticales» emergen nuevos horizontes que expresan las debilidades y fortalezas de la gestión fronteriza, al posibilitar la coexistencia de dinámicas que, si bien criminalizan a los migrantes, al mismo tiempo, los insertan social, económica y políticamente en otros espacios/destinos que pueden afectar su decisión de continuar o no con sus desplazamientos.
Finalmente, en la lógica de la pandemia, los espacios de tránsito que se habían convertido en lugares de acogida y potencialmente de asentamiento y permanencia, se vieron afectados por las restricciones que la mayoría de países debieron acoger para evitar la propagación del Covid 19. Estas develaron que si bien los migrantes intentaban insertarse en nuevos contextos, no contaban con las condiciones para hacerlo; lo que los obligó en unos casos a retornar a sus países de origen y, en otros, a retomar su intención de dirigirse hacia el norte.