Migrantes de larga estancia en Guadalajara. Desafíos democráticos e inclusión Long-stay migrants in Guadalajara. Democratic challenges and inclusion

Introducción

Existe una marcada contradicción en lo que se plasma en la ley y su aplicación en la realidad, esto bajo el arco ideológico de tutelar los Derechos Humanos para los migrantes en México. Partiendo del supuesto que hay homogeneidad y una supina estigmatización de colectivos en tránsito que, en ocasiones (por ignorancia), se exacerba el desprecio a aquellos que buscan un mejor lugar donde vivir, o que huyen para proteger su vida por la imposición de regímenes totalitarios en su país de origen. Siguiendo la reflexión de Mario López Espinosa (2002):

El fenómeno de la migración hacia el exterior se inició en México con un alcance masivo desde hace más de un siglo y cada vez incide más en la realidad económica, social, cultural y política de los diversos estados, municipios, ciudades y comunidades del país (2002: 2).

Se debe reconocer, de entrada, que observar el fenómeno de la migración tiene distintos enfoques como seguridad ontológica, salud integral, trabajo temporal focalizado y educación para una cultura de paz. Se desea una solución, pero hay muy poca voluntad y capacidad de decisión para dar más oportunidades a la gente en tránsito e influir, observar y exigir las responsabilidades que cada autoridad de gobierno en sus ámbitos de gestión deben dar respuesta y hacerlas ley bajo un enfoque de los Derechos Humanos (DD.HH.).

“No debe perderse de vista que México es el único país en desarrollo que tiene una frontera común con la mayor potencia mundial receptora de migrantes, nación que por cierto ha sustentado precisamente en la migración su crecimiento poblacional” (López, 2002: 2). En cualquier caso, las colindancias territoriales con EE.UU., producen de forma natural que México sea el sendero obligado para llegar al American Dream y, en consecuencia, convertirse en caldo de cultivo para todas las descomposiciones sociales incluidas en el crimen organizado, en sus distintas presentaciones.

La tensión que se produce debilita la democracia, en consecuencia, no tiene mucho sentido hablar de supuestos de equidad en instituciones que no garantizan solución a los problemas, que deben hacerse cargo en la complejidad de los asuntos del sistema político y, por tanto, la tendencia para hacer frente con políticas públicas de corto aliento ante las complejidades predatorias que con frecuencia caen aquellos que deciden y tienen un papel fundamental para la resolución de problemas.

Dos cosas resultan evidentes: en primer lugar, el migrante tiene una certeza que es jugarse la vida en aras de gestionar nuevas realidades para vivir mejor, y en segundo lugar el gobernante contribuye con una visión sesgada desde la comodidad de su oficina, lejano de entender la complejidad que compone la realidad social en temas migratorios.

Según López (2002), la decisión de migrar hacia otros países, en particular hacia los EE.UU., no responde tan sólo a una reflexión y sobre todo a una decisión de carácter individual. Se trata de una estrategia de índole familiar y de interés comunitario, para abrir posibilidades y oportunidades de aspirar a un nivel de desarrollo económico y social que difícilmente puede encontrarse dentro del ámbito de las propias comunidades. Lo que Edward Taylor denomina “el contrato implícito” (Taylor, 1999, en: López, 2002: 3) y lo que el investigador zacatecano Miguel Moctezuma describe como la “empresa familiar” (Moctezuma, 2001, en: López, 2002: 3).

Quizá este escenario exija vasos comunicantes para producir ajustes o re-equilibrios dentro del sistema político para generar transformaciones profundas. La mentalidad de una política igualitaria para los migrantes en México, es un espectáculo bochornoso que desvanece la filosofía de un estado de derecho y la posibilidad de articular políticas públicas tendientes a generar condiciones de justicia en un campo político que se encuentra fragmentado y propician ingobernabilidad, volviendo al migrante un enemigo que reaparece bajo la sospecha de acaparar los espacios laborales de una comunidad que se mueve en violencia estructural y pobreza.

Esto nos permite cuestionar los indicadores de desarrollo humano de un país en donde se pondera con tasas marginales el bienestar de la población y no su potencial para elevar la economía bajo situaciones de creciente profesionalización de fuente de trabajo, autonomía del comportamiento salarial y el no abaratamiento de la mano de obra, solo así la polarización social de la población arrojaría desplazamientos humanos que rondan los una cifra de 71 millones de personas bajo estas condiciones en 2018, según datos de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Habitat (2021).

La presente investigación científica pretende identificar los elementos que componen los flujos migratorios en ciudades no fronterizas y que afectan al espacio público, al gobierno y sus instituciones; que adoptan lo impredecible del factor humano cuando se depreda al otro en una lógica de mercado, donde cada migrante pone precio a su cabeza, además de sortear grandes dificultades para procesar un desafío en un ecosistema político sin ley.

Para que lo anterior se dé, es fundamental señalar que, en el primer apartado, se produzca una taxonomía de términos propios para vincular los compromisos ideológicos de la democracia y los incumplimientos de los gobiernos, al tratar de abordar el fenómeno migratorio; en un segundo punto de reflexión, se evidencian tablas y gráficos de Guadalajara en relación con el fenómeno migratorio, señalando la volatilidad gubernamental en programas de inclusión que sean relevantes, bajo un esquema de racionalidad estratégica, y que den estabilidad a las realidades sociales y su vinculación con el estado para concluir, con el tercer elemento, que es el de una vocación por acatar un decálogo de sugerencias que propicien corresponsabilidad institucional, con las demandas sociales de este grupo vulnerable.

El reto entonces es organizar las variables que produzcan subjetividad estéril y laxitud en la norma, se debe apostar por sistemas abiertos que estimulen el diálogo entre los “protegidos de una política migratoria” y aquellos individuos que están en tránsito en un territorio desconocido.

I. Migración y gobernabilidad

La democracia está muy comprometida, así como su supervivencia lo que implica que de no atender los movimientos migratorios fronterizos estimula las voces de alarma que significa estados de ingobernabilidad y amenaza a la seguridad de una nación. Ahora bien, el descontento se manifiesta a través de acciones subversivas que cuestionan la efectividad de un sistema y el funcionamiento de las instituciones ante situaciones de crisis. Todo apunta que la expulsión de políticas asistenciales de las agendas públicas metaboliza las dificultades y la radicalización de las demandas de los grupos vulnerables contribuyendo a una crisis profunda en la representatividad y en los sectores de la población donde es más acentuado el fenómeno migratorio (para el caso de México en las dos fronteras norte y sur de Durango y Chiapas).

Teniendo en cuenta la realidad migratoria, el conflicto social y la gobernabilidad serán dos variables que condicionan el estado de derecho, por la peculiaridad de dinámicas no incluyentes para la construcción de una agenda de desarrollo de política social; la asistencia de cientos de migrantes que reclaman justicia y ser escuchados, constituyen un potencial conflictivo que merma políticas de inclusión futura en los que se asumen costos sociales y políticos bajo el fracaso de un pacto sin consenso acompañado de hipótesis fallida y de invisibilización del espectro de movilidades humanas.

Aunque existen notables diferencias entre las políticas aplicadas para contener el Estado del bienestar, cabe establecer algunos comunes denominadores de lo que podría denominarse ideología neoliberal sobre este modelo de Estado:

1. En primer lugar, el predominio de políticas económicas predominio de políticas económicas monetaristas centradas en la lucha contra la inflación y el déficit público en detrimento de la lucha contra el paro y la exclusión, o al menos, subordinadas a aquéllas. Es decir, un predominio de la «disciplina del mercado» frente a las demandas sociales de bienestar.

2. En segundo lugar, políticas redistributivas favorecedoras de la distribución funcional de la renta favorables a las rentas del capital y de los beneficios, a costa de las rentas salariales (la denominada «culpabilización» de los salarios en las dificultades para remontar la crisis), mientras que las prestaciones sociales han sido financiadas fundamentalmente a costa de las rentas salariales. Ello se ha traducido en distribuciones de la renta más negativas, aunque en algunos países (tal es el caso de España), ello ha sido compatible con una universalización de las prestaciones de la Seguridad Social con capacidad para reducir la pobreza más severa y contener la pobreza relativa.

3. En tercer lugar, políticas laborales favorecedoras de la desregulación y la flexibilidad en el empleo que aumentan la inseguridad y, en ocasiones, empeoran las condiciones de trabajo, además de dificultar o debilitar la seguridad de los asalariados. Es la política de flexibilidad adaptativa a la internacionalización económica.

4. Finalmente, políticas sociales, adaptadas a las anteriores, y que suponen la reducción de la intensidad protectora, una mayor diferenciación y jerarquización en el Estado del bienestar, reflejo de la fragmentación en el mercado de trabajo, y un mayor control (desconfianza) de la población precaria o excluida, que se beneficia de prestaciones sociales. (Giner y Sarasa, 1997: 117).

Figura 1. Elementos de la composición asistencial migrante

Fuente: elaboración propia

Se debe apostar por generar conciencia solidaria para que el apoyo al migrante no sea episódico, disperso e inhumano, sino que clarifique opciones para seleccionar, gestionar y vincular las promesas de un estado de derecho, donde la confianza se sostenga en la cantidad y calidad de migrantes acompañados a su punto destino y, en consecuencia, entender que la argumentación política requiere decisiones ciudadanas con cauces de participación que cumplan satisfactoriamente las expectativas ante la crisis y encrucijadas de los territorios salvajes en los que el migrante arriesga la vida.

Figura 2. Tensión y conflicto migratorio

Fuente: elaboración propia

Por lo anterior, un Estado democrático de bienestar, que se enfoque en políticas migratorias, debe hacer esfuerzos re-distributivos, expansivos de prestaciones y con universalización de servicios educativos, sanitarios y de empleo para garantizar la protección de los problemas crónicos que padecen aquellos individuos que están en tránsito por el país.

El nuevo campo de batalla se da en las vías del ferrocarril (la bestia), en las pernoctas bajo condiciones insalubres y luchas con tribus urbanas dedicadas a delinquir y, por tanto, propiciar brutalidades sistémicas que se alejan mucho de la condición natural de un derecho humano.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “México suele ser caracterizado como un país de origen, de tránsito, de destino y, cada vez más, de retorno de la migración internacional” (OIM, 2016: 1), condición que lleva a las administraciones públicas a co-crear manuales de operación tuteladas por ley, pero con flujogramas que le permitan al migrante estabilidad y geolocalización con algún familiar cercano y/o las autoridades vinculadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Un eslabón no considerado en el ecosistema migratorio es la participación de la Sociedad Civil Organizada y los colectivos urbanos que provocan estigmatización, transformando en amenaza al “otro” porque representa una amenaza permanente y, en consecuencia, rechazo al momento de solidarizarse con la causa.

Según Riaño (2022), un caso emblemático del problema migratorio es el que se gesta en Tapachula, donde señala que: “las calles de Tapachula son epicentro de las protestas de los migrantes que, cansados de esperar un permiso de tránsito, se enfrentan a las redadas de las autoridades que los llevan a centros de detención temporal” (Riaño, 2022).

Ante la cerrada visión de gobernantes que se dedican a desmantelar lo público, adoptan criterios muy lejanos a la responsabilidad política de consagrar la vida de los migrantes en tránsito, sumado a una actitud indiferente hacia mejorar los caminos de tránsito y los espinosos obstáculos para producir ecosistemas seguros de aquellos que buscan asegurar su vida y la de sus familias.

El hambre y la desesperación producen comportamientos que desafían a la autoridad y ante una frustrada relación con sus países de origen la crisis de los migrantes discurre con una velocidad y una magnitud que resulta imposible dimensionarla en su justa medida. Tal vez por ello, en el territorio mexicano, Tapachula y Tamaulipas son las entidades federativas que producen ecosistemas de miseria, indignación, violencia, prostitución, donde los migrantes se quedan varados y de ahí, la afirmación de que hay un nuevo concepto en este estudio llamado migración prolongada en tránsito.

Lo que se puede criticar desde la óptica del ciudadano es que, el fenómeno de la migración poco interesa a los gobernantes en turno y se hace visible la insensibilidad hacia los retos que representa superar esta crisis humanitaria, así como los rituales que opacan el funcionamiento de las instituciones creadas para favorecer una política global y un círculo virtuoso lejano a la estigmatización del migrante y su búsqueda del bien común.

El Estado debe garantizar las prestaciones mínimas y no solo suponer una cultura de la inclusión, por lo que se vuelve indispensable el consenso y el pacto de políticas basadas en exigencias de la sociedad migrante y los estadios de largo aliento, así como prospectar un escenario posible de quedarse en México, asumiendo las dificultades económicas y un futuro mediano para paliar el potencial riesgo de seguir transitando entre marginación, exclusión social y violencia extrema. Es por ello que el escenario de migrante de largo aliento posee hipótesis pesimistas en el campo de la acción pública y de la posibilidad real de acercarse fallidamente a un sueño de un mejor mañana que nunca llegará.

II. Diseño metodológico

Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo. Éste utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar, por un lado, preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y, por el otro, explorar y/o describir algún fenómeno. Confía en la medición numérica, el conteo y, frecuentemente, en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández Sampieri, 2001)

En lo que respecta a la técnica de investigación utilizada fue por medio de encuestas con un cuestionario estructurado. Un cuestionario se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Las preguntas centrales del instrumento fueron:

• ¿Cuál es la cantidad de días en promedio que lleva en la ciudad?

• ¿Cuánto tiempo más planea quedarse en la ciudad?

• ¿A dónde se dirigirán después de aquí?

• ¿Con cuántos familiares directos viaja?

• ¿Cuál es su país de origen?

• ¿Cuál es su destino final?

Los respondientes fueron migrantes seleccionados al azar que estaban en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), principalmente en la zona de las vías, lugar en el que se suben a “La Bestia” (tren que va desde Guadalajara a la frontera con Estados Unidos por la parte de Mexicali y Tijuana. Guadalajara es tradicionalmente una ciudad de paso de migrantes; no es una ciudad destino y no es una ciudad fronteriza. La distancia que hay desde la frontera de Guatemala hasta Tijuana son 3,600 km. Guadalajara está a 1,600 km de la frontera de Guatemala, es decir 42% del trayecto que deben recorrer los migrantes, hasta cruzar la frontera.

La selección de los encuestados fue aleatoria simple, estratificada por género. Se levantó una muestra de 270 migrantes, lo cual arroja un 95% de confianza y un error de estimación de +/-6%. La distribución por género fue de 150 hombres y 120 mujeres. Con esta distribución muestral y con el tamaño de la muestra se pueden hacer inferencias confiables al universo debido al tipo de representatividad que se tiene.

El instrumento de recolección de datos estuvo conformado por preguntas cerradas, escalares y abiertas pre-codificadas. Se dividió en tres grandes secciones:

1. Datos de clasificación demográfica.

2. Tiempo de trayecto.

3. Razones por las que tardan ese tiempo.

III. Resultados

El movimiento de personas migrantes hoy es mucho más complejo que el anterior y esto está provocando un cambio en el sistema migratorio del país. Nos encontramos ante un cambio de paradigma del sistema migratorio. México es también un país de destino y de destino temporal.

La investigación es muy consistente con los datos nacionales de migración (INEGI 2021), INEGI.ORG.MX. Sin embargo, se encontró un segmento de migrantes nuevo, que se denominó en este documento “migrantes de larga estancia”.

Los resultados de la investigación visibilizan a este segmento de migrantes de larga estancia. En primer lugar, la gráfica 1 señala que el tiempo transcurrido en México, desde que cruzaron la frontera y llegaron a Guadalajara, es de 22.6 días en promedio.

Gráfico 1. Cantidad de Días promedio que han pasado en México

Fuente: Elaboración propia

Dentro del análisis estadístico realizado a la investigación se hizo un corte hacia el 6% de los migrantes que señalaron tener más de 28 días en México.

El gráfico 2 señala que el 55% (del 6%) ha permanecido en Guadalajara entre un mes y doce meses. Mientras que el 45% (del 6%) tiene establecido en Guadalajara entre un año y más de 4 años.

Gráfico 2. Distribución porcentual de días de estancia en Guadalajara del segmento que permanece más de 28 días

Fuente: Elaboración propia

Los datos anteriores al realizar la inferencia estadística a la población podemos señalar que el peso de los migrantes de larga estancia en Guadalajara es del 2.7% (los que han permanecido en Guadalajara más de un año). Lo anterior expuesto se ve claramente en la tabla 1.

Tabla 1. Inferencia hacia la población de migrantes

Fuente: Elaboración propia

La composición del 2.7% de los migrantes (de larga estancia) está conformado por un 51.6% de hombres solos, un 23.1% de mujeres solas y un 25.3% de familias de tres integrantes por lo menos.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

El fenómeno de los migrantes de larga estancia se circunscribe en el apartado de un grupo social que se caracteriza por redistribuir los tiempos de movilidad para adaptarse en territorios que, en vez de ser puente por tránsito, se erigen como estereotipos de patria adoptiva por conveniencia y colonización en complejos societales en escalas de inclusión e incorporación del otro (nacional autóctono) y el migrante como vecino (alóctono circunstancial) en territorios comunes.

Un elemento a resaltar es que, las ciudades no fronterizas sufren una metamorfosis de ser considerado un lugar de paso a un lugar de larga estancia, que produce mayor número de asimetrías, porque gesta dos variables a continuación señaladas:

1. Migrante de larga estancia: aquel migrante que modifica su proyecto migratorio para residir por un largo periodo (de 12 hasta 48 meses) en el país, además, su característica es ser itinerantes en las distintas entidades federativas que configuran el territorio nacional:

   1. De larga estancia itinerante: nomadismo urbano no legalizado ni legitimado, que

   2. De larga estancia semi-fija: forja cohabitaciones alóctonas en territorios irregulares que autogobierna y administra suburbios clandestinos con demandas y servicios específicos que, en ocasiones, son garitas y puntos de asistencia para aquellos que van en tránsito por el país.

2. Residente nacional: aquel migrante que decide por convicción el nacionalizarse y formar parte de la estructura sociopolítica del país.

Los migrantes de larga estancia en ciudades no fronterizas guardan una constante expansionista que obliga a replantear al menos tres variables que deben debatirse al interior de los gobiernos locales y, en consecuencia, elaborar políticas públicas para flujos de personas migrantes distinguiendo:

1. Migración de retorno demandante de servicios públicos;

2. Vulnerabilidad en escenarios laborales (desempleo);

3. Composición de una nueva clase social aculturizada por adopción en los ecosistemas sociopolíticos.

Por lo anterior, los nuevos sistemas sociales emanados de una migración de larga estancia en ciudades no fronterizas, tendrá como consecuencia re-impulsar modelos de participación ciudadana que permitan entender el ciclo de políticas públicas y la posición migratoria en defensa de los derechos fundamentales como premisa máxima de un nuevo estado sin fronteras ni identidad coterranea. Corresponde distinguir que, en la medida que se garanticen oportunidades para estas nuevas ciudadanías de larga estancia, se minimizaría la posibilidad de escenarios de ingobernabilidad e indignación en los campos políticos.

Se puede sostener jurídicamente que la obligación positiva en relación con los derechos migratorios, debe equipararse con las normas internacionales, constitucionales y axiológicas para producir lineamientos con los que se sistematicen apartados en los que el acceso a las oportunidades gubernamentales se regularice, como variable para tener empleo estable, educación de calidad, salud digna y seguridad ontológica en relación con la máxima premisa de igualdad de trato e inclusión. La existencia de gobiernos comprometidos con el migrante de larga estancia determinará al menos cinco variables que, por cuestiones de derechos humanos, deben ser la bandera para todos aquellos que deciden salir de su país de origen para tener nuevas oportunidades de desarrollo:

1. Garantizar la no explotación;

2. Estabilidad laboral en igualdad de condiciones;

3. Acceso a los servicios públicos sin discriminación;

4. Derecho a participar políticamente en los destinos de la nación que adopten como nueva patria

5. Por último, los derechos de las personas migrantes no se negocian, y como corolario los principios de aplicación de la norma deben tener el principio de igualdad de trato y, con ello, la disponibilidad de un contrato social que lleve libertad ante las condiciones que los obligó a ser expulsados del territorio de origen.

No se debe empoderar el discurso bajo falacias o demagogias que desprecien o rechacen aquel que no tuvo la fortuna de garantizar techo y sustento para él y su economía doméstica. El reto de la migración de larga estancia va de la mano con la nueva democratización latina que busca una posmodernidad sin individualidades. El retorno a vivir en plenitud es igual a no dejar agonizar el eros en una comunidad del hiperconsumo y las apariencias. No más el rechazo al migrante de larga estancia. No más al rechazo a gobiernos xenófobos.