Autoritarismo, dictadura y la crisis del derecho en América Latina Authoritarianism, dictatorship and the legal crisis in Latin America

Introducción

Tratar de entender la crisis jurídico-política de una región, en este caso América Latina, especialmente Centroamérica, es una empresa que no puede acometerse sin tomar en cuenta la crisis multidimensional que atraviesa un mundo que ha sido transformado, de manera irreversible, por una globalización que se apoya en un vertiginoso desarrollo tecnológico. En un ambiente de disrupción de gran envergadura, los cambios sociales, jurídicos y políticos son apenas reconocidos, cuando se vuelven a plantear transformaciones profundas.

En este contexto, la conciencia de una crisis constitucional global es un hecho que se evidencia cada vez más dentro de la gran mayoría de naciones. La desconstitucionalización de los órdenes jurídicos, la pérdida de eficacia de las normas constitucionales, la indiferencia ante los valores de la convivencia, entre otros factores, inducen un corrosivo escepticismo ciudadano que suele manifestarse en una crisis de la democracia. Las crisis reflejan un mundo incapaz de identificar los horizontes por los que debe transitar una sociedad que se preocupa por su futuro. Es necesario, por lo tanto, concentrar nuestros esfuerzos para lograr construir un orden viable para un mundo que a veces parece querer dejarse llevar por una indiferencia suicida.

El escepticismo normativo que subyace a nuestra problemática es simultáneo con las tendencias autocráticas que azotan el mundo. Estos fenómenos sociales y políticos, de naturaleza corrosiva, expresan los cambios tectónicos de una colectividad global que necesita un cambio de rumbo. Este acontecer, impulsado en gran parte por la irresponsabilidad tecnológica, se ha dado no solo en los países periféricos, sino que ha afectado a las democracias más sólidas del mundo, aunque, como es de esperar, se manifiesta de diferentes maneras en los distintos contextos.

Sin embargo, existe un manifiesto rechazo de las tendencias autocráticas, dado que el derecho sigue desarrollando nuevos horizontes. A pesar de sus regresiones, se debe comprender que el derecho abre un horizonte por el que se tendrá que transitar en las siguientes décadas, al menos si se toma en serio el signo de la permacrisis actual. Es de esperar que las tendencias racionalistas, axiológicas y comunicativas que encarnan la racionalidad amplia que necesita el mundo contemporáneo, terminen por imponerse en un mundo que se acerca al abismo.

Después de presentar un sucinto análisis global, el trabajo se concentra en América Latina y, finalmente, se considera el caso de América Central, región que muestra la virulencia de la crisis autocrática contemporánea. Se hace un llamado para consolidar la preocupación generalizada sobre los graves problemas que pueden resolverse de manera global, asumiendo desafíos fundamentales que no pueden ser abordados con la polarización que caracteriza al mundo de nuestros días. Debe haber incluso una preocupación por las generaciones futuras que ya se muestran como sujetos de derechos; no se pueden dilapidar los recursos que serán necesarios para la existencia de las sociedades venideras. Esta dinámica prueba hasta qué punto se necesita pensar con la ayuda de coordenadas conceptuales que dirijan nuestra vista hacia el objetivo común de sobrevivir como especie.

I- El crecimiento del autoritarismo en el mundo

En nuestra opinión, debe aclararse, siguiendo a Cas Mude, que la derecha extrema no debe identificarse con la derecha conservadora o liberal, sino más bien con aquellos que adoptan una posición “antisistema”, abiertamente hostiles a la democracia liberal (2019: 7). Se sabe que el sistema de pensamiento liberal puede ampliarse para reconocer derechos sociales y demandas orientadas al bien común. Este artículo, sin embargo, no desarrolla una crítica al liberalismo como un sistema de pensamiento que debe ponerse al día frente a los desafíos que presenta la época contemporánea. Esta crítica debería desarrollarse sin deshacerse de elementos claves como el respeto a la dignidad humana. En ese sentido, el mismo Mude considera que el fortalecimiento de la democracia liberal podría contribuir al debilitamiento de las posiciones de extrema derecha (ibid. : 178).

El rechazo a la democracia ha tenido efectos lamentables. El daño a la institucionalidad de muchos países ha sido significativo. El constitucionalista norteamericano J. M. Balkin menciona que en el caso de los Estados Unidos el arribo de Donald Trump al poder “precipitó una crisis constitucional” (2018:18). Cuestionando el uso frecuente de la expresión “crisis constitucional” Balkin prefiere recurrir a la noción de “podredumbre constitucional” (Constitutional rot) (Ibid.: 19). Debe mencionarse, sin embargo, que tal dinámica de podredumbre constitucional también se inserta, en el caso de este autor, con una creencia en que, en algún momento, se va a dar otro ciclo de orientación positiva en la transformación constitucional. Sin embargo, en este momento, no se ven signos de una transformación del sistema, especialmente tomando en cuenta la radicalización del enfrentamiento social y político en los Estados Unidos. En los últimos meses, por ejemplo, se ha dado un incremento de eventos “inesperados” de violencia en dicho país.

Como siempre, estos grupos capitalizan del descontento social, problema que no siempre se les reprocha a quienes los provocan. Uno de los acontecimientos que ha precipitado esta crisis fue el colapso financiero de 2007-2008 que tuvo como base las prácticas cuestionables que ha llevado a la existencia de una banca sin ningún control. Clara Mattei (2022), por ejemplo, ha mostrado que las políticas de austeridad —siempre producto de una aséptica tecnocracia— crearon las condiciones para el retorno del fascismo como fuerza política, un fenómeno que puede ser visto desde el conflicto período de entreguerras. Desde una posición liberal, Protzer y Summerville (2022) han argumentado que la percepción de las injusticias económicas ha motivado el surgimiento del populismo.

Por lo tanto, el problema es obviamente de naturaleza mundial, dado que muchos países sufren el embate de una economía que, en realidad, es un cúmulo de prácticas reprochables que apenas asoma en el contexto del ejercicio político actual. En todos los países se ha visto una tendencia hacia la pérdida de conquistas sociales causadas por la austeridad y por las maniobras de empresas que se pueden mover en el mundo para favorecer a aquellos países que presentan mejores condiciones para la inversión, lo que en la práctica afecta el bienestar de las clases más vulnerables. Como es de esperar, las cargas de esta situación recaen sobre ciertos grupos de la sociedad, como los inmigrantes, los cuales experimentan su propia parte de la tragedia mundial. Sociedades tuvieron que pagar con la carga de una deuda soberana cuyas responsabilidades, naturalmente, no se atribuyeron de manera justa a quienes corresponde.

Se ha visto, por ejemplo, el nivel de desconstitucionalización de los órdenes jurídicos contemporáneos: muchos derechos fundamentales simplemente no son observados. El contexto de precariedad empeoró con los efectos de la pandemia del coronavirus. Basta recordar el errático e irresponsable manejo de tal pandemia en el caso de Donald Trump.

En la base de tal proceso se encuentra una línea de empobrecimiento que ha afectado a muchos blancos pobres, quienes han desviado sus reclamos hacia un nacionalismo blanco, llegando incluso a la creencia de que se puede llegar a crear un White Ethnostate, en el cual las víctimas del sistema son las poblaciones blancas que cada vez se ven como minorías dentro de su propio país, víctimas de un desplazamiento cultural asociado con la migración. Aquí puede verse un caso claro del problema del chivo expiatorio. No puede ignorarse, por ejemplo, que las políticas económicas de las últimas décadas afectaron a las comunidades blancas pobres de los Estados Unidos, las cuales componen en gran parte el electorado norteamericano que favorece a Trump. Angus Deaton y Anne Casse (2019) han investigado las “muertes por desesperación” para conceptualizar el incremento de la muerte temprana en los Estados Unidos, ese tipo de muerte que ha crecido con la crisis de los opiáceos que han sido desarrollados, de manera irresponsable, por las grandes compañías farmacéuticas que han privilegiado sus beneficios económicos a costa de la salud de grandes segmentos de la población norteamericana.

La situación para la democracia se vuelve más preocupante con el desequilibrio geopolítico mundial. El caso de Rusia y su invasión de Ucrania despierta sobresaltos por sus incalculables peligros y, por el otro lado, el problema de Taiwán anuncia una probable guerra entre China y los Estados Unidos. Es obvio que la hegemonía americana está en entredicho y cada vez se pierde más en su laberinto, como lo muestra la deriva autocrática en los países que se encuentran como vecinos de la declinante potencia mundial. El imperio económico chino se desarrolla con velocidad a lo largo de todo el mundo. Incluso la tecnología se ha convertido en un objetivo de dominio por parte de las naciones más poderosas. Enfrentamientos peligrosos se dan en el substrato digital que subyace al funcionamiento del mundo.

En general, parece que muchas sociedades se han quedado inefectivas frente a la manipulación del poder. Subyacen a esta preocupante tendencia, hay que repetirlo, la abismal desigualdad y el descontrol tecnológico que cada vez se vuelve un problema entre las grandes potencias. Una economía global del fraude succiona los recursos necesarios para garantizar un futuro digno a la humanidad. La inestabilidad geopolítica hace que exista un mundo sin objetivos compartidos. Mientras sucede esto, se incrementa la amenaza del cambio climático, en medio de países cuya lucha por los recursos puede tornarse peligrosa en un futuro que se encuentra a las puertas.

El problema del autoritarismo es crucial debido a que este es un tiempo en el cual se deben desarrollar soluciones para problemas que cada vez adquieren mayor presión, como es el caso de la distopía digital y el calentamiento global. El desarrollo del derecho y los valores que comporta es una línea que no debe olvidarse en la actual coyuntura mundial. Eventualmente, la crisis puede volverse definitivamente insoportable para una sociedad global que entonces comprenderá el valor de las ideas capaces de abrir nuevos horizontes.

II- La crisis del derecho en América Latina

La sección anterior analiza las tendencias autocráticas en el mundo y las relaciona con el crecimiento de la precariedad y la desigualdad en una esfera global afectada por los problemas ambientales y tecnológicos. Se puede colegir, entonces, que América Latina enfrenta una crisis peculiar que se corresponde con los problemas globales contemporáneos.

Ahora bien, en el esfuerzo por comprender los retos que enfrenta la región, los análisis no deben eclipsar la referencia a la propia realidad, la cual ha sido marcada por tendencias excluyentes que, por su carácter estructural, aún siguen afectando el desarrollo político en el subcontinente. Desde su liberación del orden colonial, América Latina se ha caracterizado por conocer las doctrinas más avanzadas y, sin embargo, caer en situaciones que niegan los postulados humanistas más esenciales. Como lo decía hace dos décadas, en un difundido artículo, el filósofo del derecho argentino Ernesto Garzón Valdés:

Desde el punto de vista de la vigencia de ordenamientos políticamente democráticos y socialmente justos, América Latina sigue siendo el continente del desencanto y de la frustración. Al concluir el siglo XX, buena parte de sus países se encuentran en una situación más deficitaria aún que a comienzos del siglo. Basta pensar en las fundadas esperanzas que despertara la Revolución Mexicana, que promulgara en 1917 la primera Constitución con contenido verdaderamente social del mundo, en la implantación en la Argentina en 1916 de una república democrática y aceptablemente liberal que aspiraba a integrar políticamente a los hijos de inmigrantes, en la superación de las guerras civiles que habían signado la vida política colombiana durante el siglo XIX. (2001: 33)

Varias naciones de la región latinoamericana nacen con enfrentamientos internos que tienen como trasfondo las luchas por el poder de los diferentes sectores dominantes de sus sociedades. México, por ejemplo, conoce la monarquía de Iturbide y una serie de gobiernos liberales plagados de disensos que inducen una accidentada inestabilidad en medio de la cual México pierde la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos en medio de la guerra que enfrentó a ambos países en 1848. México apenas logra alguna estabilidad con la dictadura de Porfirio Díaz que concluye con una revolución interminable. Centroamérica nace como una república unitaria, pero los intereses sectarios —disfrazados bajo la división entre liberales y conservadores— llevan a una serie de enfrentamientos que da origen a cinco pequeñas repúblicas, algunas de las cuales han vivido etapas dictatoriales que ocupan gran parte de su historia. En general, durante el siglo XIX y el XX, la región latinoamericana conoce las dictaduras más oprobiosas.

Lo dicho no quiere decir que América Latina no haya generado pensamiento para conocer la raíz de sus problemas. Gargarella ha demostrado la riquísima tradición constitucional en la región latinoamericana. Muchos de los tempranos esfuerzos constitucionales latinoamericanos

surgieron a partir de la identificación básica de ciertos problemas (sociales, económicos, políticos) básicos y la convicción de que era posible y conveniente disponer de las energías constitucionales de modo tal de hacer frente a tales dificultades (Gargarella, 2014: 14).

Este autor presenta con maestría las brillantes ideas de los pensadores constitucionales en América Latina, pero nota cómo se quedan cortas cuando se toma conciencia del desafío de reformar la organización del poder. La posición de Gargarella es consistente con la conocida permanencia de los sectores de poder en la región. Por esta razón, en La derrota del derecho (2020), él insiste en que la degradación del derecho remite a la falta de efectividad para desmantelar las estructuras de dominio que mantienen atada a la región.

Un aspecto que no se puede omitir en la historia latinoamericana es la vergonzosa historia de las intervenciones norteamericanas en la región. Los esfuerzos democráticos de muchos países latinoamericanos han sido bloqueados por este país, el cual no ha vacilado en apoyar a algunos de los dictadores más sangrientos de la región. En términos generales, muchas de estas intervenciones ilegítimas han sido dictadas por el propósito de defender los intereses económicos norteamericanos. Este espíritu intervencionista se ha mitigado en el presente, cuando la hegemonía norteamericana se encuentra amenazada por la influencia de China y quizás una Rusia que todavía puede influir como un importante actor mundial.

Quizás el laberinto político y jurídico latinoamericano se ve condicionado en gran medida por la tradicional ineficacia y corrosiva práctica política en América Latina, el fenómeno ya identificado por Garzón Valdés. Es notable, en ese sentido, la inestabilidad constitucional de la región, la cual es paralela con la inobservancia de las normas constitucionales. En este sentido, el constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagüés (2016) habla de la desconstitucionalización y apunta el problema de la derogación sociológica de las normas constitucionales - fenómeno que también había sido identificado por constitucionalistas como Loewenstein. En una dirección similar, el sociólogo del derecho García Villegas ha estudiado el valor puramente simbólico del derecho en América Latina, en donde dicha valoración va de la mano con una profunda cultura del incumplimiento de las reglas (García Villegas 2014; García Villegas 2017). Todas estas intuiciones confirman la certeza de la debilidad estructural del Estado latinoamericano para buscar un sistema que promueva los derechos fundamentales.

Su propia suerte como región no debe independizarse de los problemas que la han asediado como región a lo largo de una historia. Algunos países, como es el caso de Chile, se han embarcado en aventuras constitucionalistas, sin embargo, la polarización que afecta al mundo no ha sido precisamente un factor que ha ayudado a un pueblo que quiere abandonar una de las primeras dictaduras neoliberales que conoció el mundo. El proceso respectivo no deja de dificultarse por la misma polarización que caracteriza al mundo actual.

Por esta razón, el continente siempre ha falseado las teorías sobre las cuales ha querido articular sus instituciones. En un artículo publicado hace muchos años, el jurista liberal argentino Ernesto Garzón Valdés (2001) se quejaba de que América Latina era el lugar en el que se falseaban las teorías más avanzadas. Sin embargo, también se han dado momentos de creación constitucional que denotan la aceptación constitucional de nuevos conceptos como lo son los derechos de la naturaleza que han sido reconocidos en las constituciones de Ecuador y Bolivia, los cuales movilizan nuevos significados constitucionales.

De este modo, ha habido un tiempo de efervescencia en el cual se dan resultados de diferente naturaleza. Mientras Chile se embarca en una experiencia constitucional accidentada por la polarización social, Perú enfrenta una crisis que se asienta en las tradicionales rupturas que afectan el tejido de las sociedades latinoamericanas. Brasil parece haber superado una crisis con la salida de Bolsonaro, aunque es difícil anticipar qué puede suceder en un mundo tan inestable, en un país que ha sido afectado por la guerra judicial y por una desigualdad comparable a la de los otros países de la región latinoamericana. Como es de esperar, estos procesos no avanzan sin problemas que ponen en riesgo la misma existencia de caminos democráticos para la resolución de los problemas comunes.

Al momento de escribir este ensayo, América Central muestra señales del retorno de las dictaduras por medio de la convulsión y veloz disrupción de muchas sociedades. Nicaragua expulsa y despoja de su nacionalidad a los disidentes; el gobernante salvadoreño busca la reelección presentando sus cárceles que semejan campos de concentración. Guatemala prepara un masivo fraude electoral. Estos son temas que serán tratados con mayor atención en la siguiente sección del ensayo.

Analizamos este problema de manera sumaria para proceder a esbozar una conclusión para las reflexiones de este trabajo. Debe anticiparse que el problema no solo atañe al istmo centroamericano, sino también a América Latina y, en última instancia, a todo el mundo.

Con todo, no puede ignorarse que la región latinoamericana siempre se ha visto como una región desigual. Como lo aduce Oscar Villena Veira, esta afecta “la imparcialidad legal y provoca la invisibilidad de los sumamente pobres, la demonización de quienes cuestionan el sistema y la inmunidad de los privilegiados” (2011: 25 - itálicas en el original). Es muy difícil que en un contexto tal se mantenga la integridad del sistema de derecho. Se sigue que la actual dinámica de precarización empeora los prospectos de consolidación del Estado de derecho. En este contexto, la violencia que ha sido ejercida por el Estado y sus detentadores sigue siendo un problema, al cual debe añadirse las manifestaciones terroristas del crimen organizado (como en el caso del narcoterrorismo).

La situación es tal que, en algunos países de América Latina, como es el caso de México, ya se habla de la necropolítica, noción acunada por el filósofo africano Achille Mbembe (2019), obra que habla de la política de la muerte en términos de quien puede vivir y quien debe morir. Esta idea es consistente con la creencia de Agamben (2005) respecto a la difusión del estado de excepción en la política moderna —un expediente normalizado bajo la permacrisis que vive el mundo contemporáneo. La matanza de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la que participaron agentes del gobierno mexicano —varios cuerpos de policías, incluyendo al mismo ejército mexicano— dieron muerte a 43 estudiantes en la población de Iguala, da una idea de la forma en que el aparato institucional de México ha caído en manos del crimen organizado. Tales políticas afectan a los débiles países centroamericanos, región cuya suerte jurídica analizados en la siguiente sección, en virtud de que los migrantes deben hacer una peligrosa travesía por México en donde caen en las manos del crimen organizado dedicado al tráfico de personas.

III- La crisis del derecho centroamericano

Uno de los rasgos más preocupantes de Centroamérica es que algunos de sus países se han visto atrapados por el crimen organizado, creando un riesgo político al ver que está amparado en las estructuras de un Estado cuya institucionalidad se ha ido desmantelando en un proceso histórico que se ha acelerado en la última década. Debe notarse que países como estos, en una época de inestabilidad global como la actual, se convierten también en un riesgo de seguridad para las naciones que los rodean. El dominio del crimen organizado es un peligro que no debe minimizarse debido a su vinculación con las manifestaciones de un terrorismo de nuevo cuño.

América Central, una región que ha sido aquejada por el autoritarismo más cruel a lo largo de su historia —siempre afectado por una desigualdad extrema— está regresando de manera acelerada a las dictaduras. Las historias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua están repletas de autócratas. Para abortar el peligro de nuevos gobiernos dictatoriales, estos países crearon salvaguardas constitucionales para evitar la reelección. Sin embargo, en los últimos años, Nicaragua, Honduras y El Salvador han derribado las barreras constitucionales que impedían la reelección presidencial, muchas veces bajo la idea de la promoción y defensa de los derechos humanos universales. Al momento de escribir estas líneas, Guatemala ha optado por cerrar la vía electoral a algunos candidatos; un gobierno de extrema derecha se perfila en el horizonte nacional.

Debe apuntarse, para comprender la situación aún más, que gran parte de la historia no dictatorial de la región está regida por el mando de gobiernos militares de corte autoritario, los que en el caso de Guatemala llevaron a actos de genocidio en contra de las comunidades indígenas. Las estructuras de seguridad y corrupción creadas por los militares continúan, lo cual explica el desmesurado poder que todavía conservan los militares, especialmente en el caso de Guatemala, en donde cúpulas de veteranos militares han dominado los últimos gobiernos. Estas asociaciones militares se ven apoyadas por organizaciones con una ideología de ultraderecha que manejan instituciones de la justicia guatemalteca.

Como es de esperar, la inestabilidad institucional tiene imbricaciones geopolíticas. El apoyo chino a gobiernos dictatoriales es visible en el gobierno de Bukele, en donde el proyecto de su continuación en el poder ha recibido una publicidad digital impresionantes. En parte, su mensaje se basa en un nuevo versión de la ideología de la “mano dura” que se ha desarrollado en tantos países de Latinoamérica. En la actualidad, se está terminando de construir una megacárcel, con una capacidad para 40,000 internos que, en su mayoría, pertenecerán a las pandillas Las fotografías publicitadas por el gobierno salvadoreño son escalofriantes lo cual hace recordar lo que dice Mikel Bolt Rasmussen respecto a que los campos de concentración de hoy pueden ser prisiones en los que los guardias “matan a los internos y toman humillantes fotografías de los prisioneros” (2022: 3). A pesar de que estas medidas han mostrado su falta de efectividad, es una manera de garantizar la confianza de la población, lo cual lleva al problema del “populismo punitivo”, ideología que en su versión de “mano dura” o “super mano dura” ha mostrado su inefectividad en muchos países. En general, el “populismo punitivo” no escudriña los factores causales de la delincuencia y, lo que hace es instrumentalizar la sensación ciudadana de violencia e inseguridad para ganar apoyo electoral.

A pesar de los casos de Guatemala y El Salvador, el caso más extremo de dictadura es el de Nicaragua, país que cada día avanza a pasos agigantadas hacia un régimen totalitario, incluso, más férreo que la dictadura somocista. Se ha llegado al extremo de expulsar del país, despojando de su nacionalidad a disidentes del sistema, entre ellos destacados escritores como Gioconda Belli y Sergio Ramírez Mercado. Estas son expresiones evidentes del nivel de barbarismo político que enfrenta el pueblo nicaragüense.

El problema se vuelve más urgente cuando se observa el fortalecimiento del crimen organizado en México y Guatemala, Honduras y El Salvador. La migración hacia los Estados Unidos ya no solo se realiza por problemas económicos, sino también por la incapacidad de absorber la violencia, especialmente del narcotráfico y las pandillas. Grandes caravanas de personas vulnerables, que incluyen a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos e incluso venezolanos, emprenden marchas a través de México para acercarse a los Estados Unidos, país que, como es natural, no atiende sus solicitudes de asilo.

Si se quiere dar una visión comprehensiva de lo que sucede en Centroamérica no se puede eludir la mención a esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional para resolver los problemas de corrupción en la región. En Guatemala se dieron pasos para el saneamiento del Estado, apoyados por una comisión especial nombrada por las Naciones Unidas: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta Comisión, establecida en 2006, auxilió al Ministerio Público de Guatemala para llevar a la justicia a estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco. Investigó al principio a los que se denominó Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Paulatinamente, fue descubriendo una inmensa red de corrupción, lo cual llevó a la renuncia, en 2015, del presidente, el general Otto Pérez Molina. Sin embargo, sus logros, notables, fueron desmantelados por un contraataque de las estructuras tradicionales en conjunción con los operadores del Estado y el crimen organizado. Esta contraofensiva que llevó al desmantelamiento de dicha institución en 2019, se dio cuando se hizo evidente que la corrupción alcanzaba a los miembros y familias de la oligarquía corrupta de Guatemala

El cambio de gobierno en los Estados Unidos, con el arribo de Trump al poder, brindó una cuota de poder a esos grupos oligárquicos, relacionados con el militarismo heredero de la guerra civil, los cuales no escatimaron esfuerzos para que el gobierno del comediante Jimmy Morales, miembro de sus filas, expulsara, usando interpretaciones constitucionales antojadizas que incluso irrespetaban lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad, para expulsar a dicha comisión de Guatemala. El entonces presidente de Guatemala llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar, de manera vergonzosa, a la comisión; solo logró mostrar la profundidad de la impunidad en Guatemala, con un discurso que abochornó a la población guatemalteca. El sucesor de este gobernante, Alejandro Giammattei, ha continuado cerrando el círculo de la dictadura en la sociedad guatemalteca.

La situación para Centromérica se complica con los escenarios que plantea la nación mexicana. En México, el crimen organizado ha aprovechado las circunstancias que propicia una corrupción centenaria. Las guerras contra el crimen organizado no han logrado los objetivos propuestos y, por el contrario, han agravado la situación de vulnerabilidad de la población que queda en medio del fuego cruzado. El reciente juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en México muestra el nivel de cooptación de las fuerzas del crimen organizado en México. Un aspecto que debe tomarse en cuenta es la serie de peligros que trae consigo el crimen organizado. Debe recordarse que este se ubica en una economía “invisible” en la cual participan muchos actores sin escrúpulos. Por esta razón, no debe omitirse la relación entre crimen organizado y terrorismo. Puede recordarse cómo el terrorismo que ha azotado a América Latina se debe en gran parte al narcotráfico, como lo recuerdan las terribles experiencias que vivió Colombia cuando fue atacado por el Cártel de Cali.

En términos generales, el problema en gran medida es el nivel de violencia de estas sociedades, problema que se presenta por la tradicional falta de cumplimiento de la ley en el continente latinoamericano. Grandes regiones se encuentran en una situación en la cual el Estado no se ha hecho presente a lo largo de la historia, haciendo que el poder recaiga en grupos de poder que no se someten a ninguna ley más que su propia voluntad. Revertir esta situación solo se puede lograr con un esfuerzo global de recreación de las instituciones. El crimen organizado y la corrupción envuelven al mundo y los esfuerzos de los países vulnerables por atacar este flagelo parece inefectivo desde las raíces. Se puede mencionar, por ejemplo, la renuencia norteamericana a reconocer su propia responsabilidad en el problema de la drogadicción en su país, un fenómeno subrayado por la actual crisis de los opiáceos.

Estados Unidos, sin embargo, parece no comprender el laberinto centroamericano. Parece que su preocupación fundamental es la migración descontrolada y enfoca todos sus esfuerzos a erradicar este fenómeno. Pero lo hace de una manera desencaminada. No se ha podido ver que la solución de la cuestión migratoria exige soluciones integrales que aborden, de manera informada, las raíces de un fenómeno que se ha dado por mucho tiempo y en las que el intervencionismo norteamericano tiene una gran porción de responsabilidad. ¿Puede extrañar, entonces que El Salvador, Guatemala, Honduras y México tengan a gran parte de su población viviendo en los Estados Unidos?

Ahora bien, cualquier crecimiento del crimen organizado en América Central puede afectar al mundo entero, especialmente a los países cercanos, entre ellos los Estados Unidos que no parecen tomar real conciencia de un problema de tal magnitud. En virtud de la irreducible conectividad del mundo, los países no pueden vivir en compartimientos estancos, aparte de que tal idea es de por sí una renuncia a la idea de derechos humanos que nunca va a calar en el espíritu democrático de la comunidad jurídica, comprometida con los valores de su campo de valor. Por esta razón, no se debe olvidar lo que significa este pequeño istmo para la salud democrática del mundo. Los países gobernados por el crimen organizado usan las categorías de la tradicional política para poder esconder y evitar el escrutinio de sus acciones, como sucede con la noción de soberanía, la cual ya no puede tener el mismo significado en la época de los derechos humanos.

Desde entonces, se ha instaurado una dictadura que cada vez adquiere más los matices del gobierno de Ortega en Nicaragua. Bajo la sombra de un poder represor, el actual gobierno ha llevado a cabo un expolio de los recursos del Estado de tal magnitud que ha puesto en peligro el futuro económico del país. En un mundo interconectado como el que vivimos, estas acciones no pueden ser ignoradas porque el fortalecimiento del crimen organizado puede repercutir eventualmente en el bienestar de otros países.

El problema que plantea el constitucionalismo de esta región, la cual ha recibido escasamente la influencia del constitucionalismo mundial, es la manera en que esta corriente de reflexión jurídica puede afrontar los problemas del crimen organizado, desafío que también entraña el conocido problema del terrorismo, el cual adquiere una motivación política, pero ya no en el orden de instaurar un orden ideológico determinado, sino ya en el sentido de una sujeción de poblaciones que van perdiendo su agencia política bajo las presiones del miedo paralizante a la violencia extrema que puede ejercer el Estado. El actual estado de inestabilidad geopolítica se presta a estos fines ilegítimos.

Sin embargo, cada vez queda más claro que todo esfuerzo envuelve a la comunidad internacional preocupada por la vigencia de los derechos humanos. Se enfatiza este punto en la conclusión.

Conclusión

El mundo enfrenta una crisis multisistémica que debe ser abordada de manera unificada por las diversas sociedades, las cuales deben tratar de resolver los desafíos que emergen de la propia realidad histórica que les ha tocado experimentar, sin omitir la preocupación por el mundo entero. La solución no solo depende de cada país, ni siquiera de las potencias, sino de un espíritu de preocupación mundial que logre impulsar cambios en los países y regiones que lo necesiten. En un mundo globalizado, la indiferencia hacia los distantes otros ya no tiene cabida ni sentido. El autoritarismo, mal político de alcance global con raíces sociales profundas, se muestra como un impedimento radical para encontrar soluciones a la problemática planteada en estas páginas.

El destacado constitucionalista mexicano Diego Valadés (Op. Cit.) afirma que:

los peligros para los derechos fundamentales proceden de todas las diferentes expresiones de poder y no sólo del Estado; más aún, es a través de los órganos del Estado y de sus potestades coercitivas como se garantizan los derechos fundamentales (2023:333).

Esta expresión de los derechos horizontales muestra un aspecto que no ha sido debidamente abordado por los organismos internacionales de derechos humanos, que muestran ya una actitud de complicidad con las fuerzas sin control del mercado global.

También debe aceptarse que la crisis adquiere diferentes matices en distintos lugares. Aspectos como la historia, la densidad del dominio, la naturaleza del poder, la persistencia de las élites dominadoras, entre otros factores, determinan que se deben buscar soluciones diferenciadas, pero siempre vinculadas al fin de garantizar la paz sobre un planeta que debe resolver estos problemas mientras se dedica a resolver desafíos enormes como es el problema del calentamiento global.

Resalta que esta crisis tiene una profundidad axiológica que debe ser asumida de manera inteligente. El mundo no puede salir de esta problemática sin prestar atención a valores que trascienden fronteras; en este sentido, el constitucionalismo contemporáneo ha mostrado que es posible seguir desarrollando los valores que se depositan en un constitucionalismo mundial que se despliega progresivamente a través de las convenciones de derechos humanos y los mecanismos convencionales que enriquecen las constituciones contemporáneas. El nihilismo neoliberal no ha impedido que la reflexión haya encontrado nuevas formas de entender el mundo, formas que, con el paso del tiempo, se impondrán por su propia racionalidad. Sin embargo, se necesitan abrir los cauces democráticos para que esto suceda. En este sentido, la práctica jurídica de los diferentes países, la cual tiende hacia el reconocimiento de valores universales, puede ayudar en esta tarea ineludible para garantizar el futuro de la humanidad.

Las personas deben comprender, como lo dice Ferrajoli, que necesitamos vivir bajo un orden de alcance mundial, en lo que este intelectual denomina una “Constitución de la Tierra”. Para este autor, la humanidad se encuentra en una encrucijada, situación difícil de negar a la vista de los hechos. Ya el fin del mundo no es un solo desvarío de la imaginación, sino que es un escenario muy probable si no se resuelven problemas que ya se han anunciado desde hace mucho tiempo.

Es necesario, sin embargo, reconocer que los logros alcanzados para la comprensión entre las diversas comunidades del mundo son posibles. En el terreno del derecho se han alcanzado conquistas que no se pueden minimizar, en la medida en que establece lo que Kant llamaría un proyecto de paz mundial. Se ha visto, por ejemplo, cómo el derecho constitucional en muchos países permite la cultura común de los derechos humanos, llevando a lo que ya se empieza a esbozar como un Ius Commune dentro de la región latinoamericana.

Cada vez se reconocen con mayor amplitud los logros del derecho internacional de los derechos humanos y se respetan, a través de esquemas convencionales, las decisiones de los tribunales regionales del mundo. Lo importante es notar que se asientan en la conciencia de una dignidad humana y los derechos que emanan de esta. Esto significa que los valores subsisten y deben ser movidos al frente de la conciencia de los miembros de la sociedad, sin cuya presencia ningún esfuerzo transformador puede imponerse de manera duradera, especialmente en un mundo embelesado por la innovación que crea una disrupción más veloz incluso que la capacidad humana de anticiparse y buscar un mejor futuro, una real posibilidad de supervivencia digna para las generaciones futuras. Dichos valores, por ejemplo, pueden movilizarse en los procesos electorales, aun cuando también se precisa de la acción política pacífica que se practica en las calles.

En ese sentido, es muy posible construir una cultura de paz que logre encarrilar al mundo en algunas soluciones a algunos de los problemas que se presentan con mayor urgencia. Por la misma razón, es necesario seguir el diálogo jurídico para construir un orden constitucional global que, a pesar de la noche de la autocracia, puede ir consolidándose de manera progresiva. Se debe construir una sociedad no desfigurada por la desigualdad, capaz de vivir en un mundo que garantice la supervivencia digna de las generaciones futuras. El imperativo ecológico es determinante, pero no deben olvidarse otros desafíos, como los que vienen del desarrollo nihilista del transhumanismo.

Este es un tiempo de construcción que debe seguir las múltiples crisis que ponen entre paréntesis el destino de la humanidad. Así, el constitucionalismo popular no se ha quedado paralizado, sino que, al contrario, ha mostrado señales de una vitalidad doctrinal notable. Por lo tanto, es necesario encontrar las soluciones que busca la humanidad. El continuo desarrollo de los instrumentos de derechos humanos constituye un motivo de esperanza que no debe ser desdeñado.