La independencia judicial en Guatemala Judicial independence in Guatemala
Procurador de los derechos humanos de Guatemala, de 2017 a 2022 en los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020 y de Alejandro Giammatei (2019-2024), Jordan Rodas Andrade testimonia de lo que ha vivido y combatido, durante su mandato, sorteando amenazas, impedimentos, trabas, escollos, en defensa de una real democracia participativa. Desde el exilio, esboza su visión de lo que se debe emprender para la práctica de una justicia independiente y del cumplimiento de los derechos humanos.
Human rights ombudsman of Guatemala, from 2017 to 2022 in the governments of Jimmy Morales (2016-2020) and Alejandro Giammatei (2019-2024), Jordan Rodas Andrade testifies to what he has lived and fought, during his mandate, avoiding threats, impediments, obstacles, pitfalls, in defense of a real participatory democracy. From exile, he outlines his vision of what must be undertaken for the practice of independent justice and the fulfillment of human rights.
América Central, al igual que otras regiones del mundo, se ha encarrilado hoy en día en un proceso de retorno de gobiernos autoritarios. Los intentos por democratizar la Región no lograron generar una realidad política estable, capaz de empezar a registrar avances positivos de manera continua y acumulada, especialmente en una época en la cual los problemas - pensemos tan solo en el cambio climático - ya se han convertido en crisis que demandan soluciones locales y globales.
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En este contexto, como ex Procurador de Derechos Humanos he tenido que abandonar mi país para evitar la persecución política y ser objeto de múltiples formas de acoso.
Ilustra este preocupante fenómeno el hecho de que tres países centroamericanos, Nicaragua, El Salvador y Honduras, hayan eliminado, con la complicidad de cuerpos judiciales instruidos para el efecto, los candados constitucionales para evitar la reelección. Guatemala, por su parte, se ha convertido en una dictadura sui generis. En efecto, en los últimos años se ha gestado una persecución contra todos los que se resisten1, desde posiciones diversas, a los intentos por sostener los principios de un legítimo Estado constitucional de derecho.
Después de la interrupción ilegítima de una campaña contra la corrupción en 2019 que alcanzó grandes logros y logró cierta visibilidad a nivel mundial, Guatemala se ha encaminado de manera acelerada hacia una dictadura. Por tanto, en 2015, la ciudadanía guatemalteca se había entusiasmado con un movimiento democrático que no se veía desde hacía décadas y trataba de dar lo mejor de sí en tal esfuerzo. Pero, este logro espectacular para un país que conoció brevísimos momentos de libertad en una historia repleta de dictaduras, muy pronto se vio alterado por la presencia cada vez más predominante de organizaciones mafiosas bien estructuradas, enquistadas desde hace mucho tiempo en el Estado guatemalteco.
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Actualmente, algunas de las voces más destacadas en la lucha por el movimiento democrático y por la justicia pronto y cumplida se encuentran encarceladas, en el exilio o sometidas a una persecución política y judicial dentro del país.
Dinámicas que, por supuesto, se oponen a cualquier movimiento democrático y responden más bien al fortalecimiento del crimen organizado y a grupos vinculados a los antiguos aparatos represivos del Estado. Dichos grupos mantienen una actitud de constante amenaza y acoso a ciudadanos disidentes, los cuales, según su nivel de visibilidad, pueden experimentar desde campanas de odio, especialmente en las redes sociales, hasta atentados y asesinatos selectivos, pasando por encarcelamientos en condiciones que hacen temer por la integridad física de los afectados2.
Este artículo ilustra la situación que corre desde el período de 2018 a 2022, a partir de mi reciente experiencia como Procurador del Derechos Humanos en Guatemala. Mi paso al frente de esta institución estuvo caracterizada por una infinidad de presiones que ilustran los mecanismos que, actualmente, están en uso para afianzar las autocracias frente a la sociedad y para intimidar a los actores sociales e institucionales que saben que otro futuro es posible.
Como consecuencia de esta forma de actuar gubernamental, fui sometido a un acoso constante, tanto institucionalmente como a través de los medios de comunicación y campañas en las redes sociales. El Congreso, dominado por los sectores corruptos, buscó asfixiar financieramente a la institución que dirigí por 5 años. Durante este período fui sometido a 18 antejuicios y se intentó siete veces sacarme del cargo usando las maneras más burdas.
Este tiempo, de gran intensidad, dificultó en grado sumo el cumplimiento de mis atribuciones - las cuales, sin embargo, traté de cumplir en la mejor medida de mis posibilidades. Por si fuera poco, mi labor se enfrentó constantemente a una fuerte campaña de desinformación en mi contra, por parte de unas redes sociales cada vez más adecuadas a los propósitos de los grupos radicales.
La situación se volvió más complicada debido a que tuve que enfrentar la pandemia del Covid-19, en la cual el gobierno alcanzó extremos de corrupción y no cumplió con la observancia de derechos que entrañaba esta emergencia. Muchas personas, entre ellos médicos, fallecieron debido a la inexistencia de los insumos básicos que la situación exigía. Con todo, a pesar de las mencionadas restricciones presupuestarias, pude cumplir con mi trabajo de defensa de los derechos humanos.
A un tiempo, tuve que afrontar la creciente precarización del aparato institucional del gobierno, producto de un deterioro basado en el crecimiento de la corrupción y en la presencia de redes criminales organizadas, dentro del mismo Estado, que vieron la misma tragedia del Covid-19 como una oportunidad para ampliar sus fuentes de ingreso. Esta situación llevó a una crisis permanente en temas de seguridad, justicia, transparencia y rendición de cuentas que tuvo como consecuencia el que los derechos individuales y sociales de los miembros de la sociedad guatemalteca se vulneraran de la manera más impune
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A raíz de un golpe de estado, Efraín Ríos Montt llega a la presidencia de Guatemala el 23 de marzo de 1982. Durante su mandato, crea las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y la unidad de contrainsurgencia, los Kaibiles, la cual en diciembre de 1982, causó la Masacre de Dos Erres - 10.000 indios masacrados o arrojados en helicóptero al Océano Pacífico. En agosto de 1983, es derribado a su vez por un golpe de estado.
Aquí, es importante subrayar la cooptación del sistema de justicia, el cual se encuentra en una crisis que lo hace funcionar solo cuando se trata de acallar las voces defensoras de los derechos humanos y obstaculizar las acciones de los que buscan el funcionamiento legítimo del sistema estatal. En efecto, el Estado ha dispuesto una guerra jurídica total cuyo objetivo radica en la implementación de “una guerra de tierra arrasada” a semejanza de lo que ocurrió durante la presidencia de Efraín Ríos Montt3 con las comunidades indígenas.
En otros términos, lo que impera, son graves carencias en cuanto a la independencia judicial, tanto que hacemos nuestra la opinión del constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky para quien el Estado de derecho, en Guatemala, se ha convertido en un “infame” Estado de injusticia. Se ha tenido que enfrentar una larga serie de acciones ilegítimas que han afectado las funciones del Organismo Judicial e incluso de la misma Corte de Constitucionalidad, cuyo proceso de selección ha sido opaco.
En base a posiciones puramente formales, se ha vaciado el orden constitucional guatemalteco, llevando a extremos una tendencia de desconstitucionalización que, incluso, se ha venido viviendo durante algunos años en muchas partes del mundo, con una fuerte tendencia hacia un tráfico de influencias. De ahí que la renovación de la Corte Suprema de Justicia se haya demorado por más de dos años, debido a problemas en la búsqueda de acuerdos entre los actores que usurpan funciones del Estado.
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Por ejemplo, el director de uno de los periódicos que se ha destacado en su lucha contra la corrupción, José Rubén Zamora, se encuentra actualmente encarcelado, sufriendo vejámenes entre los que se incluyen retardos maliciosos ocasionados por miembros del Estado que se subordinan a la agenda de lo que ha venido a ser llamado el Pacto de Corruptos.
El contexto arriba evocado permite aclarar el que los funcionarios que han afrontado sus tareas con la debida responsabilidad se hayan visto obligados a abandonar el país dentro de un proceso claro de criminalización de la justicia. Lo mismo ha sucedido con los que informan y opinan de manera contraria a los intereses del gobierno de Alejandro Giammattei4. Durante mi período al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos se ha desarrollado una campaña de acoso a jueces fiscales, magistrados y magistradas que han sido sometidos a procesos penales y que, en algunos casos, han llevado al encarcelamiento de estos.
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Abogado, jurista y diplomático colombiano. De 2013 a 2019 encabeza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por las Naciones Unidas. Desde 2022 ocupa el cargo de Ministro de Defensa en el gobierno de Gustavo Petro.
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En la actualidad, vive refugiado en los EEUU.
Es manifiesta la regresión respecto a la investigación de las estructuras de corrupción hasta llevar, incluso, a la clausura de procesos. Prueba de ello, la expulsión en 2019, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dirigida en aquel momento por Iván Velásquez5. De la misma manera, algunos miembros que trabajaban en la CICIG fueron sometidos a procesos anómalos, llenos de violencia, tal como lo que ocurrió con uno de los fiscales principales, Juan Francisco Sandoval, forzado de abandonar el país6debido a amenazas constantes a su labor.
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Leer el artículo de la misma autora en este mismo número de TraHs.
De la misma manera, magistradas y fiscales, muy comprometidos y valientes que desempeñan su labor con un extraordinario compromiso se han visto sometidos a encarcelamientos, tras un simulacro de proceso – es el caso de la ex fiscal Virginia Parra – o a vivir un destino de incertidumbre, como el de la jueza Ericka Aifán7 que conoce un destierro forzado.
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El cargo de procurador de derechos humanos en Guatemala se obtiene a raíz de una elección por parte de los diputados en el Parlamento.
La agresividad constante que se me manifestó a lo largo de los cinco años que ejercí como procurador de los derechos humanos8 - función constitucional - , fue llevada a cabo, no solo por el gobierno, sino por organizaciones de ultraderecha que no se encontraron obstaculizadas para manifestar su divisionismo, con tácticas de manipulación de la información y amenazas veladas en las redes sociales. Siguiendo la tradición militarista de la sociedad guatemalteca, la denominada guerra jurídica fue librada sin cuartel contra mi ejercicio constitucional y aquellas otras personas e instituciones, que, desde diferentes áreas, luchaban por evitar el declive institucional de Guatemala.
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Walter Mazariegos ex decano de la facultad de Humanidades.
También fue objeto de mucha obstrucción mi participación, fruto del apoyo del estudiantado, como contendiente a la Rectoría de la Universidad San Carlos de Guatemala - única universidad nacional - en marzo de 2022 . El denominado Pacto de Corruptos que no podía permitir que dicha Universidad se pusiera del lado de los sectores mayoritarios de la población guatemalteca y que quería asegurarse de que la Universidad nacional no regresara a su tradición de lucha, organizó un fraude en las elecciones que bloqueó mi candidatura. Sin embargo, a la fecha, después de medio año de ejercicio, el rector que se alzó con la rectoría9 no ha sido reconocido como tal por la comunidad universitaria, lo cual se ha constituido en un foco de resistencia para una Guatemala democrática.
Mi propio recorrido y todo lo que pude observar durante mi mandato en absoluta y clara inobservancia de los derechos humanos me inducen a requerir, en particular, de una persecución penal de la corrupción como un crimen de lesa humanidad. Los actuales niveles alcanzados por esta plaga no permiten concebir una esperanza, con respecto al futuro, para los países de Centroamérica, en este caso, mi propio país.
Este seguimiento solo se puede llevar a cabo a través de un uso adecuado del estatuto de la Corte Penal Internacional o a través de una Corte especializada como la que se ha visualizado, desde hace algún tiempo, en el seno de las Naciones Unidas. Se debe subrayar, en esta dirección, el apoyo constante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente con el papel adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha cambiado significativamente la fisonomía jurídica del país. Por esta razón, se debe seguir profundizando los alcances positivos que todavía brinda esperanza al pueblo de Guatemala.
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Actualmente el Tribunal Supremo Electoral está organizando la continuidad del poder dentro de las mismas estructuras de cooptación del Estado.
Sin embargo, aún prevalecen estructuras quienes escudándose en las tendencias autoritarias actuales, se encarrilan hacia una dictadura. Este procedimiento confirma una preocupante tendencia en América Central, tres de cuyos países (ya mencionados más arriba) - Nicaragua con una dictadura ya establecida -, han manejado a los organismos constitucionales para allanar el camino hacia la reelección del grupo que ha capturado el Estado, frente a la dolorosa indiferencia de la comunidad internacional, la cual no ha mostrado su compromiso con los derechos humanos, especialmente en una época de notable crisis en todas las áreas de la vida10.
El Estado se ha convertido en una maquinaria de negocios corruptos, como lo demostró el inhumano saqueo de recursos durante la actual pandemia del Covid-19. El gobierno endeudó por miles de millones de dólares sin que se notara una mejoría sensible de la atención a la población guatemalteca; algunas donaciones incluso se perdieron debido a la incuria de las autoridades. Se revelaron negocios corruptos con las vacunas que tanto se necesitaban.
A pesar de la voluntad activa de su población, la sociedad guatemalteca se ha visto imposibilitada de actuar, debido a la presencia de una cultura del miedo, desconfianza, odio, descalificación que sigue desarrollándose a partir de campañas intimidatorias, muchas de ellas ejercidas en las redes sociales y muchas veces con el enfoque de una guerra judicial en contra de los miembros de la sociedad que osan levantarse en contra de los intereses de los grupos de poder y de un aparato de vigilancia gubernamental para controlar y afectar a los disidentes.
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A pesar de las coacciones, la Procuradoría de Derechos Humanos a nuestro cargo se esforzó por actuar a la altura de las circunstancias. Los reconocimientos recibidos por organismos y agencias internacionales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo, sin duda, hicieron soportable una misión que a veces parecía difícil de concluir. Pero la misión de un Ombudsman independiente no puede ser agradable para un gobierno empeñado en construir una dictadura que, en el caso de Guatemala, constituye en realidad una macro-organización del crimen organizado.
Los hechos referidos me han obligado a abandonar Guatemala, aunque no la lucha por la democracia en mi país. La guerra judicial emprendida por gobiernos autoritarios no puede quebrar nuestras voluntades; ellos pueden mandar temporalmente en nuestros países, pero no tienen la razón de su lado. Sus proyectos, por tanto, están destinados a deshacerse cuando el mundo tome mayor conciencia de que sin valores es imposible encontrar un mejor futuro para todos.
La lucha contra la injusticia —la corrupción, la muerte evitable, la conculcación de los derechos— demanda un esfuerzo internacional en el que confluyan las mejores intenciones de muchos agentes internacionales. En un mundo afectado por la incertidumbre, todo lugar posee una importancia innegable. Guatemala, así como otras regiones de América Central, puede convertirse en otro foco de inestabilidad internacional en el futuro, especialmente frente a desafíos que no se han tomado con la seriedad debida.
Durante los últimos años, hemos vivido la indiferencia de la comunidad internacional para ayudarnos a resolver un problema que venimos arrastrando desde el comienzo de nuestra vida independiente, ya hace más de dos siglos. Esta situación debe cambiar, no solo para satisfacer la esperanza de los guatemaltecos y guatemaltecas, sino para incrementar. Afortunadamente, hemos vivido una época reciente de esperanzas, pero como en otros lugares, esas breves primaveras democráticas cayeron bajo la lucha de los sectores de poder fáctico que no querían permitir la mínima restricción a sus leyes operativas, pero nunca declaradas.
Como ex procurador y ciudadano guatemalteco solo deseo poder volver a caminar la senda del Estado Constitucional de derecho; tarea benéfica, no solo para los guatemaltecos, sino también para la comunidad internacional que podrá impedir la creación de un área que, tarde o temprano, puede traer algunos riesgos para la seguridad y el bienestar mundial.