Emergencia local en el post-acuerdo. Tensiones y conflictos en el Caribe colombiano aproximación a partir de los montes de María¹

Partimos de una primera evidencia histórica : el conflicto armado en Colombia encuentra su fundamento en una problemática alrededor de la tierra. Esta afirmación ha debido, durante décadas, comprobarse y demostrarse por la insistencia de un sector del país en ver las causas del conflicto en otros parajes del horizonte social (Molano, 1994, 2013 ; Alape, 1987). No obstante, no asumimos aquí una perspectiva monocausal : somos conscientes que la suma de variables ha determinado la complejidad de un conflicto que se prolongó por poco más de medio siglo : limitaciones en la participación política, exclusión social, emergencia de movimientos sociales, violencia partidista, un proceso imbricado de gubernamentalidad, narcotráfico…

La lista es extensa y según el punto de vista que se asuma, los factores para entender el conflicto colombiano varían, se cruzan o se excluyen. Pero, además del enfoque teórico, metodológico o político que se escoja para describir el conflicto en Colombia, se debe agregar lo local. Es decir, hay que recurrir a la micro-historia, a la historia de los territorios para divisar las singularidades que se han tejido en cada uno de ellos, para identificar dinámicas ancladas a procesos regionales y subregionales que, finalmente se han insertado, de una u otra forma, a un contexto más amplio, un contexto nacional y, vale la pena decirlo, a un contexto global.

Ése ha sido nuestro enfoque : detenernos en lo micro, en lo local, con la intención de reconocer algunas capas históricas que se han superpuesto hasta componer una fisionomía singular que ha hecho parte de ese gran todo que ha sido el conflicto colombiano y que, ahora, en el post-acuerdo, cobra un dinamismo particular despertando varias inquietudes. Pero la elección de tal enfoque centrado en lo micro-regional no ha sido por capricho, sino que responde a una segunda evidencia histórica : en Colombia, se presentan marcadas diferencias regionales en el ordenamiento territorial debido a los modelos de asentamiento. Investigadores como Germán Colmenares, Orlando Fals Borda, Hermes Tovar Pinzón, Jaime Jaramillo Uribe lo han señalado como factor para entender el panorama nacional y planear todo posible devenir.

Conservando de fondo esas dos evidencias históricas, la tierra como fundamento del conflicto y las diferencias regionales en cuanto su ordenamiento territorial, esta intervención se divide, a su vez, en dos momentos. El primero, unas breves consideraciones sobre el ordenamiento territorial en el caribe colombiano ; el segundo, una somera descripción sobre la gestión territorial en la región, tomando una subregión, Los Montes de María, para evidenciar las fuerzas y tensiones que se tejen en los territorios, como parte de los efectos inmediatos del conflicto y del post-acuerdo. La idea transversal que pretendemos defender es que la estructura de poder colonial fue reforzada mediante la implementación de un despojo sistemático y estratégico durante el conflicto armado, lo cual aseguró la continuidad y extensión del control territorial en la región. Ahora, en el contexto del post-acuerdo, tal ordenamiento encuentra un marco de posible legalización (los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET) mientras que problemáticas relacionadas con minería, control sobre recursos naturales, agroindustria, nuevas fórmulas de desarrollo, choques interculturales, cotidianas formas de despojo, quedan irresueltas por no decir que solapadas, no ya por el conflicto armado, sino por una paz en proceso.

Territorio y ordenamiento espacial en el Caribe

El asentamiento colonial en el Caribe colombiano se dio bajo diferentes formas y respondiendo a disímiles lógicas. Es así que, en su composición colonial, era posible identificar ciudades, villas, sitios, lugares, parroquias, pueblos de indios, rochelas, palenques y extensas zonas de control indígena (“chimila”). Como lo señala Posada Carbó (1998), esas diversas formas de organización dentro del espacio regional hay que entenderlas como una articulación a partir de su propia heterogeneidad. En otras palabras, el Caribe colombiano es una amplia extensión con una diversidad muy alta de paisajes y ecosistemas ; se trata de contrastes que van de lo geográfico a lo cultural, hasta componer una superficie heterogénea que, sin embargo, encuentra patrones comunes. Un ejemplo de lo anterior : en el ordenamiento económico, social y político colonial, las ciudades, los pueblos, las parroquias, los sitios y lugares se erigieron en núcleos que atendieron las necesidades de la población rural hasta componer una imbricada red de conexiones, donde la economía giraba alrededor de la relación pueblos-haciendas (lo heterogéneo y lo común). (Herrera, 2007 : 14)

Ahora bien, uno de los rasgos más destacados y singulares del Caribe colombiano, fue su bajo nivel de sujeción al control del Estado colonial. Por un lado, el territorio : ante la coexistencia en el Caribe de varios modelos de ordenamiento espacial, se dificultó el control territorial por parte de la corona (Herrera, 2007 : 225). Por otro lado, la población : la alta movilidad de pobres, libres de todos los colores, cimarrones, comerciantes trashumantes, obstaculizó la voluntad del Estado colonial de controlar la población a partir de la limitación de los desplazamientos. Al poder central se le dificultó centralizar la población ; lograba difícilmente contener la población en asentamientos fijos para mejor controlarla. Es así que rochelas, sitios, palenques y algunos pueblos, los unos fundados aquí los otros allá, plantearon dificultades que impidieron la administración eficiente del territorio y de la población.

Si se observa el caso de algunos grupos indígenas en la época colonial, el contraste es mayor pues varios grupos étnicos-indígenas permanecieron fuera del control estatal. Éstos no se consideraban vasallos del rey, no se sometían a las normas de la corona, no le pagaban tributo, no compartían su religión y no se vinculaban con sus mercados. Ellos mantenían autonomía política y religiosa, económica y comercial. Pero, la consecuencia de esta autonomía fue mayor. En otras áreas coloniales, como es el caso de la Provincia de Santa Fe, el corregimiento de indios fue el instrumento fundamental para ejercer control del territorio y de la población, tanto indígena como no indígena. En el Caribe colombiano ese instrumento sólo se estableció en el siglo XVIII (Herrera, 2007 :19) y ese tardío establecimiento de los corregimientos de indios dificultó el manejo unificado de la población (tanto indígena como no indígena).

Una de las conclusiones de la comparación adelantada por Marta Herrera (2007) entre las llanuras del Caribe y los andes centrales neogranadinos es la siguiente : mientras que el ordenamiento espacial ejercido en la zona andina se basó en la agrupación de corregimientos, lo que favoreció el control político sobre la población en general, el ordenamiento espacial del caribe era intermitente, contrastante y no homogéneo, debido a cierta autonomía que llegaron a tener los núcleos rurales y los asentamientos lo que dificultó, ya en época colonial, el control político por parte de la corona.

Pero, la estructura de poder en el Caribe colombiano, que es lo que nos interesa destacar aquí, no sólo se compone del ordenamiento espacial y de la gestión sobre la población. Para comprender tal estructura hay que considerar la propiedad sobre la tierra y las formas de sujeción de las personas a unas relaciones productivas. Ya lo nombramos anteriormente : la forma de relación económica predominante en el Caribe, durante la colonia, fue la determinada por la hacienda. Respecto a este tema, nos apoyamos en conclusiones de investigadores como Hermes Tovar (1988) o Fals Borda (1976) quienes describieron y analizaron el funcionamiento de la hacienda en la formación social colonial.

Retomando algunas de sus reflexiones, afirmamos que la hacienda fue el modelo de propiedad, de explotación y de subordinación que configuró la sociedad caribeña. Desde el momento de su instauración, en la época colonial, la hacienda no ha hecho otra cosa sino expandirse, sirviéndose de diferentes estrategias : el concierto, la esclavitud, la innovación técnica, la servidumbre, la proletarización, la “ley de los tres pasos” (apropiación de las tierras domesticadas por los colonos marginales), la renta, la producción de artesanías, entre otras tantas, sin olvidar, obviamente, la violencia. Como lo afirma Fals Borda, la hacienda ha sabido adaptarse ante las cambiantes condiciones históricas, hasta el punto de erigirse como una entidad con una profunda continuidad : hacienda señorial-esclavista ; hacienda tecnificada-proletarización ; hacienda capitalista-empresarial.

En resumen, podemos señalar que, desde la época colonial, en el caribe colombiano se ha presentado una concentración de tierra que nunca ha sido alterada de manera profunda ni radical ; se trata de una prolongada continuidad histórica con breves “saltos” o “quiebres” que jamás llegaron a desestabilizar el orden definido por las haciendas. De tal forma, la estructura de poder en el Caribe se remonta al ordenamiento espacial de la época colonial. Lo que se constata es la pervivencia de una estructura de gobierno de tipo colonial que ha sabido articularse con tecnologías de poder modernas e innovaciones técnicas en su búsqueda por generar y acumular mayor riqueza.

Despojo y nuevamente despojo. Los Montes de María

Los Montes de María es una subregión, en el Caribe colombiano, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. La historia de violencia que sufrió la población de Montes no la podemos resumir en un párrafo ; sería algo irrespetuoso reducir tanta violencia en una gráfica, una cifra o una frase altiva. No obstante, a modo de contextualización, señalaremos algunos aspectos relevantes, incluyendo cifras si no, ¿de qué manera se habla de la violencia ? ¿cómo la hacemos inteligible ? ¿Acaso la violencia se le escapa constantemente al lenguaje ? En ese sentido, éste es un intento que frente a la tragedia reconoce su insuficiencia.

Una breve descripción general. Para la década de los años 60’s los Montes de María era un sistema ecológico con una tierra altamente productiva, con importantes fuentes hídricas, con grandes extensiones latifundistas y con una población campesina, alguna de ella sin tierra, otra pequeña propietaria, sometida a las formas de sujeción laboral propias de la hacienda.

María la Baja es uno de los ocho municipios que configuran la subregión de los Montes de María. En este municipio se construyó, a finales de los años 60, uno de los sistemas de riego de mayor envergadura como parte de la estrategia de modernización agraria del presidente Carlos Lleras. Este sistema se realizó a través de la canalización de aguas de cientos de arroyos y ríos provenientes de la serranía de San Jerónimo en tres represas principales : la de Matuya, la de Playón y la Piscina. Estas represas redistribuyen el agua en una serie de canales que transitan por 9.688ha (Incoder, 2015).

La estrategia de modernización agraria, además de la construcción de infraestructura, tenía como ejes fundamentales la titulación de tierras a campesinos con poca tierra o sin tierra, así como el apoyo técnico para el desarrollo de cultivos económicamente viables. Es así como se escogió el arroz como el producto para ser sembrado, al tiempo que el distrito de riego se situó en las zonas en donde se llevó a cabo ese intento de reforma agraria.

Del 70 a mitad de los años 90, María la Baja era reconocido como despensa arrocera de la región Caribe. No obstante, con la implementación de las políticas neoliberales y, en particular, con las políticas de privatización y de apertura económica, el sistema de riego se privatizó y los cultivos de arroz entraron a competir con el arroz del sudeste asiático, lo que condujo rápidamente a una crisis de producción y, por lo tanto, a una crisis de vida de los campesinos dedicados a ese cultivo.

En la década de los años 90 podemos afirmar que en María la Baja se da una confluencia perversa que va a producir transformaciones en el territorio y que dará lugar al actual conflicto por el control del agua. Entre los elementos que componen esta confluencia está la integración de la región a la lógica de la violencia de la guerra, con sus consecuencias en términos humanitarios. Según cifras oficiales de 1996 al 2011 en María la Baja, producto mayoritariamente de la violencia paramilitar (masacres, homicidios selectivos y regulación y control de la vida cotidiana), fueron desplazadas de sus viviendas 18.570 personas, número extremadamente alto si se considera que el censo poblacional para el 2005 era de 45 mil personas (Victorino, 2011). Otra faceta recurrente del fenómeno de desplazamiento es el abandono de tierras el cual en María la Baja está estimado en 21.785ha, muchas de las cuales fueron tierras adjudicadas a campesinos en la época de la modernización agraria de Lleras.

El segundo elemento que compone la confluencia perversa es lo que denominamos oportunismo agro-empresarial. Éste consiste en la acción de agentes privados, particularmente empresarios agrícolas que, aprovechando la confluencia en el municipio de la crisis de la agricultura comercial del arroz, la regulación estatal adoptada para enfrentar crisis y la existencia de la guerra, promueven y desarrollan modelos de desarrollo vinculado al capital agro-empresarial (Millán, 2015).

Esta confluencia que se da entre guerra y oportunismo agro empresarial, es la que va a permitir, por un lado, la expansión de la palma de aceite, por otro, la apropiación del distrito de riego por parte de las empresas vinculada a este cultivo, en particular, para el caso de María la Baja, la hacienda Las Flores (propiedad del ex ministro de agricultura, Carlos Murgas). En resumen, el control del agua para el beneficio exclusivo del cultivo de palma.

La palma se expandió en la medida en que la crisis del arroz acentuaba, pero también en la medida en que los paramilitares iban provocando desplazamiento forzado y abandono de tierras. En 1998 el cultivo de palma tenía 93ha, para el año 2012 tenía 6500ha, en 2015 ya eran 10.000ha y el cultivo tiene una proyección de 20.000ha en un municipio que tiene 39.000ha cultivables. La guerra que se experimentó en el municipio tuvo su mayor intensidad en dos momentos : de 1996 a 1998 y del 2002 al 2005. Fueron en estos periodos en los que el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), arremetió contra la población civil a través masacres y homicidios selectivos de líderes de las organizaciones campesinas.

Teniendo control de los lugares y de los espacios de regulación, las empresas que se lucran con el cultivo de palma fueron apropiándose de la distribución del agua. Pero, además de apropiarse del agua la fueron contaminando. Así, el panorama es una suma aritméticamente simple, pero de efectos desastrosos : exclusión en la distribución del recurso del agua y contaminación. Ésos son los dos nuevos fenómenos a los que se enfrentan hoy los campesinos y las campesinas de María la Baja.

De tal forma, con la privatización del uso del agua, se transforman hábitos culturales y simbólicos, se alteran relaciones sociales y ecosistémicas, se restringe –por no decir que se usurpa- el uso, disfrute y goce del territorio. Como sugiere Diana Ojeda et al (2015), la privatización del recurso se hace a través del cercamiento de caminos, por ejemplo, o mediante la priorización de las necesidades de la agro-industria por encima de la vida misma de las personas y esas son formas de despojo cotidiano que se extienden y perpetuán, más allá de las lógicas de la guerra. En efecto, éstas se desprenden de aquella, es decir, gracias a las condiciones de posibilidad que creó la guerra se dieron estas estrategias de apropiación de recursos.

Ahora bien, la palma de aceite como cualquier monocultivo tiende a tener plagas y enfermedades de difícil control que necesitan un alto uso de fertilizantes e insumos químicos. En los canales de riego estos químicos son arrojados y es en estos mismos canales donde niños y niñas juegan o se refrescan del calor. A pesar del conocimiento sobre el vertimiento de estos químicos en el agua y sobre casos de infecciones estomacales, así como de alergias en la piel, los campesinos usan los canales y se apropian a su manera del agua, pues es la única forma de preservar el contacto con el recurso para su uso y disfrute.

Después del desplazamiento, los campesinos y particularmente las mujeres campesinas, no lograban concebir que algunas cosas pudieran ser interrumpidas pues les parecía impensable que el agua pudiera ser transformada, impensable que algo como el acceso al agua pudiera ser restringido e incluso negado, impensable que el agua cotidiana llegara a ser contaminada (Orozco, 2017).

La exclusión del agua tiene como efecto no solo la imposibilidad de producir alimentos, sino que también restringe la posibilidad de actividades cotidianas como cocinar, lavar, saciar la sed. Es en la cotidianidad, en el día a día, que los efectos de la privatización del agua se hacen sutilmente mortales e indignos. De tal forma, el agua hoy está presente tanto en el acto más cotidiano como en los actos más elaborados de defensa, hasta transformarse en fuente ambivalente : de vida y de enfermedad, de sumisión y de resistencia (Orozco, 2017).

Conclusión

Revisar brevemente el caso particular de María la Baja y, por extensión, la situación de Los Montes de María, nos lleva a realizar las siguientes consideraciones. Para caracterizar la estructura de poder en el Caribe colombiano destacamos tres elementos : a) el ordenamiento espacial ; b) la gestión de la población ; c) la hacienda como modelo productivo.

La heterogeneidad de los asentamientos, junto con la movilidad constante de la población generó un bajo nivel de sujeción por parte del Estado colonial. En la fase republicana, el naciente Estado no logró ser más efectivo que su predecesor. Más tarde, en el siglo XX, un Estado más robusto y mejor equipado, se enfrenta a nuevas dificultades, pero con un resultado semejante : la imposibilidad de integrar, bajo su dominio, la totalidad de un territorio y una población. Lo que en la época colonial significó un margen de autonomía para poblaciones y segmentos de la sociedad caribeña, sumado a la continuidad histórica de la hacienda como modelo productivo, se tradujo años más tarde, en dos sectores ampliamente disímiles, pero estrechamente ligados.

Por un lado, la relativa autonomía de los campesinos se fue transformando en vulnerabilidad creciente (de ingobernables a desamparados) ; por otro lado, terratenientes, propietarios, empresarios, fueron consolidando una fuerza capaz de competirle al Estado el control territorial y la gestión sobre la población. Como lo señaló Fals Borda, la hacienda en el Caribe colombiano ha sabido adaptarse a las diferentes condiciones, logrando no solo pervivir sino extenderse. Para lograrlo, ha integrado distintas técnicas e implementado varias estrategias desde su creación en la colonia hasta la actualidad : el concierto, la esclavitud, la innovación técnica, la servidumbre, la proletarización, la apropiación de las tierras de los colonos marginales, la renta y otras tantas entre las que hay que incluir dos tipos de despojos.

El primero, dado en el contexto de la guerra y adelantado principalmente por los grupos paramilitares, fue un despojo violento. El segundo, más sutil, es el despojo cotidiano (privatización del agua). ¿Cómo lo anterior ha repercutido en la estructura de poder ? Cuando los grandes propietarios y agro-industriales adelantan el despojo violento, bajo las lógicas de la guerra, logran configurar un control sobre el territorio (tierra, recursos, infraestructura) y sobre la población (desplazamiento, intimidación, control de movimientos, cambio de hábitos, señalamientos, asesinatos, sujeción productiva) hasta consolidar una estructura de poder cuyo vértice central es la hacienda en su versión más moderna : la hacienda capitalista-empresarial.

En la subregión de los Montes de María (y muy probablemente en el Caribe colombiano) el efecto que la guerra generó sobre la tierra ha sido el de su redistribución donde predomina el despojo, una mayor concentración, la expansión de las haciendas, la apropiación de recursos. Es decir, una nueva cartografía sustentada en buena parte en el despojo violento.

Tras los acuerdos de La Habana, la expectativa en las sub-regiones es alta, particularmente, como es de esperarse, alrededor del Punto 1, la Reforma Agraria Integral pues, en éste, se definirá el uso, la propiedad y el goce de la tierra. Para su implementación se construyen actualmente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que son los encargados de evaluar las propuestas, para definir a largo plazo, la actividad productiva de cada región.

En el contexto actual donde los campesinos, pequeños propietarios y pescadores se encuentran desarticulados, debilitados tras la violencia, con renovados impulsos de organización pero que, en muchos casos, no llega a ser más que incipiente, los únicos proyectos viables y consolidados son los formulados por la hacienda capitalista-empresarial.

Es decir, ante los acuerdos y el Punto 1, en la región, se abren dos horizontes antagónicos. Por un lado, la posibilidad para el restablecimiento de la tierra usurpada, la renovación de prácticas productivas y culturales, el fortalecimiento local ; por otro, la posibilidad para que esa estructura de poder centrada en la hacienda y que integró entre sus estrategias de expansión el despojo violento, encuentre las condiciones para su legalización. Definir lo venidero nos es complicado, sin embargo, podemos afirmar que en la región nuevos conflictos que el acuerdo de La Habana no resuelve van emergiendo de manera localizada.