La política del despojo: el conflicto territorial del pueblo yukpa de la Sierra de Perijá (Venezuela)

Note de bas de page 1 :

Confróntese: Venturini, José Ali. (1984). Naturaleza jurídica del usufructo indígena. En Revista Derecho y Reforma Agraria, Nº 14. Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria. Mérida: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pp. 202, 203, 209.

La lucha de los yukpa por la recuperación de su territorio data de mucho tiempo atrás, al punto que en 1961 –durante el gobierno de Rómulo Betancourt– se oficializó una figura jurídica de ocupación indígena, en el marco de la Reforma Agraria, con el fin de frenar la invasión y expropiación de sus tierras por parte de hacendados y ganaderos¹. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, a partir del año 2000, y la implantación de un régimen político que discursivamente se autoproclama como «indiosocialista», el movimiento indígena nacional sufre drásticas transformaciones. La unidad y fortaleza que poco a poco se había logrado forjar alrededor de una agenda reivindicativa propia, luego de varias décadas de activismo independiente, muy pronto se fue resquebrajando debido a la penetración político-partidista que operó desde el gobierno –y sigue operando– en tiempos de «revolución bolivariana».

Note de bas de page 2 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Se inicia la criminalización contra el líder Sabino y su familia. Si asesinan a Sabino, serán culpables el diario La Verdad y acusadores yukpa tarifados o los dirigentes parceleros guarimberos de Machiques. Maracaibo, 20 de febrero: Autor.

En estas condiciones, los esfuerzos emprendidos por los pueblos indígenas del país con miras a lograr la titulación de sus territorios, luego de elaborado el proceso de auto-demarcación, tropieza muchas veces con la falta de consenso y apoyo en el seno de un mismo pueblo. Tal fue la experiencia que le tocó vivir al cacique Sabino Romero Izarra, de la comunidad de Chaktapa en la cuenca del río Yaza, quien lideró la campaña destinada a rescatar las tierras ancestrales del pueblo yukpa. Sabino no solo tuvo que hacerle frente al poder económico y estatal, sino también a la oposición gestada en una parte de su propia gente: bien porque no compartía la vieja estrategia de ocupar las haciendas, aun cuando se tratara de predios abandonados por sus testaferros o poco productivos; bien por temor a perder el acceso a ciertos programas sociales ejecutados por distintos niveles de gobierno; bien por haber aceptado prebendas a los afiliados de la asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), o, simplemente, por temor a perder sus vidas².

Note de bas de page 3 :

Vivienda tradicional donde residen los yukpa permanentemente, cuando no están de caza o pesca.

c) Tradicionalmente, cada uno de los subgrupos que conforman el pueblo yukpa ocupaba un territorio diferente, orientado siempre hacia un valle fluvial particular. En esos valles, la comunidad solía estar repartida en asentamientos pequeños ubicados sobre las terrazas del valle principal y a orillas de algunos ríos, siendo el patrón de asentamiento una mezcla de casas aisladas, poblados compuestos de dos o tres viviendas y núcleos más grandes que llegaban a tener hasta 16 munna³. No obstante, desde hace mas de cincuenta años, ese patrón de asentamiento tradicional ha sufrido cambios fundamentales como consecuencia de la antigua hostilidad inter e intra-étnica, es decir, entre ellos mismos y con otros indígenas del área; pero, principalmente, debido a la escasez y afectación de la base de recursos bio-ecológicos generadas por la invasión de su territorio.

Note de bas de page 4 :

El sistema de encomiendas nació como una respuesta a la imperiosa necesidad del colono, de mano de obra dócil, segura y controlada. En el sistema de encomiendas, los indígenas encomendados guardaban la propiedad de sus tierras, que no debían confundirse con las concedidas al encomendero por la Merced de Tierras (instituida por la Corona en 1513).

d) Desde los primeros días de la Conquista española, y hasta 1960 aproximadamente, en el territorio comprendido entre el lago de Maracaibo (hoy Venezuela) y el valle del Cesar (hoy Colombia), se estableció un patrón de violencia cíclica que caracterizó las relaciones entre los indígenas y los no indígenas. Cuando en la época colonial les prometieron ciertas garantías de seguridad, varias familias yukpa se atrevieron a desplazarse hacia las regiones mas bajas de la Sierra y se les organizó en Encomiendas⁴. Pero, como era de esperar, estos arreglos duraron muy poco tiempo y los yukpa se regresaron a las montañas, permaneciendo allí hasta el arribo de los capuchinos a fines del siglo XVII.

Note de bas de page 5 :

Nombre con el que los yukpa se refieren a las personas no indígenas.

e) Pese a que los continuos conflictos inter e intraétnicos –aunados a la lucha contra los invasores watía⁵– predominan en la historia de los yukpa, a partir de 1945 surge una nueva situación con el reinicio de la llamada campaña “civilizadora” por parte de los capuchinos –interrumpida antes por la guerra de Independencia– quienes establecieron una misión en El Tukuko. Esta labor misional promovió entre muchas familias yukpa la tendencia a reagruparse en asentamientos de mayor tamaño que los tradicionales, y a ubicarlos a menor altitud (entre los 300 y los 2.000 metros s.n.m.), siendo El Tukuko uno de los poblados mas numerosos en la actualidad.

Note de bas de page 6 :

Después de un período de cultivo que podía variar de uno a tres o más años, se dejaban los conucos en barbecho. Los yukpa reconocían que esto era necesario para el descanso y recuperación de la tierra y para eliminar malezas, enfermedades de los cultivos y pestes animales. Las zonas de barbecho constituían sitios importantes para la recolección de plantas comestibles y medicinales (Ibídem. 84)

Note de bas de page 7 :

En el año 2003, después de 4 años de gobierno, el Presidente Hugo Chávez adopta un nuevo esquema para darle operatividad a su gestión al que bautizó con el nombre de Misiones. Es así como, entre los años 2003 y 2004, se crearon 13 misiones con el apoyo del gobierno cubano, cuya finalidad era demostrar la capacidad de la Revolución Bolivariana para reducir la exclusión social, la cual se había extendido aceleradamente a las áreas de salud, educación, alimentación, producción y vivienda.

g) La vida tradicional yukpa siempre se caracterizó por las migraciones, tanto temporales como definitivas. Aparte de las migraciones temporales producto de expediciones prolongadas para cazar, pescar, recolectar frutos y visitar parientes, ha sido un fenómeno frecuente entre ellos el que las personas abandonen la comunidad por algún tiempo a causa de rivalidades intergrupales, o, más recientemente, para trabajar estacionalmente en las haciendas. Antiguamente, eventos de la vida social como el matrimonio, la muerte de un miembro mayor de la familia y la necesidad de sembrar conucos⁶ en áreas alejadas –o incluso graves conflictos intraétnicos– figuraban también como las principales causas de las migraciones definitivas. Hoy día son cada vez mas comunes este tipo de migraciones, pero motivado por los enfrentamientos con los watía y el impacto de las políticas de corte asistencialista implementadas por el gobierno. De hecho, la invasión y expropiación de sus tierras por parte de los hacendados-ganaderos y de estructuras criminales de ambos países, aunado a la necesidad de asentarse en lugares mas cercanos con el fin de poder beneficiarse de las llamadas Misiones Sociales⁷, los induce a desplazarse hacia la periferia y las zonas populosas de los centros urbanos del estado Zulia.

Note de bas de page 8 :

Portillo, Lusbi. (2000). Reterritorialización del estado Zulia. Ponencia presentada en la Universidad del Zulia.

Note de bas de page 9 :

Carbones del Zulia (Carbozulia), se creó como compañía en 1978. Lamentablemente, la crisis económica del año 1983 llevó al Ejecutivo Nacional a tomar la decisión de traspasar Carbozulia a PDVSA. Bajo la dirección de PDVSA, Carbozulia constituyó, conjuntamente con empresas internacionales, Carbones del Guasare en 1986 para operar la primera mina: Paso Diablo, que inició producción en 1987, ubicada en el Municipio Mara. Igualmente, con participación de capitales extranjeros, constituyó Carbones de la Guajira, que inició producción en 1996 en Mina Norte, Municipio Páez. Las Verdades de Miguel. (2005). El carbón del Zulia. Perjuicio o beneficio Nº 63, julio 08. Disponible en: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1363.htm

i) Desde comienzos del siglo XX, la ocupación de los territorios indígenas en el estado Zulia ha estado asociada a la dinámica de expansión mundial de las multinacionales petroleras y mineras⁸. En efecto, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) se les entregó a las compañías petroleras las tierras ocupadas por los indígenas barí. En la década de 1980, las empresas del carbón obtuvieron en arrendamiento –a través de Carbozulia⁹– el noreste del piedemonte de la Sierra de Perijá y grandes extensiones en las cuencas de los ríos Guasare, Socuy y Cachirí, las cuales forman parte del territorio wayuu. Posteriormente, el Ministerio de Energía le otorgó concesiones en todas las tierras al sureste del piedemonte de la Sierra de Perijá, desde el poblado El Llano –al norte del río Apón– hasta el norte del río de Oro.

Note de bas de page 10 :

www.aporrea.org/desalambrar/a159149.html
Varias comunidades pemón de la Gran Sabana desarmaron y retuvieron a 43 funcionarios militares. El motivo del conflicto reside en la decisión del Gobierno Nacional de reservar para el Estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro, a través de la Ley de Nacionalización del Oro, excluyendo por completo a los pueblos y comunidades indígenas de la zona.

No cabe duda de que en Venezuela los casos que mas han trascendido a la palestra pública en los últimos años –en relación con los problemas que enfrentan los pueblos indígenas– son los referentes a los pemón en el estado Bolívar y los yukpa de la Sierra de Perijá en el estado Zulia, ambas etnias, casualmente, pertenecientes a la familia Caribe. Sin embargo, respecto de la problemática pemón, como fue ampliamente reseñado en distintos medios de comunicación nacional, su repercusión en la opinión pública estuvo determinada en buena medida por la retención de efectivos militares –en dos ocasiones (Urimán 2011-Musukpa 2013)– quienes sometían a los indígenas al pago de tributos y decomiso de sus pertenencias para permitirles desplazarse por sus territorios, aparte de disputarles la explotación de las minas de oro ubicadas en esas zonas¹⁰. Situación muy distinta a la del pueblo yukpa, por cuanto la grave problemática que enfrenta dicho pueblo reside en su tenaz lucha con el Estado por la titulación de su territorio y su enfrentamiento con hacendados, campesinos y factores armados ilegales –tanto venezolanos como colombianos– quienes han usurpado sus tierras levantando una amplia infraestructura agropecuaria y estableciendo rutas para el contrabando. Tal escenario, que data de mucho tiempo atrás pero que se ha agudizado en los últimos 16 años con la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ha traído como consecuencia una espiral de violencia casi incontenible que afecta primordialmente a los indígenas.

Note de bas de page 11 :

Para un tratamiento especializado, véase Bello, Luis. (2011). El reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y de los derechos originarios sobre las tierras que ocupan. En: El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en Venezuela 1999-2010, pp. 35-86.

Note de bas de page 12 :

Gaceta Oficial Nº 37.118 de fecha 12 de enero de 2001.

Note de bas de page 13 :

Creada a través del Decreto Presidencial Nº 1.392, Gaceta Oficial Nº 37.257 de fecha 9 de agosto de 2001.

Note de bas de page 14 :

Gaceta Oficial Nº 38.344 de fecha 27 de diciembre de 2005.

Queda claro que de conformidad con lo dispuesto en la Carta Magna aprobada en el año 2000, luego de un proceso constituyente donde participaron activamente los representantes de las organizaciones indígenas, la demarcación de los hábitats y tierras de los pueblos indígenas no solo es un derecho constitucional de los pueblos indígenas frente al Estado, sino una obligación que el Ejecutivo Nacional debe cumplir como garante de los derechos que les son reconocidos en el texto fundamental del país¹¹. El mecanismo previsto para tal fin es la demarcación, la cual viene a ser la principal política pública –tal como lo afirma Bello– que haría posible el ejercicio de los derechos territoriales de los indígenas. Este procedimiento debe implementarse con la participación directa de los pueblos y comunidades, tal como está previsto en el artículo 119. Por ello, en el año 2001 fue aprobada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas¹² –la cual despertó grandes expectativas– originando la creación oficial, el día 9 de agosto de ese mismo año, de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas¹³. Mas adelante, en el 2005, se aprueba la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas¹⁴ que también garantiza los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente han ocupado.

Note de bas de page 15 :

Pronunciamiento de las Organizaciones Indígenas del estado Amazonas, el día 15 de marzo de 2011 y del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), el día 22 de marzo de 2011.

Pero, más allá de la objeción de carácter jurídico, ese decreto fue contundentemente rechazado por numerosas organizaciones indígenas, y hasta el propio Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), por motivos políticos y reivindicativos: con este se limitaba la participación directa de sus organizaciones, al establecer una Secretaría Ejecutiva compuesta exclusivamente por funcionarios estatales. Adicionalmente, se convertía a los representantes indígenas con plenos derechos en simples voceros y se cambiaba la forma de aprobar las decisiones y la composición del quórum, pasando de una mayoría calificada a una mayoría absoluta, tanto para la toma de decisiones como para la conformación del mismo quórum. Por tales razones, las organizaciones indígenas estimaron que dicha disposición iba a obstaculizar todavía mas el proceso de demarcación, volviéndolo prácticamente inoperante. En simultáneo, denunciaron a la ministra indígena Nicia Maldonado por “promover la división, el enfrentamiento y la agresión hacia las organizaciones sociales indígenas que apoyan este proceso, a través de su descalificación y deslegitimación”, llegando incluso a solicitar su destitución al Presidente Chávez¹⁵.

Note de bas de page 16 :

En octubre de 2008 se publicó en un diario de circulación nacional: “Los hechos indican que el proceso de demarcación que formalmente comenzó en 2004 está lejos de concluir. Es poco factible que se cumpla la última oferta hecha por la ministra del Ambiente y Recursos Naturales, sobre la eventual entrega definitiva de 60.000 hectáreas que reclaman los yukpas antes de finalizar el año”. El Nacional. Siete Días. 12 de octubre de 2008.

Ahora bien, ¿cómo repercutió el cambio, a nivel institucional de los organismos estatales encargados del proceso de la demarcación, en la lucha emprendida por los yukpa de la Sierra de Perijá para hacer valer sus demandas territoriales? De acuerdo con informaciones publicadas en distintos medios de comunicación –tanto convencionales como alternativos– la falta de titulación de sus tierras ancestrales¹⁶, sumado a la negativa del gobierno de realizar la demarcación conforme a las propuestas de los propios indígenas, desencadenó una serie de conflictos a partir de agosto de 2008, cuando algunos líderes yukpa asentados hacia el norte decidieron ocupar varias haciendas ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá –específicamente en la cuenca del río Yaza donde establecieron el centro originario Chaktapa, Guamo Pamocha y Shiraji– como medida de presión contra el retardo gubernamental. Desde entonces no han cesado los enfrentamientos con los hacendados y ganaderos de la zona –quienes cuentan con el apoyo de distintos cuerpos de seguridad del Estado y de grupos criminales– los cuales dejaron el lamentable saldo de 8 líderes asesinados entre 2009 y 2013 solo en el Yaza, además de mantener un clima de violencia generalizada, vejámenes y amenazas.

Note de bas de page 17 :

Yubirí Ortega.

Note de bas de page 18 :

Ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas en ese momento.

Lo primero que hay que tener claro para comprender el conflicto es que las tierras pertenecen a los yukpas y que los ganaderos y parceleros sólo tienen derechos sobre las bienhechurías que han construido para el desarrollo de la actividad agropecuaria […] la cohabitación que propone la Comisión Nacional de Demarcación del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, así como el Ministerio para Pueblos Indígenas, es una burla a la Constitución y a las leyes que establecen el derecho de los indígenas sobre sus tierras y hábitats […] Las ministras traicionan a los indígenas y a Chávez, porque los yukpas aspiran a una tierra saneada, sin ganaderos ni minas, y el Presidente fue muy claro al respaldar tal aspiración. Si se hace lo que propone la ministra del Ambiente¹⁷, los yukpas van a quedar confinados en espacios minúsculos. Si los indígenas firman las cartas de convivencia que les exige Nicia Maldonado¹⁸, claudicarían en su lucha sin haber sido reivindicados (Portillo, L. 2008).

Note de bas de page 19 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 27 de agosto de 2008.

Note de bas de page 20 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 13 de octubre de 2008.

Sin embargo, esta comisión fue objetada por los yukpa dada su justificada desconfianza hacia los militares. En esa oportunidad, los yukpa solicitaron una intervención mas directa del Presidente Chávez y cuestionaron la actuación de la ministra Nicia Maldonado, pidiendo su destitución¹⁹. Los integrantes de la Comisión, incluidos la ministra Maldonado y el Vicepresidente Elías Jaua, junto a otros delegados gubernamentales, afirmaron que en dos meses estaría culminada la delimitación del área en disputa y que los yukpa participarían en el proceso de demarcación de sus tierras. Por tal razón, la entrega de títulos prevista para el 12 de octubre de ese mismo año fue suspendida y en su lugar se anunció un plan de desarrollo e inversión social en la Sierra de Perijá, por un monto de 235,4 millones de bolívares²⁰, destinados a atender la crítica situación de pobreza que viven los pueblos indígenas de la zona. Todo ello, en un vano intento por atemperar las tensiones producidas por el enfrentamiento entre ganaderos e indígenas.

Note de bas de page 21 :

Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 11 de octubre de 2009.

En octubre del año siguiente (2009), el gobierno realizó una entrega de títulos de propiedad sobre espacios fragmentados, es decir, por parcelas, violando así lo establecido en la Ley de Demarcación y desvirtuando de esta manera la propuesta de demarcación original hecha por las comunidades yukpa, lo cual fue denunciado públicamente en diferentes medios de comunicación. Según las informaciones de prensa, el 85% de las tierras indígenas no serían entregadas a los yukpa: la demarcación del territorio incluía, en una primera fase, sólo 46.000 de las 285.000 hectáreas exigidas²¹.

Note de bas de page 22 :

Dos indígenas fueron asesinados en enfrentamientos en Perijá. Yukpas y ganaderos culpan al Gobierno por la violencia. La ministra del Ambiente y el ministro de Relaciones Interiores estuvieron por semanas dividiendo a los indígenas con la demarcación y crearon este clima de inseguridad”. Diario El Nacional. Ciudadanos, Regiones. 15 de octubre de 2009.

No es de extrañar entonces que por esta perversa espiral de violencia y conflicto en la Sierra de Perijá, se haya responsabilizado al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente –que presidió la Comisión de Demarcación hasta el año 2011– al Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas²². Según los líderes legítimos de este pueblo indígena, y las organizaciones de derechos humanos que les apoyan, estas instancias han favorecido los intereses y la protección de los ganaderos y terratenientes de la zona, en claro detrimento de los derechos territoriales de los yukpa. De acuerdo con la versión ofrecida en la ONU por la dirigente yukpa Zenaida Romero:

Note de bas de page 23 :

Comunicación personal, 2014.

Note de bas de page 24 :

Pérez, Eduardo. (2007). La muerte negra. Entrevista a Quintero Weir. Publicada el 12 de marzo en:
www.soberania.org/Articulos/articulo_3001.htm

Note de bas de page 25 :

Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ).

Otro asunto de larga data que enfrenta a los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá con el gobierno venezolano en lo relativo al territorio, es el referente a los planes de exploración y explotación del carbón. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Dr. Montes²³ (consultor ambiental), el gobierno nacional planea explotar varias minas ubicadas a lo largo de toda la Sierra de Perijá, a través de concesiones dadas a empresas extranjeras. En el Norte, se prevé la ampliación de las minas Norte y Paso Diablo en la Cuenca del río Guasare –actualmente en producción– y en el Sur las minas ubicadas en El Tukuko, Aricuaizá, Río de Oro y Guaracuyá, además de una zona hacia al Sur, fuera del sistema montañoso, ubicada cerca del poblado llamado Casigua El Cubo. Proyectos que afectarían directamente a los cinco pueblos indígenas del estado Zulia; a saber, añú, barí, japreria, wayuu y yukpa. Esta información había sido difundida también en la entrevista realizada a Quintero Weir el 12 de marzo de 2007²⁴. Según él, Carbozulia tiene en proyectos carboníferos 2.750 hectáreas en Socuy, 3.750 has. en Cachirí, 47.000 has. en Río de Oro y 78.256 has. en el Tukuko-Aricuaizá. Pero como bien lo afirma Quintero Weir²⁵:

Note de bas de page 26 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Carbón, Chávez y Arias Cárdenas. Maracaibo, agosto 06: Autor

Decimos «provisional», por cuanto los planes carboníferos nunca han sido realmente abandonados por el estamento político-gubernamental de las administraciones Chávez-Maduro. Todo lo contrario. Con la llegada a la Gobernación del Zulia de Francisco Arias Cárdenas en diciembre de 2012, se impulsa otra vez el ciclo de planificación minera en la región. Así lo revelan las denuncias realizadas por la organización Sociedad Homo et Natura²⁶ los indígenas y los movimientos ecologistas de la región, las cuales dan cuenta de la intención de crear una gran infraestructura portuaria-vial en el lago de Maracaibo para transportar el carbón, y otras materias primas, hacia el exterior. La iniciativa incluye abrir nuevas minas en el sur del lago de Maracaibo y en la Sierra de Perijá.

Note de bas de page 27 :

Decreto Nº 1.606, Gaceta Oficial Nº 40.599, de fecha 10 de febrero de 2015. Con este decreto, el Ejecutivo le otorga a la empresa Carbones del Zulia S.A. –filial de Petróleos de Venezuela S.A.– 24.192 hectáreas de las cuencas de los ríos Guasare y Socuy para explotar carbón.

Las ubicadas en esta última, contarían con un sistema de entramado ferrovial que atravesará todo el piedemonte de la Sierra hasta desembocar en el denominado Puerto Bolívar (o Puerto América), en el Golfo de Venezuela. También se proyectó la construcción de una planta carboeléctrica en la mina Paso Diablo, cuya administración es compartida por el Estado con la empresa norteamericana Peabody y la inglesa Anglo American Coal Holding, en la empresa mixta Carbones del Guasare S.A. Desde entonces los indígenas, los ambientalistas y los movimientos sociales se mantienen en pie de lucha frente a los planes de elevar la explotación de carbón de 8 millones a 36 millones de toneladas al año²⁷. Denuncian que en la actualidad las minas Paso Diablo y Norte ya contaminan el río Guasare, y de explotarse el yacimiento en el área del Socuy se terminará por afectar el río del mismo nombre, y, en consecuencia, los embalses Manuelote y Tulé, los cuales surten de agua potable a varios municipios de la entidad. La misma objeción es extensible para la mina Las Carmelitas, que contaminará el río Laja, la represa Los Tres Ríos y el embalse Winka.

Note de bas de page 28 :

Decreto Nº 40.733 del 27 de agosto de 2015.

A raíz de la presión ejercida por las organizaciones sociales y ambientales regionales –lideradas por el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia, la ONG Sociedad Homo et Natura y comunidades wayuu de la Sierra de Perijá que serían afectadas por la explotación del carbón, el Ejecutivo Nacional modifica «por error material» el Decreto Nº 1.606²⁸. Tal rectificación reducía considerablemente el área a explotar, de 24.192 has. a 7.249 has., es decir, una superficie tres veces menor a la contemplada originalmente en el decreto, además de prohibir la apertura de nuevas minas –únicamente operarían las dos minas ya abiertas, Paso Diablo y Norte– y tampoco se autorizaba la construcción de una termoeléctrica a base de carbón (carboeléctrica). Ahora bien, lo trascendente de la decisión tomada por el Ejecutivo nacional residía en que con ella «aparentemente» se abortaba el antiguo proyecto con el que se aspiraba a construir una gran infraestructura portuaria-vial para transportar el carbón –y otras mercancías– desde el norte de Santander (Colombia) y la Sierra de Perijá hacia el mar Caribe.

Note de bas de page 29 :

http://www.larazon.net/2015/06/30/decreto-presidencial-amenaza-a-la-sierra-de-perija/

De acuerdo con denuncias realizadas por Lusbi Portillo²⁹, este mismo plan fue impulsado por Arias Cárdenas –actual gobernador del Zulia– entre los años 1995 y 2000 durante su primer periodo de gobierno en la entidad. No obstante, la iniciativa se remonta al 19 de noviembre de 1989, cuando mediante el Decreto Nº 952 el Ejecutivo crea la “Comisión Presidencial para el estudio de la alternativa Paseo Litoral del Lago de Maracaibo”, la cual será modificada en sucesivas oportunidades:

Note de bas de page 30 :

El Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Gaceta Oficial Nº 6.118, Extraordinario del 4 de diciembre de 2013.

Como bien lo ha señalado públicamente el exsenador de la República Alexander Luzardo, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO) y demás proyectos contenidos en el Plan de la Patria³⁰, están asociados a una repartición del territorio en áreas de influencia por parte de grupos que detentan el poder político y económico. El ecocidio, el etnocidio y la más abyecta corrupción están asociados a estos planes, por medio de la venta y reventa de concesiones en la bolsa de Toronto y de otros países «desarrollados». En palabras textuales de Luzardo:

Note de bas de page 31 :

Para una visión detallada, léase Ávila, Ariel F. (Coord.). (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Narcotráfico. Cartel de gasolina. Corrupción. Paramilitarismo. Retaguardia de la guerrilla. Cundinamarca: Corporación Nuevo Arco Iris y Random House Mondadori SAS.

Tales apreciaciones parecen guardar puntos de coincidencia con una exhaustiva investigación hecha en Colombia sobre las dinámicas y las estructuras de los grupos armados ilegales a ambos lados de la línea fronteriza. En dicho trabajo³¹ se analiza la transformación y reconfiguración de los grupos criminales en la zona, los mercados legales e ilegales en los que participan, y los grados de penetración institucional que han llevado a cabo en los últimos veinte años, dando origen a un «Estado mafioso virtual» en donde casi no se distinguen las acciones del crimen organizado de aquellas que realizan determinadas instituciones.

Note de bas de page 32 :

Sociedad Homo et Natura. (2012). Los indígenas no son campesinos. Maracaibo, agosto 17: Autor.

Esto lo hizo el 12 de octubre de 2009. El segundo abarca 143.610,50 has. y fue entregado el 15 de diciembre de 2011. Sin embargo, los yukpa congregados en torno a la lucha del cacique Sabino rechazaron tales títulos por considerar que dividía y fragmentaba la integridad del territorio ancestral reclamado por ellos, porque apenas representaba una mínima porción del mismo, y porque –como colofón– se le reconocía derechos a terceros, esto es, a campesinos y parceleros invasores, hacendados, empresas nacionales y extranjeras, etcétera³².