Corrupción y desigualdad social: sendas de la antidemocracia Corruption and social inequality: pathways of the anti-democracy
El artículo describe las relaciones ambiguas entre el poder económico y el Estado, y analiza cómo el discurso anticorrupción puede ser usado para ocultar prácticas de corrupción política, que seguirán impunes en perpetuación de un sistema corrompido. Además, relaciona la desigualdad social a la corrupción por el poder económico, desde un punto de vista crítico, mostrando que la corrupción no impide el crecimiento económico, pero sí profundiza la desigualdad social, capturando las personas en un círculo vicioso que genera la pérdida de la cultura de lo común, lo colectivo, lo público, comprometiendo de esta manera a las democracias liberales.
L’article décrit les relations ambiguës entre le pouvoir économique et l'État et comment le discours anti-corruption peut être utilisé pour rendre invisibles des pratiques de corruption politique, qui resteront impunies dans la perpétuation d'un système corrompu. En outre, l'inégalité sociale à la corruption par le pouvoir économique, d'un point de vue critique, montrant que la corruption n'entrave pas la croissance économique, mais aggrave les inégalités sociales, en capturant les gens dans un cercle vicieux qui génère la perte de la culture du commun, du collectif, en compromettant les démocraties libérales.
O artigo descreve as relações ambíguas entre o poder econômico e o Estado e como o discurso anticorrupção pode ser usado para invisibilizar práticas de corrupção política, que seguirão impunes em perpetuação de um sistema corrompido. Ainda, relaciona a desigualdade social à corrupção pelo poder econômico, desde uma perspectiva crítica, mostrando que a corrupção não impede o crescimento econômico, mas antes aprofunda a desigualdade social, capturando as pessoas em um círculo vicioso que gera a perda da cultura do comum, do coletivo, comprometendo as democracias liberais.
The article describes the ambiguous relations between economic power and the state and how anti-corruption discourse can be used to make invisible practices of political corruption, which will continue unpunished in perpetuation of a corrupted system. In addition, it relates social inequality to corruption by economic power, from a critical point of view, showing that corruption does not impede economic growth, but it does deepen social inequality, capturing people in a vicious circle that generates the loss of the culture of the common, of the collective, compromising democracies.
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Imagen retirada del sitio: https://andradetalis.files.wordpress.com/2012/03/piramide.jpg. Acceso en julio 2020.
“Defiendo el control del capital y la superación del capitalismo. Sólo así nos proyectaremos en el siglo XXI.”1
Fuente: Pimberton-Piketty (2020), Le capital au XXIe siècle
1. Introducción: a modo de definición
En las últimas décadas se habla constantemente de corrupción hasta convertir este término en una referencia permanente del imaginario social y del debate político que, en ocasiones, llega a ser bastante inquietante. No es algo nuevo, pero ahora parece que se presenta como un mal endémico de la democracia liberal y de su estructuración en partidos políticos tradicionales. Por ello, la lucha contra la corrupción se ha convertido en muchos países en el eje central de la disputa política y/o electoral e, incluso, en el leitmotiv de las nuevas estrategias de lawfare o guerra jurídica (Fariñas Dulce, 2018), como antes lo fue la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo.
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En un Estado capitalista, la organización y distinción entre público y privado es hecha según el contexto político dominante. Si este contexto tuviera sesgo protector del capital, la tendencia es la prevalencia privatista y privatizadora de las instituciones, que opaca las prácticas de corrupción – sacando un bien, una entidad del Estado para la órbita privada, por el sentido común sobre corrupción, ya no se habla de ella en los ilícitos involucrando estos bienes y entidades.
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Fuente: sitio del Banco Mundial, información básica de 19.02.2020. [en línea], [consultado 15 julio 2020]. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet.
En este sentido, Boito Júnior (2017: 9-10) presenta la corrupción como una ideología, rectius una creación ideológica del estado capitalista. Al final, ¿quiénes definen lo que es público y lo que es privado?2 En el régimen capitalista, el capital tiene el poder económico para convertir lo público en privado, como también para pervertir lo público, lo que verdaderamente se puede llamar corrupción. Sin embargo, el Banco Mundial hasta hoy preconiza un concepto ideológico de corrupción, como “el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados” que, según la entidad, “abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno hasta el hurto de fondos públicos”3. Pero, esta definición pasa de largo al entender la corrupción como un hecho originado desde el poder económico. Por eso, es importante superar el abordaje de la corrupción desde lo público y hacerlo desde su génesis, en lo privado, esto es, en un poder económico corruptor.
El lawfare, que se desarrolla en la disputa política y/o electoral de muchos países, es solventado desde la financiación privada que defiende los intereses de los que, se pretende, sean vencedores. Este mecanismo perverso opera mediante la aniquilación del ex adverso, categorizándolo como enemigo y corrupto. El discurso ideológico de la corrupción esconde la corrupción política que pone en riesgo a las democracias, como será explicado más adelante.
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Fuente: diccionario de la RAE. [en línea], [consultado 30 junio 2020]. Disponible en: https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n?m=form.
Ahora bien y desde una perspectiva heurística, dejando de lado ahora los debates políticos, económicos, sociales e, incluso, jurídicos, necesitamos abordar una posible definición de lo que sea la corrupción. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), la corrupción en su cuarta acepción es definida de la siguiente manera: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”4. Sin embargo, el concepto sigue con el vicio original, ocultando el poder económico corrompedor. Podemos buscar también definiciones más amplias en el ámbito cultural, en el económico y en el de la Ciencia Política. Es clásica la referencia a Dobel, quien definió hace ya algunos años la corrupción como “la incapacidad moral de los ciudadanos de formar compromisos moralmente desinteresados hacia acciones, símbolos e instituciones que benefician al bienestar colectivo" (Dobel, 1978: 958).
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Bratsis (2017: 22) refiere que la comprensión tradicional de corrupción como decadencia y destrucción, común a filósofos políticos desde Aristóteles a Maquiavelo, fue substituida por una nueva noción de corrupción de las sociedades capitalistas. Dobel (1978), citado en este artículo, conecta la práctica corruptora a la conducta disruptiva del bienestar colectivo, categoría más cercana a las cuestiones que afectan a la desigualdad social tratadas en este artículo.
Aquí aparece una indicación que vamos a seguir en el desarrollo de este artículo, que es la referencia a la falta de adhesión y de compromiso moral de los ciudadanos y ciudadanas con la defensa del interés general o de los bienes colectivos.5 Este tipo de adhesión se hace imprescindible para fortalecer el enganche legitimador de las personas con sus instituciones democráticas. Dicha carencia, a su vez, tiene como punto de arranque una estructura social basada en un acceso jerarquizado a los bienes materiales e inmateriales, que perpetua la desigualdad socio económica, de clase, de estatus y de etnia, premiando al que triunfa sea cual sea el medio utilizado para ello. Otra indicación a ser adoptada para seguir el texto, es la concepción propuesta por Boito Júnior, de que “la corrupción es apenas uno de los aspectos y también uno de los síntomas de la separación meramente formal entre lo público y lo privado establecida por el Estado capitalista” (2017: 18)
Mascaro, señala con claridad, que la decisión de cuántos y cuáles capitales, capitalistas, actos y negocios jurídicos serán acusados y combatidos como corruptos se da en el campo de las relaciones concretas de fuerza económica, política, ideológica y cultural, con luces y sombras lanzadas por hechos, noticias, reacciones sociales, decisiones jurídicas que sensibilizan de manera variada la percepción de las corrupciones y de su combate (2018: 132).
Por lo tanto, en el origen de la corrupción se encuentra la desigualdad estructural y sistémica, y ambas debilitan o impiden un pleno desarrollo democrático de la estructuración social. Poder económico, corrupción, desigualdad y democracia se conjugan juntas en un peligroso baile de máscaras.
2. Corrupción y Democracia
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El estadunidense Michael Walzer, filósofo político, es defensor del pensamiento comunitario en la teoría política, en crítica al liberalismo. Es suya la famosa frase que describe, para los fines de este artículo, una subjetividad descomprometida de la cultura del común: “El autorretrato del individuo compuesto solo por su obstinación, libre de cualquier bono, sin valores comunes, bonos obligatorios, costumbres o tradiciones - sin dientes, sin ojos, sin sabor, sin nada -, solo necesita ser evocado para ser devaluado: él ya es la ausencia concreta de valor” (Walzer, 2008: 209). Obs.: la traducción es nuestra.
La corrupción deteriora la democracia, porque carecemos de una cultura de lo común, de lo que nos afecta e interesa a todos y todas cuando caemos en un individualismo destructivo de aquél que utiliza el sistema para su beneficio propio. Necesitamos construir una cultura de servicio público, que permita separar a las instituciones democráticas del Estado de Derecho de los intereses meramente partidistas. Esto se hace desde el rescate a la percepción de lo colectivo, es decir, con la reconstrucción del pensamiento comunitario6 contrapuesto al liberal, valorizando la solidaridad, el bien común, el bienestar social. Necesitamos tejer espacios públicos de convivencia, donde todos y todas estemos implicados.
Dicha carencia de cultura de lo común se agrava cuando comprobamos el déficit normativo existente en muchos países de leyes de transparencia y rendición de cuentas. Es un hecho que las democracias liberales y el Estado de Derecho necesitan mecanismos que refuercen su funcionamiento y sometan a control el ejercicio legítimo del poder, así como valores y principios de ética pública, que promuevan el compromiso moral de los ciudadanos y ciudadanas con sus instituciones y normas jurídicas.
Evidentemente, también es necesario que el capital, sobre todo el transnacional, tenga controles similares de transparencia y de rendición de cuentas, pues, mientras los Estados tienen reglas rígidas presupuestarias – aunque no del todo suficientes-, lo mismo no se puede decir en relación al presupuesto de grandes bancos y corporaciones, para los cuales no hay ninguna regla.
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Bratsis (2017: 25) destaca que la corrupción política involucra la consideración de intereses privados en el proceso de elaboración de políticas, por medio de sobornos u otra forma de inducción, representando una toma de decisiones muy alejadas de la vida de las personas.
Otra dimensión a ser considerada es la de la corrupción política7, pues mientras la corrupción de la administración pública ha sido el enfoque de las preocupaciones del sentir popular respecto del tema, el compromiso de políticas con intereses privados tiene consecuencias nefastas mucho mayores para la población. La primera se consuma y agota en el beneficio buscado por los agentes públicos y privados, pero la segunda, una vez obtenida una ley, una política pública corrompida por el poder económico, tendrá sus efectos perpetuándose durante largo del tiempo. La corrupción política, de esta manera, se perpetúa en el tiempo, socavando el interés colectivo presente y futuro en todo lo relativo al bienestar común, al derecho de las personas a ser respetadas como individuos en una sociedad pluralista. Este sentimiento antagónico, tanto colectivo como individual, tiene su base en la erradicación de un interés común, de tener metas colectivas a ser logradas en una sociedad que trabaje para y con el pueblo y no para unos pocos. Así, lo que observamos es irresponsabilidad y falta de compromiso en el quehacer estatal, motivado por la prevalencia de la defensa del poder económico en las acciones administrativas.
Zaffaroni-Bailone, hablando de la transformación del poder punitivo, explican que desde las últimas tres décadas del siglo pasado el capital financiero se hipertrofió sobre el capital productivo, avanzando para reemplazar a los políticos por administradores de las corporaciones transnacionales, conformando un totalitarismo financiero que pretende instalarse como paradigma de gobierno, legitimado por el discurso neoliberal (2019: 299).
Para superar este paradigma es necesario alcanzar el paso de la ética al Derecho a través de la acción política. O, dicho de otra manera, que el poder político alcance sus fines de justicia a través del Derecho. Para ello es imprescindible generar unas instituciones democráticas de participación, adecuadas para que los ciudadanos y ciudadanas lleguen a un acuerdo sobre una concepción política de lo justo desde las diferentes y discrepantes concepciones individuales.
Pero este pacto social necesario no se corresponde, en nuestra opinión, con un consenso armónico y estático, sino con un proceso de lucha por derechos, recordando a Herrera Flores (2008: 156) para quien los Derechos Humanos, desde un plano político, son los resultados de los procesos de lucha antagonista contra la expansión material y la generalización ideológica del sistema de relaciones impuesto por los procesos de acumulación del capital. Y parafraseando a Ihering, el pacto social y, por lo tanto, el fundamento ético del Derecho es el resultado de un conflicto de intereses y de un proceso de lucha por la conquista de los derechos, las libertades y la dignidad humana. Este proceso, sin embargo, no puede ser solapado por el poder económico cuando contamina la política.
Evidentemente, los problemas actuales son más profundos y complejos. Muchas democracias liberales en América Latina y también en Europa están pasando una crisis social, económica, política y sistémica, con graves pérdidas de derechos y privatizaciones de servicios públicos, políticas de austeridad económica, amplios márgenes de exclusión social y desigualdades, enormes dosis de corrupción, clientelismo político, fraude y evasión fiscal consentidas, donde impera la cultura del incumplimiento y de la impunidad, a la vez que una programada interpretación espuria de las normas jurídicas (el lawfare o “guerra/cruzada jurídica” utilizada contra los adversarios políticos).
Todo esto coadyuva a una creciente desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones democráticas mientras sienten mayores consecuencias de injusticia social, es decir, están sometidos a un déficit de creencia en el Estado como un ente público en favor de lo colectivo, producidos reiteradamente, y a un descrédito de la política como medio de alcanzar el bien común. La corrupción política producida por el poder económico que lleva a este estado de cosas pasa de largo de la percepción común.
Parafraseando al iusfilósofo argentino Carlos Santiago Niño (1992), estamos asistiendo al desarrollo de una “anomía constitucional” (interpretación privada, interesada y espuria de la Constitución en beneficio privado de unos pocos), junto a una “anomia boba” (es decir, la reiteración de comportamientos ilegales “auto frustrantes” de los ciudadanos y ciudadanas que perjudican a toda la sociedad) y al desarrollo de “sociedades anómicas” donde la inobservancia de las leyes es tan generalizada que da la impresión de que ya no existen y, por lo tanto, de que todo vale (cultura de la ilegalidad) con tal de alcanzar los objetivos particulares de cada uno. Triunfar, ganar dinero, tener éxito y poder, sean cuales sean los medios para alcanzarlo, es lo que importa, y la adhesión o compromiso moral con las normas legalmente establecidas pasan a un segundo plano. El problema está no sólo en la quiebra de la autoridad legal y judicial, sino en que sin el compromiso con un orden moral que sustente a la regulación jurídica pública, los individuos no pueden comportarse como ciudadanos y ciudadanas, es decir, como sujetos morales de derechos y obligaciones, sino como seres aislados cuyo individualismo sistémico implica un rechazo a la regulación como tarea colectiva y recíproca, favoreciendo a la amplía movilidad del capital entre las instancias estatales y política, retroalimentándose en un círculo vicioso.
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Touraine (1977).
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Fariñas Dulce (2014).
La sensación es que asistimos a un proceso de “desintitucionalización” o “desocialización”8 de la economía, la política, el derecho y la religión, que ha dado lugar también a una deconstrucción de la ética pública contemporánea. Desinstitucionalización significa la desaparición de normas o la disociación de las normas y de los valores sociales con las que se ha construido el espacio público de la convivencia y la estructura moral de las sociedades modernas. Significa, por lo tanto, descontrol, desorden, ausencia de normas y valores comunes, ausencia de vínculos cívicos para la integración social. Estamos en un proceso de desregulación9 del orden político, económico, laboral y religioso, que desordena sobre todo el pactado reparto de competencias, espacios y poderes entre dichos órdenes. Se están cambiando las “reglas de juego” y esto no es algo coyuntural ni de mera casualidad. Supone un cambio estructural, que afecta al corazón de la democracia liberal.
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Obs.: la traducción es nuestra.
Antonio Negri, en la misma dirección, registra que el debilitamiento de las regulaciones jurídicas nacionales, la primacía de las reglas informales sobre las normas codificadas y la forma débil de gobernanza abren las puertas para cazadores de lucros, triunfando la corrupción. En sus palabras, “el combate contra la corrupción por parte del Estado fuerte se vuelve paradójico, entre tanto, cuando la regulación perturba las prácticas normales de negocios que son esenciales para el lucro” (Negri, 2012:232)10.
En estas condiciones, cuando los espacios públicos laicos dejan de ofrecer vínculos de integración social y mecanismos institucionales de seguridad, es cuando los seres humanos se diluyen en un mosaico de identidades fragmentadas y buscan criterios de unidad e integración en una identidad étnico-religiosa o en herencias culturales, místicas o nacionales esencialistas. Esto representa una inquietante amenaza para la tradición democrática, plural y laica del Estado de Derecho y sus ideales de libertad, igualdad y solidaridad, así como para la legitimidad universal de los Derechos Humanos (Fariñas Dulce, 2018).
Lo que está ocurriendo en los últimos años es que las élites económicas neoliberales, las ideologías políticas ultraconservadoras y las fuerzas religiosas fundamentalistas se están uniendo en contra del orden político y jurídico libre y democráticamente establecido. Están emprendiendo una lawfare o cruzada jurídica “anti-derechos” (ilegalización del aborto, derogación de derechos de los colectivos LGTBI+, supresión de derechos socio-laborales, sustitución del contrato laboral por el contrato civil, leyes anti-inmigración, etc.) de consecuencias todavía no previstas. Esta cruzada “anti derechos”, se enmascara en la reivindicación de unas libertades supuestamente amenazadas de unos grupos sociales que no quieren perder su poder institucional y social, del cual abusan como patrimonio unilateral. Por ello no están dispuestos a aceptar que los derechos y las libertades sean para todos, pero sí que sigan siendo una especie de “coto vedado”, un privilegio, un lujo politizado para unos pocos. Lo novedoso está en que ahora esta alianza pretende suplantar la pactada sumisión del poder político y económico al derecho, al Estado de Derecho, por un nuevo poder de mando absoluto anti-corrupción, una especie de neo cruzada cautivante de las masas descontentas y conducidas a la frustración con la política.
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Brasil se volvió un ejemplo clásico con el “lavajatismo”, en la dirección del lawfare de la operación “lava-jato”, provocando grave convulsión social y un impeachment indebido de la presidenta Dilma Rousseff que llevó a una seria crisis político-institucional y económica en el país que arrastra sus efectos hasta el momento.
En esta línea, Warde (2018: 16) denuncia como el “combate” contra la corrupción, desde el punto de vista del capital, demoniza la política, expone las leyes al ridículo y lleva las instituciones al punto de ruptura, en sus palabras, en una “fatiga que flirtea con lo irreversible”11. Stanley (2018: 40-41), por su parte, resalta además que, enmascarar la corrupción bajo el disfraz de anticorrupción, es una estrategia de la propaganda fascista.
En estos últimos años, desde la nueva extrema derecha fundamentalista global se ha buscado el voto a cualquier precio. Incluso, incardinando y manipulando un cierto conservadurismo de la clase trabajadora desposeída y de las clases medias frustradas y despolitizadas contra los efectos negativos de la globalización neoliberal (paro, precarización, disminución de las rentas del trabajo, desclasamiento, privatización de servicios públicos, humillación política etc.), con el conservadurismo cristiano (ultra católico o evangélico), autoritario y racista, que se manifiesta contra una sociedad caracterizada por una diversidad creciente que ni acepta ni está dispuesta a comprender para no perder su hegemonía social y cultural, pero también económica. Es, sin duda, una manipulación espuria, de consecuencias todavía no previstas. Pero, de momento, la alianza está funcionando electoralmente en muchos países.
El resultado es inquietante, porque se está destruyendo la democracia liberal desde dentro, aniquilando sus instituciones, sus canales participativos, órganos de representación y sus mecanismos de crítica y de deliberación sobre cuestiones cruciales de la convivencia social. A la vez se está retroalimentando la ignorancia de la población y los comportamientos disciplinarios de vigilancia social y represión que conducen hacia “una sociedad programada” (Touraine, 1994) y cooptada por el neofascismo social de las post-democracias (Sousa Santos, 2009). Ignorancia y autoritarismo suelen ir de la mano (Adorno, 2003) y conjugan el peor escenario posible, ya que se impide la posibilidad de construir metas socialmente compartidas por todos, se obstaculiza el dialogo y se frena la estructuración democrática de la sociedad y, lo que es peor, esta comienza a operar sobre una realidad distópica (patriarcalismo, racismo, xenofobia, homofobia, aporofobia, clasismos etc.).
Roto el pacto social, volvemos a la libertad sin ley, una libertad impregnada de animalidad, es decir, la “ley del más fuerte”, que efectivamente beneficia al más fuerte. Esto supone un jaque mate a la legitimación intelectual de la democracia liberal. El neoliberalismo está triunfando sobre el liberalismo. El contexto descrito es lo más opuesto al liberalismo democrático, plural, laico y humanista de la Modernidad con sus luces y sus sombras, hasta llegar a consolidarse en algunos países lo que Zakaria denominó hace ya algunos años como “democracias iliberales”(Zakaria, 1998) o, incluso, las “democraduras”, es decir democracias formales que se desplazan internamente hacia el autoritarismo, donde predomina el ejercicio del poder sin la política, prima el interés privado sobre el interés general y se está instalando la opulencia de lo privado sobre la pobreza de lo público.
En definitiva, las democracias ya no mueren con golpes militares violentos, sino debilitando o pervirtiendo sus poderes básicos, especialmente, el sistema jurídico y la prensa, a la vez que deslegitimando a sus instituciones (Levitsky-Ziblatt, 2018). Todo ello mezclado con regresiones identitarias, culturalistas, religiosas y nacionalistas, bajo pulsiones racistas, homófobas y xenófobas, nos sitúan ante un coctel difícil de abordar en el comienzo de la tercera década del siglo XXI.
Todo esto conduce, como alerta Villoria Mendieta, a “un círculo vicioso de ingobernabilidad y destrucción de las bases de la convivencia” (2006, 279) democrática. En el documental titulado Le capital au XXIe siècle (Pemberton-Piketty, 2020), se denuncia el papel de las élites dominantes en la historia, siempre dando la mano al capital, a la propiedad, a la riqueza, impulsando más y más la desigualdad social en el mundo. Para salir de dicho círculo, sería necesario que las élites políticas, económicas y sociales se planteasen la necesidad de regenerar las estructuras democráticas en las sociedades del siglo XXI y de erradicar las malas prácticas. ¿Estarán dispuestas?
3. Corrupción y desigualdad social
Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la reducción de la desigualdad social, lo que corresponde a que los países se comprometan en promover el crecimiento económico inclusivo, es decir, bajo el mandato de “no dejar a nadie atrás” (principio de los ODS).
Sería conveniente el claro entendimiento de que la corrupción es la perversión de lo público por el poder económico, en retro alimentación de un sistema de descrédito de la política, del orden jurídico, de las instituciones en el imaginario popular, que lleva a la falta de adhesión y de compromiso moral generalizada con la defensa del interés general o de los bienes colectivos, mencionada en la introducción, en referencia a Dobel (1978: 958).
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Y que “promocionar la igualdad de oportunidades y subir los impuestos, especialmente, a las clases más adineradas, ayudaría disminuir la desigualdad”. Fuente: noticia de la ONU sobre el Informe. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468241. Acceso en 20 jul. 2020.
Y esto es lo constatado por la ONU en el “Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida transformación”, de que “las diferencias económicas y sociales aumentan la inestabilidad política y erosionan la confianza en los gobiernos, cada vez más influenciados por los más afortunados”12. En estos términos, se debe comprender que la corrupción no es obstáculo para el crecimiento económico, pero este crecimiento tiende a ser asimétrico, concentrando renta y capital en quienes ya lo poseen, dificultando la movilidad social, ya que los recursos públicos son canalizados para la defensa de intereses privados de pocos (en general, bancos, corporaciones, personas billonarias) perjudicando la distribución de medios de ascensión social (como la educación) y mecanismos de compensación o equilibrio (como la renta universal, v.g.). Como lo ilumina el informe de las Naciones Unidas sobre el tema:
- Note de bas de page 13 :
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Fuente: informe de ONU titulado ¿Qué es la desigualdad?, de 17.09.2009. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341. Acceso en 20 julio 2020.
“…la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso democrático” 13.
Warde (2018: 18), mencionando el sistema político estadunidense, comenta que la corrupción genera ineficiencia, iniquidad y pobreza, pero no es obstáculo para el crecimiento económico. Cita que, en los Estados Unidos, la corrupción está institucionalizada ya que los candidatos y candidatas son abiertamente financiados por grupos económicos, o sea, por el poder económico, para ascender al poder político.
En España, según Acale Sánchez (2019: 316), la dinámica de la corrupción pública por las actividades corruptas de los partidos políticos funciona a través de aportaciones de particulares empresarios que esperan conseguir un trato favorable en el momento en que el partido político financiado llegue al poder, o seguir disfrutando de los mismos beneficios durante el tiempo que dure su mandato legislativo. Conforme la autora, esto genera la necesidad de blanquear el dinero recibido, de tal modo que se puede llegar a plantear la existencia de partidos políticos que llegan a ser verdaderas organizaciones criminales de corrupción y blanqueo de dinero, solventadas por el gran capital.
- Note de bas de page 14 :
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El Movimiento Tenentista fue una insurrección de los oficiales de pequeño y medio rango de las fuerzas armadas de Brasil, insatisfechas con las gestiones desmedidas de la política de las oligarquías en la década de 1920, período de la vieja o primera República en el país.
- Note de bas de page 15 :
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El autor comenta que en Brasil y en América Latina la burguesía viene usando de forma amplia la denuncia de corrupción como arma política para destruir al oponente político (Boito Júnior, 2017: 18).
Sobre Brasil, Warde (2018: 10) comenta que la disciplina jurídica del financiamiento de campañas electorales es deficitaria, pues mientras termina con el financiamiento empresarial, no aleja el poder económico del juego político, que puede habilitarse a través de donaciones de personas físicas, ante el debilitado reglamento sobre el tema. Concluye diciendo que mientras no sea racionalizado y democratizado el sistema de financiamiento de la política, los ricos y poderosos continuarán apropiándose de los candidatos, de los políticos electos y de las instituciones que comandan, en detrimento del pueblo, hasta el punto de que en los procesos electorales se elige al ya elegido. Por otro lado, Boito Júnior (2017: 18) relata que, históricamente, en la sociedad brasileña, la denuncia de la corrupción, desde el Movimiento Tenentista14 – que hacía uso de ella en sentido progresista -, es punto central de programa de movimientos sociales y políticos, pero la tendencia de la clase media es privilegiar el uso político de la denuncia de corrupción15.
Obviamente, el crecimiento económico, en estas condiciones, es exclusivo del gran capital, que puede financiar campañas electorales y subvertir lo político en favor de sus intereses. Esta situación degenera el bienestar social de las personas, ya que los recursos públicos suelen ser direccionados a mantener este crecimiento asimétrico en perjuicio de las necesidades colectivas, profundizando cada vez más la desigualdad social.
- Note de bas de page 16 :
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Warde (2018: 37) aclara que, en el capitalismo monopolista de Estado, éste proviene los medios para salvar el lucro y la capacidad de auto generación del capital.
Por otro lado, para mantener el sistema funcionando, el Estado será usado para proteger las estructuras del capital y de su lucro16, criminalizando las personas marginalizadas del acceso a los bienes de consumo, criminalizando los conflictos sociales. Zaffaroni-Bailone (2019: 297) comentan que, en la medida en que el Estado se aleje del modelo de Estado de Derecho y se aproxime al modelo de Estado de policía, su deterioro se va agudizando con una ampliación del poder punitivo sobre clases subalternas, disidentes y perdedores, mientras se renuncia al ejercicio del poder punitivo sobre los delitos económico-políticos de máxima gravedad y masividad.
- Note de bas de page 17 :
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Según informe de OXFAM (Oxford Committee for Famine Reliefe), en 2016, el 1% de la población mundial alcanzó la misma riqueza de los 99% restantes. (Fuente: notícia publicada en el periódico Globo – Disponible en: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/1-da-populacao-global-detem-mesma-riqueza-dos-99-restantes-diz-estudo.html. Acceso en 20 jul. 2020). Y en el “Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida transformación” de las Naciones Unidas se comprueba que el “1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25% de los ingresos”. Fuente: noticia de la ONU sobre el Informe. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468241. Acceso en 20 jul. 2020.
En realidad, históricamente, las clases dominantes no separan sus intereses de los intereses de los Estados, haciendo con que los recursos sean canalizados para aumentar sus ganancias y defender su riqueza, situación generadora de profunda desigualdad social, como denuncia el documental de Pemberton-Piketty, mostrando que, en la sociedad del siglo XVIII, el 1% de las personas poseían el 99% de la propiedad y la riqueza, porcentajes alcanzados en la sociedad actual aún en el año 201617. Cómo dice Boito Júnior (2017: 14), los recursos de los individuos pertenecientes a las clases dominantes y los recursos del Estado están apenas formalmente separados.
Si no se tiene claro que el objetivo último de la acción política del Estado de Derecho ha de ser alcanzar la igualdad, la redistribución socioeconómica, la integración y participación de todos, los derechos sociales y el trabajo digno, nadie va a luchar en serio contra los delitos económicos ni contra la corrupción política, la extorsión, la evasión y los paraísos fiscales. La corrupción, la rapiña, los sobornos, la malversación de fondos públicos y, en general, todo abuso de poder económico surge precisamente por el desigual y jerarquizado sistema de acceso a los bienes y recursos materiales e inmateriales. Esto hace que la corrupción sea sistémica y nunca se termine en un eterno círculo vicioso en el cual no se sabe lo que viene primero, el huevo o la gallina. Mantenida la desigualdad social, siempre el pueblo será presa fácil para que la corrupción económica se apodere del Estado y de la política.
4. La “estrategia del caracol” o el privilegio de la impunidad
A la vez se está produciendo una grave quiebra del principio de separación de poderes, como pilar básico del Estado de Derecho. La judicialización de la política, que viven muchas democracias liberales, está sometiendo a intereses privados especulativos el trabajo de un colectivo de personas muy importante en la vertebración social: los jueces, juezas y sus tribunales. Con ello, no sólo se viola la separación de poderes, sino lo que es más grave, se cae en una falsa retórica de las llamadas a la honradez política y a la lucha contra la corrupción, que no va a buscar las causas, sino sólo a incidir sobre los resultados finales, buscando “chivos expiatorios”.
La causa podría estar en el propio sistema político y económico de las democracias liberales. Es un sistema en ruinas, que pasa por su peor momento. Existe una crisis institucional muy grave, una cooptación de las instituciones democráticas por los intereses privados de los grandes poderes económico financieros, un secuestro de la voluntad popular y una restricción de derechos y libertades que cada vez tienen menos capacidad para operar como límites a los abusos de poder.
Además, se ha caído en la estrategia del caracol: sorteando trampas legales, los verdaderos corruptos siguen impunes. Y el principal problema social persiste y radica en el propio sistema político y económico que es un productor compulsivo de desigualdades de todo tipo. La cuestión no está sólo en una ética individual, ni del comportamiento inadecuado de algunos funcionarios. No es, pues, un problema individual de beneficio privado frente al excesivo intervencionismo burocrático estatal, como el liberalismo clásico ha defendido. Es el propio sistema el que sostiene la corrupción, convirtiéndola en un problema político central de funcionamiento informal.
Por encima de la judicialización de la política, de las estrategias del lawfare y de la cooptación de la democracia por los poderes económico-financieros, la desigualdad provocada por el mismo sistema cada vez es más importante. Sigue ahí. Y, además, genera resentimiento económico en la ciudadanía. Algo que el discurso político neoconservador y autoritario sabe aprovechar bien para jugar con la ira de la gente. Ponen en marcha lo que denominamos “la política de las tripas”, que no duda en alimentar el miedo, el odio y el resentimiento entre los ciudadanos, apelando a supuestos “valores tradicionales”, como Dios, la familia, la propiedad, el orden etc., desenfocando totalmente la realidad.
El desenfoque no es inocente. Existe una crisis ética muy grave. En la ciudadanía se está instalando una cierta cultura de la ilegalidad y de la impunidad, es decir, del “todo vale” con tal de alcanzar el poder o el dinero. La “ley del más fuerte”, que efectivamente beneficia al más fuerte. Una especie de darwinismo social.
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Por ejemplo, Bolsonaro ganó las últimas elecciones presidenciales en Brasil con un 55% de votos y sin participar en ningún debate político con sus contrincantes: las fake news difundidas por mensajería y WhatsApp lo hicieron todo, tras la apertura del camino por la operación “lava-jato”. (Fuente: materia producida en el periódico Intercept Brasil, disponible en: https://theintercept.com/2018/10/07/judiciario-fake-news-bolsonaro-eleicao/, Acceso em 23 julio 2020. También se encuentra la referencia a las “elecciones de 2018 como subproducto del lavajatismo” en las declaraciones del Presidente de la Cámara de Diputados brasileña en la notícia del periódico UOL. Disponible en:https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/04/deltan-deixou-claro-que-lava-jato-e-um-movimento-politico-diz-maia.htm. Acceso en 23 julio 2020. Sobre las fake-news y su impacto en las elecciones de Brasil, se puede observar en la noticia del periódico Folha de São Paulo, disponible en:https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/90-dos-eleitores-de-bolsonaro-acreditaram-em-fake-news-diz-estudo.shtml. Acceso en 23 julio 2020).
El lawfare, junto con la utilización fraudulenta de las nuevas tecnologías de la comunicación, las fake news y la WhatsApperización de la política18 (made in Steve Bannon), como instrumentos de la guerra híbrida, tomaron como detonante la lucha política contra la corrupción en las administraciones públicas. Los casos de corrupción generalizada han dejado de ser presentados como una cuestión coyuntural, para convertirlos en el problema que pone en riesgo gravemente la estructuración democrática de las sociedades liberales. O sea, la denuncia de la “corrupción” como arma política del poder económico. Según Mascaro (2018: 133), la repetición del gobierno y de la administración del Estado por las clases y grupos que acostumbran dominar hace con que sus prácticas tengan aires institucionales de legalidad, mientras el control, la denuncia y penalización de delitos se vuelven instrumentos políticos.
- Note de bas de page 19 :
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En España este foco de corrupción ha sido especialmente importante durante las décadas de boom inmobiliario y la burbuja urbanística entre 1995 y 2007, cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo. Véase al respecto el análisis de Jiménez (2004: 217-223).
La lucha contra la corrupción y contra el clientelismo político se convirtió así en el leitmotiv del desprestigio de lo público y, en los países latinoamericanos con gobiernos progresistas en las pasadas décadas fue la excusa perfecta para el ataque y derribo de la izquierda, bajo la idea de que los gobiernos de izquierdas han generado una corrupción estructural. También en los países europeos, donde la narrativa de las nuevas derechas ha transmitido el mensaje (que no la idea) de que los gobiernos socialdemócratas han sido los responsables del descrédito de lo público, del derroche de los Estados de Bienestar, de su ineficacia y, consiguientemente, del descontento socioeconómico y de la fragmentación social. El mensaje alternativo era achicar el Estado e introducir la lógica mercantil y empresarial en su gestión. Se vincula la corrupción a lo público para desprestigiar a los políticos y a los partidos tradicionales, sin embargo, la corrupción de los empresarios es frecuentemente blanqueada e, incluso, ocultada, considerándola fruto de acciones simplemente fraudulentas y formando parte de las actuaciones cotidianas de sus negocios globales, entre cuyos objetivos últimamente ha destacado la política urbanística de muchos países19.
5. Conclusiones
El principal problema social persiste y radica en el propio sistema político y económico productor compulsivo de desigualdades de todo tipo. Por lo tanto, la cuestión no está sólo en una ética individual. Es el sistema el que sostiene la corrupción. Recordando lo ya expuesto: si no se tiene claro que el objetivo último es la igualdad, los derechos sociales, el trabajo y la vida digna, nadie va a luchar en serio contra los delitos económicos ni contra la corrupción política y la extorsión.
Las libertades públicas, los derechos fundamentales y los derechos sociales son conquistas de la humanidad, de la civilización. Si dejamos de luchar por ellas, si las vamos perdiendo, la alternativa es la barbarie. La libertad y las condiciones de existencia material no pueden separarse, ya que son condición sine qua non para la universalización de la democracia. Por eso, para recomponer un tejido social fracturado es imprescindible apostar políticamente por los derechos sustantivos de ciudadanía, igualitaristas y emancipadores. Romper las jerarquías de clase, de género o de etnia para un acceso igualitario a los bienes materiales e inmateriales. Esta es una decisión política, no es una cuestión de éticas individuales. Así, reconstruir la política y la confianza de la gente es imprescindible para la búsqueda de la adhesión colectiva al interés común, a un pensamiento comunitario.
Además, desde la concepción de la corrupción como un instrumento de perpetuación de poder político por el poder económico y de un mecanismo de producción de asimetrías que subyace a la desigualdad social, se puede indagar de nuevas formas para combatir a ambos. Porque no es lo mismo buscar equiparación de oportunidades cuando la desigualdad está instalada bajo un sistema corrompido. Es más, entender que la corrupción política tiene efectos muy superiores a la corrupción administrativa (porque a ella le da causa) es fundamental para transcender al sentido común del tema.
Finalmente, y no menos importante, es la necesaria comprensión de que el discurso anticorrupción, elaborado desde el concepto ideológico de corrupción (en la administración pública, de los funcionarios, de los políticos), es solamente una trampa para ocultar un sistema corrupto o bien es un arma para ser usada contra adversarios políticos del poder económico como forma de descrédito popular o lawfare, o incluso un instrumento para que el capital pueda exigir la privatización de bienes y entidades públicas.
- Note de bas de page 20 :
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Profundizando el tema en el ámbito de Brasil, es importante citar la denuncia de Jessé de Souza: “Lo que Lava Jato y sus cómplices en los medios de comunicación y en el aparato del Estado hacen es el juego de un capitalismo financiero internacional y nacional ansioso por ‘privatizar’ la riqueza social y transferirla a su bolsillo. Destruir Petrobras, como lo hicieron el consorcio Lava Jato y los grandes medios de comunicación, a instancias de la élite del atraso, significa empobrecer a todo el país de un recurso fundamental, presentando, a cambio, resultados de la recuperación de recursos ridículos de tan pequeños y que conducen principalmente a la eliminación de cualquier estrategia de reconstrucción internacional del país. Estas ideas del Estado y la política corrupta sirven para transferir, a bajo costo, las empresas estatales y nuestras riquezas del subsuelo a nacionales y extranjeros que se apropian en privado de la riqueza que debería pertenecer a todos. Esta es la verdadera corrupción. Una corrupción legitimada y vuelta invisible por una lectura distorsionada y superficial de cómo la sociedad y sus mecanismos de poder funcionan.” (Souza, 2019: 12). Obs.: la traducción es nuestra.
El análisis de la corrupción y desigualdad social no puede ser descontextualizado del entendimiento del ejercicio espurio del poder económico y de sus relaciones ambiguas con el Estado, en sus formas contemporáneas de anomía conjugadas al neofascismo, que absorben los recursos públicos para perpetuar la explotación de las clases no propietarias o clases medias, socavando las democracias liberales y aumentando la desigualdad social. No hay que olvidar que, en un Estado capitalista, la organización y distinción entre público y privado es hecha según el contexto político dominante. Y cuanto más este contexto esté contaminado por el dominio del gran capital, mayor será la tendencia privatizadora de las instituciones y bienes públicos. En este caso, más allá de la irregular apropiación de lo público por lo privado que se opera en una privatización20, también se ocultan las prácticas de corrupción. Hay que tener una visión crítica del tema para poder trascender el baile de máscaras que se forma entre poder económico, corrupción, desigualdad y democracia.
Liberar el alma de la gente y recuperar la cultura de lo común requiere mostrar que el discurso anticorrupción no es inocente, pudiendo llevar a un comportamiento social disruptivo de lo colectivo, razón por la cual debe ser examinado desde un punto de vista crítico, si efectivamente queremos luchar por un mundo mejor, menos desigual y con menos abuso de poder.