Asesinato de líderes sociales en Colombia en tiempos de pandemia Assassination of social leaders in Colombia in times of pandemic

Introducción

El 2020 ha dejado muchas lecciones por aprender entre las cuales se encuentra la cuestión de los derechos humanos y el desempleo que, en países como Colombia, han dejado muchas cosas por decir. Además, a causa de la pandemia y gracias a los medios de comunicación se ha visto que la naturaleza ha tomado un respiro. Se vieron playas limpias, ríos descontaminados y calles desoladas debido a las medidas que restringen la movilidad de las personas no solamente de manera internacional sino al interior de cada ciudad. En cierto modo, esto fue vivido en cada país del mundo. Las diferentes medidas de los gobiernos para salvaguardar la vida de los ciudadanos obligaron a que una parte de la población estuviera encerrada durante algunos meses. Se aprendió a vivir en las paredes que encierran los hogares, aunque hay personas que este encierro les ha traído algunas otras vivencias como maltrato intrafamiliar, abuso de menores, desempleo, pobreza, crisis económicas y, desgraciadamente, un cierto aire de desprotección frente a la violencia sistemática que tuvieron que vivir algunos opositores al Gobierno establecido toda vez que, de nuevo en Colombia, se ha visto una persecución y asesinatos sistemáticos en contra de ellos en los meses en que duró el confinamiento.

Al inicio, cuando se comenzó a ver lo que la pandemia del Covid - 19 estaba realizando en nosotros, muchos sentimos miedo y emoción al mismo tiempo. Una cara de la moneda nos demostró que podíamos dedicar más tiempo a la familia, a quienes nos aman, reducir los tiempos de desplazamiento al trabajo porque ahora lo se hacía desde la llamada “virtualidad”, entre muchas otras cuestiones positivas, Por redes sociales, en conversaciones familiares y amicales se podía escuchar una expresión que comenzó a recorrer diversos lugares del mundo: “lo peor que nos puede pasar como humanidad es que después de esto seamos iguales”. Esta expresión, presuntamente anónima, comenzó a tomar fuerza: nuestra relación con la naturaleza podía cambiar, pues se pudo ver algunos lugares que antes estaban contaminados, ahora se encontraban limpios y algunas especies animales que antes estaban en unos territorios limitados, ahora salían a las calles y se movilizaban sin que las acciones humanas les afectarán.

Sin embargo, la pandemia no ha sido todo color de rosa, es decir, no todo fue positivo. También se ha visto el aumento de los asesinatos a líderes sociales en Colombia, los casos de violencia intrafamiliar (Ruiz y Pastor 2021), maltrato infantil, desempleo (García y Fernandez 2021), crisis económica, depresión, suicidios, feminicidios (Nuñez Cetina, 2021), entre otras cuestiones. Tal parece que esta cara de la modena nos muestra que lo negativo ha tenido más impacto que lo positivo, pues todos nos hemos visto afectados de alguna manera por la pandemia y las posteriores medidas que han tomado diferentes gobiernos para mitigar su expansión. La crisis económica y el deseo de las personas de trabajar para llevar el sustento a sus casas, ha provocado que algunos salgan a protestar pues las buenas intenciones de los gobiernos no son suficientes a la hora de proveer empleo en medio de una crisis económica sin precedentes (Martínez y González 2021). En Colombia no estábamos preparados para estas medidas de confinamiento y muchas personas se han quedado sin empleo: de hecho, diversas empresas se han extinto debido a que no se ha encontrado la manera de que sobrevivieran a más de 150 días de restricciones a la movilidad.

A pesar de las medidas tomas como el confinamiento, la restricción a la movilidad, el trabajo remoto aunque no todas las personas teníamos las condiciones necesarias para trabajar mediados por la virtualidad ni estábamos preparados para utilizar las diversas herramientas tecnológicas existentes para aplicarlas a nuestro trabajo y de los varios picos que vivimos de esta pandemia en términos de contagios y de fallecimientos, se debió pensar en los medios con los que se obtendría la alimentación, el pago del alquiler, los impuestos, entre otras cosas. Ahora bien, no todos tenían la posibilidad de quedarse en casa durante meses hasta que el mundo entero volviera a la “normalidad” o a las actividades que usualmente se realizaban. Los ahorros de muchas familias se agotaron y los trabajos eran la solución para solventar los gastos del hogar. Al saber que muchos empleos se perdieron y que muchas empresas prefirieron no contratar más personas para no tener que gastar en nómina, generó nuevas crisis.

Colombia no es un país ajeno a estas situaciones. Antes bien, hemos sido víctimas de este virus, cuestión que podemos ver en los más de 11,000 asesinatos que hemos registrado durante el 2020, sin tener en cuenta las muertes derivadas del Covid-19 ni los suicidios derivados de la crisis emocional y económica. Esto implicaría que además de vivir las restricciones a la movilidad, se observa cómo los asesinatos han llegado hasta nuestros territorios, pero como estábamos ante la novedad del confinamiento, el silencio se apoderó de aquellos victimarios que hicieron de las suyas mientras el resto de los ciudadanos estábamos inquietados por otras noticias y de algunas otras medidas que rayan en lo desconcertante, como la declaratoria de tres días sin pago de impuestos de valor agregado (IVA) declarados por el gobierno nacional para reactivar la economía, pero también para desviar la atención de la ciudadanía con respecto a lo que estaba sucediendo con respecto a los líderes sociales que estaban siendo asesinados mientras cumplían con los periodos de confinamiento. Según reportes, que veremos en este documento, durante el 2020 se registraron 386 asesinatos a líderes sociales en Colombia. Y eso que estuvimos encerrados durante 156 días por la pandemia del Covid - 19. Ante tal situación, habría que preguntar qué estaba haciendo el gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque Márquez, para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales.

La dificultad que se plantea es el asesinato a líderes sociales mientras estábamos confinados ya que, según algunos medios de comunicación locales como el periódico el Tiempo, esas muertes se redujeron los asesinatos en Colombia, gracias al confinamiento. Es decir, se nos ha dicho que durante esos días estuvimos más seguros, pero ello implicó que más de 11,000 personas fueran asesinadas, de las cuales 386 eran líderes sociales. Si pensamos que esta es una cifra reducida, ¿cómo se comporta entonces este delito en tiempos liberados de restricciones a la movilidad? Se podría pensar que si estamos confinados, algunos delitos tendrían que reducirse y sería más fácil para los Estados el cuidar de la vida de las personas. Tal parece que no ha sido así en Colombia. A partir de las cifras y de los reportes que se irán compartiendo a lo largo de este documento, se realizarán críticas al Estado colombiano en materia de protección a líderes y la violación al derecho a la vida, el cual se plantea como fundamental e inalienable.

Se deben mencionar dos elementos antes de iniciar: en primer lugar, según la perspectiva de esta investigación, resulta importante el estudio de los asesinatos de líderes sociales en Colombia toda vez que estamos viviendo aún el proceso de posconflicto, dado que se ha firmado un Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Gobierno Nacional de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc - Ep en el mes de agosto de 2016. En este proceso han estado puestas nuestras esperanzas para la erradicación de la violencia derivada de este conflicto y la firma del acuerdo nos ha dado la posibilidad de profundizar en los estudios de paz. En segundo lugar, se presentarán algunas cifras anteriores al 2020 para realizar una comparativa entre cómo era la situación de vulnerabilidad del derecho a la vida y cómo se encuentra este asunto en el 2020 bajo la pandemia y la particularidad colombiana de poseer no solo el covid 19 sino también la firma de un acuerdo final para la terminación del conflicto.

Las cifras de asesinatos en Colombia

El estudio del fenómeno de los asesinatos en Colombia no es nuevo y se ha abordado desde diferentes posturas. Antropología (López Villamil, 2021), derecho (Gutiérrez et al. 2020), política (Ariza Ruiz, 2021), sociología (Rodríguez Pinzón, 2019) y filosofía (Escobar Gómez, 2016) son algunas de las áreas que han profundizado en el tema. Además, la indiferencia del Estado colombiano frente a las necesidades de la población civil (Ball, et al. 2018), las cuales estriban en la consecución de empleo bien remunerado, un sistema de educación de calidad y de acceso para toda la ciudadanía sin importar la clase social a la cual pertenezca, un sistema de salud que sea de acceso para cada ciudadano, todo esto, implica la ampliación de una problemática que debería estar en primera fila dentro de la agenda política nacional. Por otro lado, debe establecerse que en las protestas ciudadanas de los últimos años, algunas de las cuales se han realizado durante el tercer pico de la pandemia entre el 28 de abril y el 30 de junio del 2021, exigían garantías para ejercer oposición y cuidar la vida como un derecho de los ciudadanos: estas cuestiones que vivimos los colombianos en medio de nuestra cotidianidad, nos muestran el deseo de transformar la realidad en pos de lo que se ha establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pero para ello, se hace necesario que se pueda garantizar el derecho más importante de todos y que da origen a los demás: el derecho a la vida.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 11, habla acerca de este derecho de la siguiente manera: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Esto es justamente el hecho que se debe proteger la vida, no solo de los líderes sociales sino de toda persona en el territorio nacional. Sin importar las convicciones políticas, religiosas, de género, entre otras, la vida debe garantizarse para todos los ciudadanos. Dado este asunto, se pregunta lo siguiente: ¿se respeta este derecho en Colombia? Tal como veremos en las cifras más adelante, parecería que no. En este país parece que las personas se han habituado a escuchar acerca de asesinatos, que ya no es nada nuevo que en un noticiero digan que aconteció una masacre, aunque, según el presidente de la república, Iván Duque Márquez, no se les puede llamar masacres sino asesinatos colectivos (Periódico digital DW, 23 agosto 2020). Miremos, en extenso, lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos humanos en un informe publicado en 1993 acerca de la protección al derecho a la vida en Colombia:

El derecho a la vida, que protege y defiende la existencia del ser humano, es sin duda, base y sustento de los demás derechos.  De allí que la mayor incidencia en la violación de este derecho, donde quiera que tenga lugar, es un indicativo de la verdadera gravedad de la situación de los derechos humanos en un país.  El derecho más lesionado por la situación de violencia que afecta a la República de Colombia, como lo demuestran las cifras contenidas en el presente informe, es precisamente el derecho a la vida. Para ilustrar comparativamente la gravedad de este problema, la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales que estudian la situación colombiana de los derechos humanos han destacado en sus informes, como ejemplo, que en el año 1989 la violencia política llegó a tal extremo que en ese solo año, cobró igual número de muertes de las que ocurrieron durante los 16 años de la dictadura militar en Chile, que de acuerdo con datos de la Vicaría de la Solidaridad de ese país, fue de 929 desaparecidos y 2,059 asesinados.  El ejemplo citado es, en efecto, dramáticamente ilustrativo, pero la situación en Colombia es aún peor.  En el año anterior, 1988, se registraron 4,204 muertes por razones presuntamente políticas, es decir, mil muertos más y en el año 1991 siguiente, ocurrieron por la misma razón 3,742; la situación no parece mejorar ya que, en el primer semestre de 1992, el número registrado de enero a junio es de 1,870, manteniendo el porcentaje de violaciones a este derecho en niveles de atrocidad inaceptables y, además, revela un hecho verdaderamente penoso: cuán traído a menos, desprotegido y amenazado se encuentra el derecho a la vida en Colombia. (CIDH, 1993 : 1)

El hecho de que en 1988 se hayan producido 11.5 asesinatos diarios, nos muestra lo terrible que puede llegar a ser la violación de este derecho en Colombia. Si el derecho a la vida es inviolable tal como lo dice la Constitución Política de Colombia, hace mucho tiempo que en este país tuvo que hacerse algo para frenar los asesinatos. Si esto no se considera como un evento sistemático y se prefiere gobernar sobre otras cuestiones que pueden ser menos urgentes en el orden nacional, es necesario plantear cuáles son las prioridades y si en verdad no se debe garantizar la vida y la seguridad de los pobladores para que éstos, a su vez, puedan ejercer libremente los demás derechos a los cuales haya lugar.

Según ese comentario de la CIDH, es necesario advertir que en Colombia la vida jamás fue un derecho protegido por las fuerzas del Estado toda vez que el asesinato es uno de los problemas centrales de la nación, pues nos arrojan cierta inseguridad, haciendo que las personas se sientan intranquilas frente a la problemática (Ríos y Nieto 2021). Muchos detractores podrán decir que estos hechos fueron antes de la nueva Constitución Política de Colombia, la cual se firma en el año 1991. A esto se tendría que preguntar: después de ese año ¿las garantías de protección al derecho a la vida están dadas, o la población sigue siendo víctima de persecuciones y asesinatos selectivos o masacres? Por desgracia, luego de 30 años de la constitución y en medio de una pandemia, las cosas no han mejorado, tal como veremos en breve.

Cabe mencionar que dentro de las cifras que presenta la CIDH se encuentran los líderes sociales asesinados. Se destaca que para aquella época la cantidad de cuestiones que pasaban en el orden nacional, impedía un registro detallado de las causas de los asesinatos, ya que no había una línea muy clara que distinguiera el asesinato de un líder social al de un reclamante de tierras o al de un ajuste de cuentas entre carteles de la droga, aunque con el paso del tiempo se ha procurado establecer un orden más establecido en el registro y seguimiento de este tema (aunque, según el periódico Semana (07 de julio de 2018) para el año de 1988 se produjeron, por lo menos, 278 asesinatos de líderes sociales, aunque no se precisa una cifra exacta. Si notamos el comentario de Carlos Eduardo Pérez Corredor (2018: p. 96), para el 2017, hasta febrero 15 del 2018, la cuestión de asesinatos de líderes sociales se redujo. Al menos así lo muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 :Asesinatos en Colombia 2017 - 2018

Fuente: INDEPAZ (2022). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.Observatorio de DD HH, conflictividades y paz. https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

Esta referencia se da sólo en relación con los líderes sociales, sin tener en consideración el número completo de personas asesinadas en el 2017, que, según el periódico el Colombiano (26 de diciembre de 2017) sería de casi 11,000 muertes violentas en el 2017: Villegas (ministro de defensa para esa época) recordó que para el año 2000, el país tenía 25,000 homicidios y que este año habrá “algo más de 11,000, es decir, menos de 1,000 mensuales”. En cierto modo, la tasa se redujo gracias a la firma del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc - Ep en el año 2016, dado que este conflicto nos ha dejado la terminación de uno de los conflicto más largos de Colombia, el cual ha sido originado en la década de los 60 (Tejedor Estupiñan, 2016). Ahora bien, si se observa con detenimiento, según este comentario y el reporte de la CIDH, podríamos mencionar que, de las 11,5 personas que fueron asesinadas diariamente durante 1988, se pasó a asesinar a cerca de 68 personas en el año 2000 (seis veces más en tan solo 12 años) para pasar a cerca de 30 asesinatos diarios en el 2017 después de la firma del Acuerdo Final. Esto nos dice que, en Colombia, cada hora es asesinada entre una y dos personas. Se debe destacar el hecho de que en 30 años se reduce esta cifra, debo pensar que el acuerdo de paz influenció directamente en esto.

De otro lado, se podría pensar el hecho de que en el 2020 hubo una reducción en la tasa de homicidios debido a que durante una parte del año los colombianos estuvimos confinados a causa de la pandemia del Covid - 19 y las medidas que el Gobierno Nacional tomó para salvaguardar la vida de los colombianos. Podría pensarse, entonces, que si hemos estado en cuarentena durante una parte del año, lo delitos disminuirían, no solamente el asesinato sino también el hurto a personas y a residencias, la violencia contra las mujeres, las riñas, peleas callejeras, la violencia intrafamiliar y los casos de abuso sexual infantil, entre otros. Al menos eso podría pensarse por el hecho de haber pasado casi la mitad del año con medidas restrictivas a la movilidad. Se debe recordar que, según el equipo Editorial del periódico Goal (6 de septiembre del 2020) en total estuvimos confinados 156 días, ello representa unos cinco meses:

¿Cuántos días duró la cuarentena en Colombia? La cuarentena obligatoria comenzó a regir en Colombia el 22 de marzo, por lo que ya va más de un mes desde el inicio de las medidas y con la extensión hasta el 30 de agosto, se totalizaron 156 días de cuarentena.

Si una nación pasa casi la mitad de un año en confinamiento obligatorio y existen las limitantes a la movilidad, tales como sólo poder salir una o dos veces por semana a abastecerse de los alimentos necesarios para continuar subsistiendo en el encierro bajo la medida del pico y cédula (es decir, cada día de la semana tenía autorizado salir un grupo oblacional dependiendo del último dígito de su documento de identidad), o estar obligados a salir a la calle solamente para trámites médicos urgentes y con permisos, se supondría que las cifras de algunos delitos como el asesinato tuvieron que reducirse, pues las restricciones han debido influenciar este tipo de acciones (Cajaleón Castilla, 2020): tanto los líderes sociales como los miembros de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, el ELN, los urableños y el Clan del Golfo, todos eran partícipes de las mismas medidas restrictivas de la movilidad. Por curioso que parezca, algunos medios de comunicación como el periódico El Tiempo (11 de diciembre de 2020) reporta una reducción sólo del 4,6% de asesinatos con respecto al 2019. Este periódico lo reporta de la siguiente manera:

De acuerdo con cifras de la Policía, este año los homicidios se han reducido en un 4,6 por ciento, al pasar de 11.609 muertes violentas entre el 1.º de enero y el 4 de diciembre del 2019, a 11.070 homicidios en ese mismo periodo de este año. El informe de las autoridades destaca la reducción de muertes en medio de riñas. El año pasado fueron 2.663 y este año van 2.238.

Sin embargo, en un reporte realizado por la patrullera Cecilia Angel Neita, revisado por el intendente César Andrés Márquez y publicado el 04 de enero del 2021 en la página de la Policía Nacional de Colombia se establece que el número total de asesinatos en Colombia durante el 2020 fue de 12,018, la mayoría de los cuales se produjeron por arma de fuego. Esto implica una diferencia de casi 1,000 casos entre la versión de la Policía Nacional y el periódico El Tiempo. Además, según la cifra de la policía no se produjo una reducción sino una leve alza en este delito. Se debe reconocer que ambos reportes hablan de períodos modificados, pues el de la Policía establece un rango desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020, mientras que el del periódico se queda el 11 de diciembre. Las cifras varían un poco, aunque mil casos es un margen de error considerable, pues la diferencia solo es de 20 días.

Ahora bien, resulta curioso que en Colombia se estén presentando este tipo de cifras, más aún cuando muchos han creído en que los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las Farc - Ep ayudarían a que las cifras de asesinatos se redujeron y, por el contrario, hay una tendencia a aumentar. Como se puede ver, en los dos años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz se ha tenido una tendencia a la baja en este delito, pero cuando se produce el cambio de gobierno en el 2018 y sale el ex-presidente Juan Manuel Santos Calderón e ingresa Iván Duque Marquez, representante actual del uribismo en nuestra nación, la violencia vuelve a tomar fuerzas, es decir, debido a las nuevas políticas del gobierno entrante, parece que se han dejado de priorizar los discursos y las acciones de paz. Se debe considerar firmemente que Colombia merece un futuro diferente, en donde las personas no tengan miedo a salir o no deban enfrentarse a este tipo de hechos que los convierten en víctimas de un conflicto que aún no ha podido superarse, a pesar de la voluntad de terminarlo (Escobar Gómez, 2019a). No bastó ni siquiera el otorgamiento de un Premio Nobel de Paz al ex-presidente Juan Manuel Santos en el 2016; la violencia está a flor de piel aún en Colombia. Esto se debe también a que el presidente Iván Duque Marquez parece no tomar las medidas que se venían gestando en el gobierno anterior con respecto al cumplimiento de los acuerdos de paz firmados (Ríos, 2021).

El caso de los líderes sociales asesinados

El asesinato de líderes sociales se puede considerar como un fenómeno sistemático en Colombia. En cierto sentido, nos hemos acostumbrado tanto a escuchar la noticia de la muerte de uno de ellos que incluso omitimos el titular en los noticieros o nos limitamos a decir: “tan bueno que era”. El asunto ha llegado hasta tal punto que hasta nos da miedo reclamar nuestros derechos por las represalias que puedan tomar los entes gubernamentales o las personas a quienes vayamos a plantear nuestros reclamos. Todos los días se puede ver que hay una nueva masacre o un nuevo líder asesinado. Y el asunto es que en Colombia hay tantas cuestiones por las cuales debemos reclamar que estamos en la obligación de diversificar lo que puede ser un líder social: éstos pueden ser líderes campesinos, religiosos, reclamantes de tierras, líder rural, estudiantiles, educadores entre muchos otros. Cada uno de ellos se enfoca en un problema diferente y pretende transformar en positivo una problemática de la sociedad particular en la cual se circunscribe. La dificultad es que a todos los asesinan por igual. Tal como lo dicen Francisco Gutierrez y otros:

Como es ya bien conocido, en Colombia los líderes sociales y defensores de los derechos humanos son asesinados con enorme regularidad. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del Observatorio de Restitución y Regulación de los Derechos de Propiedad Agraria (https://www.observatoriodetierras.org/), la sola categoría delíderes rurales aporta más de 60 víctimas al año, es decir, más de una por semana. Por ello, muchos observadores —incluyendo a algunas agencias del Estado— han llegado a la conclusión de que el asesinato de líderes es un fenómeno sistemático. Pero el conjunto del Estado colombiano se rehúsa a aceptar esa calificación. Esto incluye a las instituciones que tienen a su cargo, entre otras muchas funciones, la defensa de la vida de los líderes. El tema sigue siendo un importante punto de debate en la vida pública colombiana (2020: 3).

Ahora bien, la situación podría comenzar a ser alarmante en tanto que, como vimos, para el 2017 hubo una leve disminución en los asesinatos y se registraron 163 asesinatos a líderes sociales en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en adelante Indepaz, para el 2020 se registraron 310 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de estos líderes o defensores, y 64 firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc - Ep, para un total de 386. Esto implica un aumento del 136% de los casos de asesinatos con referencia al 2017. Además, de los 386 líderes asesinados en el 2020, 156 fueron en los días de confinamiento. Esto quiere decir que, mientras los colombianos estábamos respetando las medidas para frenar el aumento del contagios y muertes a causa de la pandemia del Covid - 19, un líder social era asesinado diariamente. Indepaz guarda el registro de estas personas con el nombre propio, la fecha del asesinato, el municipio en el cual perdió la vida y, en el caso de los 12 familiares, también registra el parentezco que tenía con el líder.

Ante esta circunstancia, tendría que preguntar si los medios de comunicación en Colombia informa acerca de estos hechos. Por desgracia, tenemos que algunos de ellos, como el periódico el Tiempo (08 de noviembre de 2020), solamente registra la información parcial acerca de los asesinatos a líderes sociales, aunque da razones por las cuales aumentó el número de asesinatos durante el 2020. Al menos eso lo podemos ver cuando dicen:

Una de las explicaciones de este aumento, señala, es que la cuarentena por Covid- 19 imitó la movilidad de los líderes y defensores y los obligó a estar de manera permanente en sus casas, lo cual lleva a que “sean fáciles de identificar por los actores que buscan silenciar sus luchas”. Durante el confinamiento se reportó el asesinato de 46 personas con liderazgo social, que corresponden al 48% del total de homicidios del semestre.

Parte de la inconsistencia con el dato es que ellos ven el reporte publicado por Indepaz el 8 de noviembre de 2020, es decir, unos 57 días antes de terminar el año y cuando aún había que registrar el asesinato de otros líderes. Además, el periódico se limita al primer semestre del año, y cabe aclarar que el confinamiento oficialmente termina en el segundo semestre, así que la disparidad de las cifras corresponde a que desde el equipo editorial de este periódico no está observando completamente las cifras del año sino que las han mirado parcialmente. En los meses posteriores a la publicación de este informe no se añade alguna nota para aclarar el resto de las cifras. Además, se podría criticar lo siguiente de lo planteado por este medio de comunicación: según él, el hecho de que los líderes sociales estuvieron encerrados durante los días de la cuarentena obligatoria, los convirtió en una presa fácil para sus perseguidores, los cuales también debieron estar encerrados. Esto significa que las medidas restrictivas a la movilidad para frenar los casos derivados de la pandemia se aplicaban sólo a algunas personas mientras que otras tenían la libertad de movilidad en el territorio nacional. Las medidas que justifican el confinamiento podría significar que el gobierno nacional favoreció las acciones de los grupos al margen de la ley o no tenía control acerca de lo que pudiera suceder al implantar medidas restrictivas. De ahí se justificaría que las instituciones del Estado colombiano son incapaces de hacer cumplir sus leyes en todo el territorio nacional.

Es necesario mencionar que para esta investigación, se ha procurado investigar en diversas fuentes documentales para obtener la información más fiable a la que haya lugar, pues el tema es delicado y no puede determinarse cualquier fuente como determinante para esclarecer este tipo de asuntos. Ahora bien, de las que se ha consultado para la elaboración del presente artículo, se ha encontrado que la fuente más confiable y, al mismo tiempo la más completa, es el reporte de Indepaz mencionado anteriormente. Los otros medios de comunicación, incluso los gubernamentales, se limitan a una parte de la información o no se encuentran plenamente identificados. Se ha decidido, así mismo, sintetizar la información del informe en la siguiente tabla porque si se reproduce el trabajo serio que ha hecho este instituto, triplicaría el número de páginas de este documento. La investigación de Indepaz nos arroja con nombres propios quiénes son los líderes sociales asesinados en Colombia durante el 2020.

Tabla 2 : Asesinatos líderes sociales 2020 en Colombia

Fuente: INDEPAZ (2022). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021 y 2022.Observatorio de DD HH, conflictividades y paz. https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

De estas cifras, extraídas del informe de Indepaz, se puede observar que los líderes sociales más afectados por el fenómeno del asesinato son los indígenas, seguidos de los firmantes del Acuerdo de Paz, los campesinos y los campesinos-comunales. Y lo que se pregunta en este aspecto es si el país está contribuyendo en algo al establecimiento de un sólido proceso de superación de las causas que origiraron el conflicto armado cuando tiene estas cifras de asesinato de líderes sociales o se está oponiendo radicalmente a la implementación del Acuerdo de Paz. Se reitera que si para el 2017 se presentaron 163 asesinatos, resulta sorprendente que para el 2020 haya aumentado la cifra a 386, más aún cuando desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se viene trabajando en la superación de las causas que originaron el conflicto armado. Por desgracia, con la llegada de Iván Duque Márquez y del uribismo al poder la idea de una paz estable y duradera se ha perdido en el olvido y, como si fuera poco, ha caído en el descrédito nacional (Ríos, 2021).

Críticas al Estado colombiano

Desde el 2012 Colombia viene hablando acerca de un proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc- Ep (Escobar Gómez, 2016). Con las negociaciones que hubo entre estos dos actores del conflicto se llegó a una serie de acuerdos a los cuales se llamó Acuerdo Final de Paz y éste se firmó en agosto del 2016 en la ciudad de Cartagena (Escobar Gómez, 2019b). Las esperanzas de muchos estaban puestas en este Acuerdo puesto que con su implementación se veía el inicio de la terminación de uno de los conflictos armados que más le ha costado al país, no solamente por la parte económica sino por la sangre que se ha derramado en un conflicto de más de medio siglo. Desde diversas fuentes se ha estudiado el fenómeno de paz que comenzó a gestarse. La novedad del asunto implicó que muchos, durante algún tiempo, estuvieran volcados al fenómeno de la paz y pusieran las esperanzas en una implementación que comenzó con bastante fuerza en el gobierno del presidente Santos pero que se vino a pique cuando Iván Duque Márquez y el uribismo llegaron a la Casa de Nariño.

Para el 2016 y el 2017 hubo una leve disminución en los casos de asesinato como se ha mencionado más arriba y, al mismo tiempo, los líderes sociales vivieron una época de mayor protección y seguridad. Sin embargo, desde que Iván Duque Márquez llegó al poder en el 2018, el horizonte pareció cambiar y el discurso de la paz se cambió por el de la economía naranja, cuestión que vino a pique con la llegada de la pandemia del Covid-19. Pero cuando ésta llegó, el momento de la paz parecía haber caído en el olvido. Ya no era la prioridad y, como hemos visto con las cifras, aumentó en un 136%. Ahora Colombia vive una nueva época de violencia y no sabemos si se volverá a tener otra oportunidad para continuar hablando acerca de la paz y de la reconciliación con un enfoque a la no-repetición del conflicto armado. Patrick Ball y otros (2018: p. 4), nos lo mencionan así:

En la actualidad Colombia está viviendo un conflicto con nuevas dinámicas y proyectos de los grupos armados, por lo que es necesario tener en cuenta que a nivel internacional se ha mostrado que, cuando hay información pública sobre personas contrarias a los grupos armados, la primera ronda de violencia suele estar encaminada a exterminar a los líderes visibles de la oposición (Kalyvas, 2000). El asesinato de líderes sociales se explica como una forma de intimidación a la actividad política, que interrumpe los procesos sociales que promueven los líderes ejecutados y que lleva al desplazamiento de otros líderes sociales.

Y con esto vemos que, en verdad, el asesinato de algunos líderes sociales en Colombia, parece darle más peso a la desigualdad social y a las medidas que toman los grupos al margen de la ley para tener más poder. Llegar a una oposición al régimen establecido en Colombia parece ser más difícil en este momento histórico pues la muerte de los líderes sociales, como nos lo mencionan en la cita, representa un acto de intimidación a la actividad política (Sánchez y Quintero 2020). Esto interrumpe nuevos mecanismos para la participación de la ciudadanía dentro de las decisiones del Estado y, al mismo tiempo, impide que la población civil haga uso de los mecanismos de participación que tiene a disposición, pues el miedo a ser asesinado está ahora más latente.

La reorganización de los actores armados en Colombia se ha relacionado con un aparente aumento de los asesinatos de líderes sociales, lo que ha llevado a que cada vez más organizaciones hagan un monitoreo y denuncien lo que está sucediendo. Dentro de los actores que están reportando el asesinato de estas personas se encuentran algunos de la sociedad civil (Cumbre Agraria, Somos Defensores, Indepaz, Front Line Defenders), de las Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH) y del Ministerio Público (Defensoría del Pueblo) (2019: 4 - 5).

De esta manera, si el gobierno nacional ha tenido la posibilidad de continuar un camino para la instauración de una paz estable y duradera, ¿cómo justificaría el aumento de asesinatos de líderes sociales y de población civil en el territorio colombiano? Y, más aún ¿por qué no ha hecho nada para frenar este flagelo? Durante el año que llevamos de la pandemia del Covid - 19, el presidente Iván Duque Márquez ha aparecido en una emisión de televisión en la cual presenta el informe diario de las cifras de contagio y fallecimientos por el virus del Covid - 19, además de las medidas que se han implementado durante este tipo para frenar o soportar esta situación, y las medidas económicas para que el país y las personas puedan continuar con sus vidas, procurando que no se caiga en la pobreza extrema entre otros factores. No obstante, parece que esta emisión de televisión es el único triunfo que tiene el presidente de los colombianos, pues mientras él aparece por cadena nacional, las cifras de asesinato siguen elevándose. Y si miramos con detenimiento cada delito, como el hurto a personas o viviendas, veremos aumentos significativos como lo hemos notado a lo largo de este documento con los asesinatos. ¿En dónde dejó la paz, la tranquilidad y la seguridad del pueblo colombiano? Las personas no solo requieren ver al presidente por televisión sino que tomen medidas pertinentes que beneficien a los habitantes del país. De esta forma, podremos decir que, por salir en una pantalla, el presidente está olvidando la paz, la seguridad y otros aspectos importantes de la vida social.

Conclusiones

Se ha visto, en términos generales, algunas de las cifras acerca del asesinato en Colombia y se ha procurado hacer un énfasis en los líderes sociales, sin importar la calidad de líder. Aunque hace unos años hubo una cierta tendencia a la reducción de estas cifras, el 2020 fue un año lleno de dudas y de negligencia en lo que se refiere a la protección al derecho a la vida y al ejercicio libre de la oposición política en Colombia. Esto nos muestra la falta de garantías que se tienen en este país para tomar un liderazgo determinado y luchar por los intereses de la población civil. Además, esto genera una cierta desconfianza y un miedo justificado para no entrar a defender lo que debería ser de todos, pues si de antemano se conocen estas cifras, se podría declinar la opción de convertirse en un líder social, pues lo más seguro es que lo único que se consiga es una tumba en algún cementerio del país. Allí justamente se plantea una serie de dificultades y críticas al Estado colombiano, pues si desde la anterior presidencia se proyectó un futuro para la superación del conflicto armado en Colombia con la implementación de un Acuerdo Final de Paz, ¿por qué el gobierno de Iván Duque Márquez y el uribismo dejó que los grupos al margen de la ley se rearman formando así una segunda Marquetalia?

El hecho del aumento de las cifras de asesinatos en general y el de los líderes sociales en particular, deja entrever que el Gobierno Nacional de Colombia está en decadencia y pierde cada día más fuerza para ejercer la soberanía a lo largo y ancho del territorio. Esa sería una de las posibilidades que se extraen de esto, pues si un Estado determinado es incapaz de garantizar la seguridad de la población civil, ¿cómo podría garantizarse si un enemigo externo llega a atacar a la misma población? Y justamente se observa que las cifras pudieron reducir en el 2020 debido al confinamiento generalizado en el cual vivimos durante 5 meses a causa de la pandemia del Covid - 19, pero, por el contrario, hubo una tendencia al alza. Esto nos muestra que el gobierno colombiano implementó unas medidas pero fue incapaz de hacerlas cumplir en todo el territorio y, de esta manera, los líderes se convirtieron en presa fácil para los grupos al margen de la ley. Y según esta perspectiva, la pregunta sigue siendo si el estado es o no capaz de ejercer la soberanía y con ella encontrar la paz y la tranquilidad de la población en general. Si el derecho a la vida es inviolable tal como lo dice la constitución política de Colombia, es deber del Estado garantizar la vida como un derecho que la totalidad de los habitantes tengan asegurado.

Para terminar, es necesario advertir que, de continuar con el aumento de los asesinatos a líderes sociales y al resto de la población civil, Colombia llegará nuevamente a un estado de conflicto interno sin fin, sólo que se habrá cambiado de oponentes, pues ya no será Gobierno Nacional contra Farc - Ep sino contra los Urabeños, el Clan del Golfo, las Bacrim, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros tantos grupos al margen de la ley que existen en este país. La invitación es a continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz y procurar, por todos los medios que sea posible, reducir las cifras de violencia a nivel nacional, entre ellos está el fortalecimiento de la educación pública y el sistema de salud. Además, se hace necesaria la participación ciudadana para este fin, procurando que el Estado genere las condiciones de posibilidad para que la población civil pueda participar tranquilamente de las decisiones políticas. Esto implicaría que, en el nuevo período de normalidad de la población civil colombiana, el reto es continuar proyectando las acciones encaminadas a la paz que estábamos teniendo antes del inicio de la pandemia por el Covid 19. Este nuevo encuentro con la idea de una post normalidad, es el momento preciso para continuar sembrando las acciones pacíficas que estábamos tomando tras la firma del acuerdo final de paz en el 2016.