Del camino recorrido…

Es así como nos encontramos con Freddy Galeano quien nos alerta sobre el peligro de conocer solo una visión de la historia sobre los conflictos armados en Colombia. Gracias a su amplio bagaje de conocimientos y a la fluidez de sus ideas, toma de la mano al lector y lo conduce por la intrincada realidad colombiana. Galeano nos moviliza a través de un simplificado rigor metodológico, a una dimensión que nos muestra la complejidad social y nos compromete a alejarnos de percepciones subjetivas construidas por los artífices de la injusticia social en Colombia.

Al peligro de la verdad única del que nos previene Galeano es indispensable reaccionar analizando objetivamente los factores de poder que se coaligan, se entrelazan y conspiran contra la realidad, mediante versiones hábilmente construidas que nos engañan con tal habilidad que terminamos por hacer un pésimo uso del reconocimiento ya que el conocimiento de la realidad suele mancillarse por quienes lo construyen y dosifican, como una especie de droga que adormece y lleva a comunidades enteras a un estado de paralización de la conciencia social.

Los Derechos Humanos, fuente necesaria para reflexionar sobre la realidad social son abordados con Javier García Medina quien hace énfasis en la necesidad de que los Estados-Nación dispongan de planes nacionales de Derechos Humanos. Asimismo, García, atinadamente sostiene que el enfoque de Derechos Humanos instrumentado eficazmente en una nación, nos aproxima a sociedades justas; claro está, para que la práctica de tales derechos sea experiencia de vida cotidiana. Son indispensables Políticas Públicas que generen en la sociedad en su conjunto, su comprensión y compromiso, particularmente, en lo que se refiere a los 17 objetivos para el Desarrollo Sustentable, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.

La amarga experiencia de comunidades indígenas desde la evangelización hasta nuestros días ha sido objeto de estudio en el continente americano. En este contexto, Julia Sandra Bernal Crespo y Teresa Quezada Magaud realizan una excelente reconstrucción de la memoria indígena IKÜ, claro, relacionándola con el conflicto armado, particularmente el desenlazado por el Frente Armado Revolucionario de Colombia, tomando como base la memoria histórica de integrantes de esta comunidad quienes permiten develar la tragedia vivida por este pueblo desde la Época de la Conquista. Hablar de comunidades indígenas en todo el continente americano es referirnos a exterminio, a exclusión y a marginación, así como el ejercicio abusivo del poder para controlar, someter, y dominar a los legítimos poseedores de tierras cuya connotación cosmogónica es incomprensible para quienes invaden o desplazan a miembros de estas comunidades ya como bien lo señalan las coautoras.

La relación con la tierra y la naturaleza, para comunidades como los IKÜ no son de dominio sino simbióticas y, en consecuencia, la tierra es la madre de la vida por lo que debe de ser cuidada y protegida. El desplazamiento de esta comunidad y el irreversible daño a sus usos y costumbres nos invitan a la reflexión sobre la insensatez de las acciones producidas en el marco de los movimientos armados que colisionan con los Derechos fundamentales de las comunidades originarias y como es que, por el contrario, lejos de recibir su apoyo se les cataloga como victimarios al atentar contra sus valores sustantivos. Las autoras nos explican las afectaciones históricas de la comunidad IKÜ y, sobre todo, plantean cuál debe ser el alcance de la intervención del Estado colombiano, en el marco de la puesta en práctica del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El drama de la comunidad IKÜ se ha repetido en otros pueblos originarios de Colombia por lo que este estudio nos ubica en el nocivo impacto sociocultural ocasionado por grupos armados como el ELN, FARC y los Paramilitares, entre otras fuerzas subversivas; en este contexto, nos plantean la complejidad y el significado de la reparación integral para esta comunidad indígena.

El Despojo de Territorios o Reconocimiento de La Tierra: Coca, Palma y Poder en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, Tumaco, es el título del artículo presentado por Jesús Antonio Reyes Benavides, en cuyo texto nos muestra la compleja realidad que se vive en regiones de Colombia después del Acuerdo de paz firmado por el Presidente Santos y las FARC-EP y, sobre todo, nos alerta sobre los riesgos que se corren si el Acuerdo antes referido no se implementa eficazmente.

Reyes nos describe una historia plagada de injusticias ya que en el contexto de los conflictos armados se ha facilitado impunemente el despojo de territorios de comunidades afro descendientes, para tomar el control sobre éstos, siendo los protagonistas de estas deleznables acciones Empresas Palmeras, paramilitares y narcotraficantes en una alianza que debilita al Estado de derecho colombiano.

Del proceso que ha originado el despojo de tierras a comunidades afro descendientes, da cuenta Reyes y hace énfasis en la diferencia entre tierra, territorio y espacio, cuya connotación varía dependiendo de la visión que tiene el Estado, la de los empresarios y sobre todo la que corresponde a los afros descendientes.

Los despojos en la región a que se refiere Reyes nos hablan de latrocinio, de complicidad, de corrupción y sobre todo de una grave afectación a la identidad cultural de los afrodescendientes quienes han sufrido, incesantemente, el ejercicio abusivo del poder tanto público como privado. Reyes nos señala que, a pesar del Acuerdo General de Paz, los conflictos se han incrementado. Las amenazas y asesinatos de líderes sociales han aumentado lo que ha ocasionado escepticismo sobre la respuesta del Estado ante esta realidad que, por cierto, se extiende a distintas regiones en donde la desmovilización de las FARC-EP se produjo.

La realidad a la cual se refiere Reyes refleja, además de lo ya señalado, la insensibilidad, la explotación, la cosificación del ser, el aprovechamiento sin límites del poder y, sobre todo, la vida de una comunidad copada por la injusticia social. Es por esta razón que el autor atinadamente concluye señalando que, sin la restitución, ni reparación y no repetición y sin la transformación, por parte del Estado, de los Programas de educación, salud, vivienda y proyectos productivos, emergerán nuevos conflictos.

La narrativa de las historias y de la realidad vigente es indispensable para estar siempre consientes de todo aquello que ha postrado e inhibido el desarrollo integral de comunidades atrapadas en la desigualdad social y en la vejación de sus derechos fundamentales; es así como Martín Agudelo Ramírez nos presenta un excelente ejercicio, producto de sus reflexiones sobre el conflicto armado en Colombia y reivindica la relevancia del séptimo arte en la comprensión de la realidad. El cine de ficción sobre los movimientos armados en Colombia, pero sobre todo de los documentales producidos en tiempos recientes, integran un testimonio que nos invitan a no olvidar la tragedia directamente vivida por millones de colombianos, donde encontramos entre otros lamentables sucesos los falsos positivos, con frecuencia producto de una intencionalidad perversa, los desplazamientos forzados que, más allá de la pérdida del espacio, han fisurado la visión cosmogónica de pueblos originarios y afro descendientes para quienes la tierra es incluso su razón de vida.

Las desapariciones condenan a los afectados a una perpetua inestabilidad emocional hasta llegar a una de las más ruines conductas que, por cierto, aniquilan el desarrollo del ser humano como ha sido el reclutamiento forzado de menores. En particular, la importancia del cine documental es mostrar al espectador la realidad para que sea éste quien la interprete e identifique las causas de los movimientos armados, así como su evolución o involución y el desencadenamiento de los resultados, lo que le permite dar cuenta del impacto de éstos en la evolución social de la realidad colombiana.

El trabajo de Agudelo es un reconocimiento a la tarea emprendida por realizadores colombianos que han podido reflejar, en toda su crudeza, la lacerante realidad vivida por un amplio sector del pueblo colombiano; asimismo, nos hace una relatoría de lo que denomina hediondez insoportable en el entorno, siendo así que nos conduce a cortometrajes como “Ruta Natural” o a películas como “La Sociedad del Semáforo”. Claro, nos habla Agudelo del alcance de la violencia de las últimas décadas y de lo que él llama “El actuar demencial de los actores del conflicto” y como es que esta realidad ha impactado a la población civil y es en este contexto en el que afirma que el cine de denuncia en Colombia ha sabido reflejar la actuación antes mencionada.

El cine colombiano nos comenta Agudelo, ha visibilizado a las víctimas en films como “Porfirio” y “La Cirga”; en este último nos habla de la recurrencia con la que los Directores colombianos tratan a las víctimas, como si fueran seres condenados a la desmemoria y sin posibilidad de ser escuchados “vaya tragedia para un ser humano a quien se insensibiliza y lo lleva al protagonismo de la nada”, esto en palabras del autor de referencia.

A diferencia de la instrucción que genera el aprendizaje en sociedades sustentadas en la reproducción de autómatas, atrapados en los valores relativos de las culturas contemporáneas que integran la fuente que da vida a una realidad virtual alejada por completo de la realidad-real, la educación implica proveer a los destinatarios los conocimientos, pero, sobre todo, la comprensión de sí mismos y de la realidad donde están inmersos. Es decir, la instrucción se genera en escuelas-fábricas y la educación en escuelas donde brotan nuestras cualidades positivas y habilidades socio cognitivas ya que éstas nos convierten en agentes de la realidad y del cambio social.

En el anterior contexto, la mayor tragedia no es en última instancia la instrucción que aliena al ser en desarrollo, sino la ausencia de ésta que nos condena a la incomprensión, aun simplificada, de un mundo que nos avasalla. De ahí la aportación de Marie Estripeaut-Bourjac sobre los estragos originados por el desplazamiento que ha impactado a generaciones enteras y el consecuente silencio en las instituciones escolares, cuyo vacío estremece a la vez que evoca la vida de quienes convivieron en esos espacios. La autora redimensiona la obra del artista colombiano Juan Manuel Echavarría quien ha encontrado en las escuelas primarias abandonadas por motivo de la guerra y de los desplazamientos que ésta ocasiona los efectos ocasionados por la usencia de toda presencia humana en estos espacios. Estripeaut-Bourjac nos explica cómo es que el testimonio gráfico de Echavarría, producto de recorrido de las zonas de guerra de todo el país en la búsqueda de escuelas abandonadas por las ya mencionadas razones, ha permitido visibilizar lo no visible, propios para llevar al ojo del espectador a donde nunca se hubiera aventurado solo.

La obra “Silencios” de Echavarría, nos comenta la autora, lleva consigo una de las misiones implícitas que es justamente la necesidad de educar y recrear un tejido social en torno a la educación, como bien común que trasciende los Acuerdos de Paz. En este contexto, nos señala Estripeaut-Bourjac, el reto del autor de “Silencios” es producir en el espectador, la percepción sobre los horrores de la guerra que trasciende la simple curiosidad y el enfermizo deseo de recrear la violencia ya que su enfoque es captar la humanidad del sufrimiento y reconocer al otro ser humano en su dignidad. La autora nos transporta del conocimiento a la ficción al mostrarnos la visión animista de la obra de Echavarria y cómo, a partir de este margen podemos reflexionar sobre los estragos de la guerra.

Como bien lo afirman los coautores de la investigación sobre el impacto socioeconómico del desminado humanitario, Luis Alfredo Cabrera Albornoz y William Pachón Muñoz, al llevar a cabo el análisis de los casos de restitución de tierras de las comunidades de San Francisco y San Carlos en Antioquia Colombia, las acciones de desminado en estas dos comunidades anteceden al Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP ya que, incluso en el caso de San Carlos, la Dirección De Acción Integral Contra Minas Antipersonales declaró a esta comunidad como uno de los primeros Municipio libre de sospechas de este tipo de minas.

El caso del Municipio de San Carlos es un referente sobre los estragos que ocasionan las minas antipersonales ya que, por aproximadamente veinte años, fue asolado por la presencia de paramilitares, guerrilleros y enfrentamiento de éstos con las fuerzas militares, siendo el resultado, más allá de las feroces masacres, el éxodo de más de 25 mil personas y el drama de la incertidumbre que originan los desplazamientos.

Los beneficios del desminado de San Francisco y San Carlos han significado seguridad para los habitantes y la creación de condiciones para reactivar en estas comunidades el estado de derecho, con todas las implicaciones que esto lleva consigo. Atinadamente, los coautores, nos muestran el impacto económico que, en la región materia de estudio, ha tenido el desminado humanitario; sin embargo, a la vez nos muestran que la realidad, en dichas zonas, ha ocasionado una drástica concentración de la propiedad de las tierras lo que, como bien sabemos, es caldo de cultivo para la inestabilidad social.

Resulta inconcebible una paz estable y duradera en el contexto de semejante expresión de la injusticia social. El futuro, en Colombia, en la zona rural, está inexorablemente vinculado a una reforma agraria que esté por encima de los grupos de poder y restituya a campesinos, comunidades originales y afro descendientes sus tierras ya que el apoderamiento originado multifactorialmente y la excesiva concentración de vastos territorios, en un reducido porcentaje de la población, conlleva al surgimiento de nuevos conflictos ya que, como bien lo señalan los coautores, la tierra continua siendo un generador de conflicto en Colombia puesto que el 0.4% de los terratenientes posee el 61% de la tierra rural.

Este fenómeno se presenta desde la época de la colonia. Además, como bien lo señalan, la concentración ha aumentado en tiempos recientes, ocasionando después de la firma del Acuerdo de Paz, sucesos violentos que atentan contra los valores más apreciados del ser humano, como lo son la vida y la libertad, pues se han multiplicado los homicidios y la desaparición forzada de personas.

Cabrera y Pachón, junto a Fernanda Casanova Ramírez, incursionan en el análisis de la incidencia del factor de cooperación internacional en los procesos del desminado humanitario de Mozambique y Colombia. Su finalidad es aportar una visión general del citado proceso, haciendo hincapié en que la experiencia de Mozambique es de particular importancia en los procesos de desminado que, durante este siglo, se han llevado a cabo en la República de Colombia. Los coautores hacen hincapié en el Tratado de Ottawa, en cuyo texto del año 1997, se prohibió la fabricación de minas antipersonales y el impacto que éste ha tenido en las dos naciones ya mencionadas; asimismo, aluden al tipo de cooperación y el papel que en el desminado ha tenido la comunidad internacional, sobre todo los organismos multilaterales.

Sin duda alguna, el compromiso de Mozambique en donde abunda la extrema pobreza y el apoyo continuado de organismos internacionales produjo, después de 17 años que, en el 2015, se declarara el desminado total; en tanto que en Colombia como lo comentan los coautores, desde el año 2000 cuando se ratificó el Tratado de Ottawa, se estableció el sistema normativo requerido para dar vigencia tanto a la educación en el riesgo de minas, así como la atención integral a víctimas y un sistema de información para identificar los avances en el proceso de desminado personal.

El grave problema de las minas contra las personas es un tema significativo en el marco del compromiso contraído por el Estado Colombiano y las FARC-EP de los avances, respecto al Tratado ya mencionado. Es indispensable dar cuenta, sin embargo, de este complejo proceso sobre todo por la conflictividad que se observa actualmente.

Difícil situación en un amplio sector del pueblo colombiano cuando como bien lo señala Mariluz Nova Laverde, en el marco de las negociaciones que culminaron con el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP y las que actualmente se efectúan con ELN. El modelo económico de la nación, no es materia de conversaciones y de los acuerdos cuando la injusticia social se ha acentuado desde que surgieron los primeros movimientos armados, a partir de la quinta década del siglo pasado.

En el resumen de las aportaciones que hace Nova, cuando nos plantea la interrogante ¿Cómo construir paz cuando el modelo económico amenaza la justicia social? Se plantea la realidad lacerante que viven los pobres en Colombia, fenómeno que se repite en la mayoría de las Naciones del mundo y, desde el enfoque de la ecología de saberes, nos describe las causas de los conflictos armados en su nación, lo que constata lo complejo de la viabilidad de los acuerdos alcanzados, en virtud de la injusticia social que campea en todas las regiones del citado país, siendo precisamente este fenómeno el que, como ya se ha mencionado, genera inestabilidad y riesgo de contestación social en sus diversas expresiones. Factores como restitución en la política, criminalización de los contrarios, la pobreza, la desigualdad y las disputas por la apropiación del uso de la tierra, entre otras razones, nos muestran la epopeya que el pueblo colombiano debe emprender para alcanzar la paz.

De singular interés resulta el artículo de Sandra Liliana Uribe Montaña, Alfredo Cabrera Albornoz y William Pachón Muñoz quienes, desde un enfoque descriptivo con las elementales bases teóricas requeridas y concepciones desarrolladas en el ámbito de la seguridad, plantean la alternativa sobre la capacitación de ex combatientes, en la álgida disciplina de la seguridad integral. En efecto, de la lectura de este artículo se plantea como interrogante ¿Hasta qué punto la fundamentación teórica y metodológica en temas de seguridad integral, contribuye a la profesionalización de ex combatientes en asuntos de seguridad?

Se aprecia el compromiso de los coautores en el siempre prioritario tema de la seguridad, claro entendida ésta, en su acepción más amplia. Los coautores dan cuenta de los avances en Colombia en materia de seguridad y evalúan el liderazgo en América Latina de la citada nación sobre este tema y que debe estar siempre presente en toda sociedad, evidentemente con el sustrato de la promoción, el respeto y la protección de los Derechos Humanos. La creación de programas en materia de formación de seguridad integral dirigidos a ex combatientes, se evalúa por los coautores como una eficaz estrategia de inclusión, sobre la base de la capitalización de su experiencia, en los movimientos armados.

Olga L. González, en su atinada investigación que a todas y todos nos atañe y con la que estamos comprometidos por el bien del desarrollo integral de nuestras sociedades, nos plantea en su artículo “La otra subversión: la emergencia del “género” en el proceso de paz en Colombia”, lo siguiente: la transversalidad del enfoque de género e incluso de la diversidad sexual en todas las actividades humanas, partiendo de los espacios de socialización primaria, secundaria y terciaria, es decir, en la familia, la escuela y la comunidad, hasta las instituciones en su totalidad, con énfasis en los planes de estudio de todos los niveles formativos, resulta indispensable para la convivencia pacífica generalizada.

González, más allá del enfoque tradicional de género, nos plantea el espacio que en las negociaciones de paz llevadas a cabo en la Habana (Cuba), se logró al reconocer los autores, la pertinencia de incorporar al Acuerdo el tema LGBTI, y el peso que este movimiento adquirió en el debate previo al referido Acuerdo de Paz de Octubre del 2016. Asimismo, señala la autora que en los tiempos que vivimos la cuestión del “genero”, necesariamente incluye el tema de la diversidad sexual, al sostener que esta realidad constituye una variable estructural en la vida de Colombia. Una vez más, en la lectura de este artículo, nos encontramos con que las FARC erraron en sus tomas de decisiones que, por cierto, afectaron los orígenes del movimiento, al punto de que en el tema en comentario, han sido calificados como “sexistas” y “homofóbicos” lo que, seguramente, impactará su participación en la política, ahora con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

González nos plantea el camino que debió recorrer el movimiento de género para lograr un espacio en el Acuerdo de Paz, explicando cómo, en sus orígenes, entre los supuestos “iguales” es decir la milicia, no contemplaron en el diálogo la participación del citado movimiento y cómo fue que, paso a paso, las mujeres y las minorías sexuales fueron incorporando a la agenda el tema, dada la dramática realidad vivida durante más de 50 años en el contexto de las acciones de los movimientos armados, así como la necesidad de reconocimiento, inclusión y reivindicación en el texto del mencionado Acuerdo.

Sin embargo, de la lectura del documento se aprecia que, aunque el concepto de genero cruza transversalmente el Acuerdo de Paz, sucediendo algo similar con “Enfoque de género”, “Diversidad sexual” y “Condición sexual” el tema LGBTI que se usa como sinónimo de diversidad sexual, jamás se explica y no se hace referencia específicamente a las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. Sin lugar a dudas la colocación del tema por González ha sido pertinente ya que nos encontramos en un tema esencial en campo de la dignidad y del respeto de los Derechos humanos.

La condición de las víctimas que emigraron de Colombia es un tema que debe ser analizado desde distintas aristas. Es así como Paula Andrea Salazar Hoyos en el artículo titulado “El rol de las víctimas del conflicto armado colombiano residentes en el exterior en la aplicación de la ley 1448 de 2011” nos habla sobre el papel que éstas han jugado en la aplicación de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, desde la perspectiva teórica, haciéndolo tanto desde el tras nacionalismo político de las migraciones, como en la justicia transicional.

Cabe señalar que, a través de la ley citada se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan disposiciones; en particular las relacionadas con los derechos de las víctimas, contemplados en el artículo 28, entre los que encontramos el derecho a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad así como el derecho a la restitución de la tierra, si hubiere sido despojada de ella.

Asimismo, en el contexto del análisis de esta ley, la autora se refiere a la clara definición de víctima y especifica que es en los artículos 149 y 204 donde se hace alusión a las victimas radicadas en el exterior. Salazar nos presenta una radiografía sobre la situación que guardan las victimas que por distintas razones y en particular por los desplazamientos salieron o fueron forzadas a salir de Colombia. Asimismo, Salazar nos muestra las dificultades que atraviesa este tipo de víctimas y la complejidad para que las autoridades gestionen eficazmente la solución a su problema; por último, la autora nos habla de cómo quienes se han organizado, han logrado legitimarse ante el estado colombiano para hacer valer sus derechos.

Sin embargo, también reconoce que las citadas organizaciones deberán vincularse y participar en los procesos que, actualmente se instrumentan para dar plena vigencia a los derechos contemplados en la Ley ya mencionada y, en particular, al punto 5 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.