Servicio de atención y acompañamiento emergente a víctimas de violencia en Salamanca, México (víctimas indirectas de desaparición, homicidio y feminicidio) Emerging care and support service for victims of violence in Salamanca, Mexico (indirect victims of disappearance, homicide and feminicide)

Introducción

En la primera sección se presenta de forma general el contexto de violencia donde se inscriben las personas usuarias del programa de atención. En la segunda, se describen las condiciones precipitantes del desarrollo y establecimiento del programa sujeto al análisis. En la tercera, se caracteriza el funcionamiento del programa con el objetivo de identificar áreas de mejora. En la cuarta, se detallan algunos de los problemas identificados por los operadores y autoridades municipales con la intención de conocer los posibles ajustes para su mejora continua.

Análisis de violencia municipal

Figura 1. Personas reportadas como desaparecidas en Salamanca (2015-2023)

Como se muestra en la figura 1 existe una disminución de personas desaparecidas de 2015 a 2023, pero incrementa el número de personas localizadas sin vida y quienes permanecen sin ser localizadas. Para dimensionar el volumen del número de potenciales usuarios asociados a este delito se requiere considerar dos aspectos: 1) es por completo desconocida la cifra negra, es decir, el número de personas sobre las que jamás se denunció ante las autoridades correspondientes; además, 2) existen personas residentes de Salamanca, pero desaparecidas en municipios cercanos de la misma entidad, por lo cual no se encuentran reportadas en las cifras del municipio que muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta instancia es la responsable a nivel nacional de registrar el número de delitos cometidos con base en el número de denuncias realizadas ante el Ministerio público. Por tanto, las cifras son una aproximación al problema enfrentado por la administración municipal.

Figura 2. Homicidios dolosos en Salamanca 2015-2023

Ahora bien, el número de homicidios provee una imagen más clara del contexto de emergencia del SAAEV en Salamanca, porque permite identificar un tipo de violencia estructural responsable de impulsar el aumento de víctimas indirectas. La figura 2 permite conocer tanto la tendencia de este delito y su posible vínculo con la delincuencia, organizada y simple. Como se observa, el mayor número ocurrió como producto del uso de armas de fuego y el resto por otro tipo de armas. Los homicidios con arma de fuego evidencian la presencia de grupos en disputa en la región entre miembros del crimen organizado de al menos tráfico de narcóticos y trasiego de combustible (Reyes Guzmán, Sánchez Ruiz, & Rostro Hernández, 2022).

Adicionalmente, se sabe de la fuerte correlación entre el incremento de la incidencia delictiva con el crecimiento económico; en ese sentido, Guanajuato mantuvo niveles superiores a la media nacional del PIB per cápita, de la inversión extranjera directa y la deuda de la entidad federativa (Reyes Guzmán, Sánchez Ruiz, & Rostro Hernández, 2019). Es decir, las víctimas directas e indirectas emergen de un complejo contexto de violencia sistemática, crecimiento económico y disputa de territorios por grupos criminales, por lo cual no se puede afirmar que las víctimas se asocien directamente a las actividades delictivas. Por el contrario, ellas y ellos experimentan las consecuencias más agudas de la violencia social.

Tabla 1. Homicidios acumulados de municipios de Guanajuato 2015-2023

Ahora bien, la tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes ofrece un panorama más detallado de la violencia alojada en el municipio, como consecuencia de su posición geográfica y cercanía a estados y municipios con alta incidencia delictiva. Algunas de las principales vías de comunicación a estados como Michoacán, Jalisco y municipios como Celaya e Irapuato tienen como punto nodal al circuito de carreteras federales y autopistas de Salamanca. En total, la tabla 1 muestra al municipio con la tasa más alta de homicidios dolosos con 6.12 personas por cada 10 mil habitantes con una desviación estándar de 3.24, por lo que se produjeron años como el 2019 y 2020 con tasas superiores a las 10 personas asesinadas.

Facultades jurídicas

El gobierno municipal es el nivel de atención más cercano a los ciudadanos usuarios del SAAEV y fue desarrollado de forma emergente ante un número creciente de víctimas, pero carece de equivalentes en otros municipios. En México, así como el estado de Guanajuato, apenas existe un entramado institucional de recentísima configuración para atender a víctimas de los tipos penales de homicidio, desaparición y feminicidio en el nivel del gobierno federal y estatal. Este, incluye algunas atribuciones poco claras para los municipios como se indica a continuación, generando una desatención en este nivel de gobierno en el resto del país. De los 2446 municipios en México, solo destaca Salamanca por desarrollar un servicio de atención de este tipo.

Por una parte, la Ley General de Víctimas junto a sus equivalentes regionales, permitieron construir un sistema limitado para la atención inmediata, de acompañamiento y reparación integral de las víctimas con una perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. El artículo 79 enuncia tibiamente algún tipo de obligación del gobierno municipal en la atención o asistencia a víctimas pero que, al no ser específicas en sus atribuciones, facultades o disposición de recursos lo excluyen de participar activamente. Lo común en México es la desatención en este nivel de gobierno, como ocurrió en Salamanca en años previos a la administración de 2021 a 2024.

Ahora bien, la demanda de justicia más estruendosa por parte de las víctimas es la ineficaz atención e investigación en materia penal por parte del gobierno estatal. Los sobrevivientes a este grupo de delitos tienen altas expectativas para que las fiscalías logren la recuperación de cuerpos, la identificación de los responsables, otras en materia forense y la procuración de justicia en general. En este campo de acción del poder judicial los municipios carecen por completo de facultades. Únicamente interactúan de forma limitada para ampliar la información de las declaraciones iniciales en el sistema Penal Acusatorio; ejecución de medidas cautelares en su caso o divulgación pública de contenidos de prevención. Esto explica la falta de antecedentes en otros municipios y entidades de México. Por ejemplo, en la elaboración de Cédulas de Búsqueda e inicio de los protocolos homologados de búsqueda son responsabilidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Fiscalía; en estos casos, el municipio únicamente interviene cuando dichas instituciones lo solicitan a través de una notificación institucional.

De manera específica para casos de desaparición, desde la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se integran las Comisiones de búsqueda, con el mismo nivel de administración a nivel federal y estatal, con un rol residual a nivel municipal centrado en la canalización a las instancias correspondientes. En conjunto, estos organismos, junto a instituciones especializadas de atención a la mujer e incluso fiscalías, así como organismos públicos de derechos humanos ofrecen servicios de asistencia legal, acompañamiento psicológico y mecanismos de reparación que resultan insuficientes para atender a un grupo de víctimas en expansión con necesidades urgentes en situaciones de alto riesgo. Como consecuencia, en el municipio se carece de un protocolo de atención, antecedentes de diseño de líneas de acción y esquemas de evaluación de desempeño.

Como se presenta en la siguiente sección, el diseño difiere de un proceso lineal de elaboración de política. En ese sentido, la adopción del enfoque de derechos humanos fue progresiva y la perspectiva de género fue condicionada desde el inicio por el predominante número de mujeres organizadas en colectivos para negociar los servicios. Además, el SAAEV se realizó más como una estrategia de atención emergente, donde el gobierno generó las condiciones para negociar con ciudadanos su forma actual y escribió los temas prioritarios en la agenda pública municipal. Su éxito emergió de la convergencia de necesidades planteadas de la ciudadanía y un programa de gobierno con la intención de trabajar la restitución del tejido social.

Programa de atención

Historia del SAAEV

El primer vínculo entre las víctimas indirectas de la violencia y autoridades del gobierno municipal se produjo entre líderes de colectivos de personas que buscan a sus seres queridos y el secretario del ayuntamiento. Desde el primer día, la sociedad civil se acercó a una nueva administración para buscar formas de apoyo en sus labores de búsqueda en campo que en administraciones previas no tenía. Esto convergió con uno de los cuatro ejes de gobierno de la campaña electoral en 2021, específicamente con el de Reconstrucción del tejido social. En ese sentido, el nuevo diálogo entre actores sociales detonó un ritmo acelerado para desplegar acciones públicas específicas para atender necesidades de un grupo en situación de vulnerabilidad, además de ayudar a perfilar el diseño institucional de un nuevo servicio de atención.

Aguilar Villanueva (2015) indica que para gobernar en democracia hacia metas de bienestar se exigen más capacidades, actores y acciones que las del estricto marco gubernamental; ante las limitaciones del estado, se necesita el aporte social para hacer más capaz cuando se generan interdependencias, más que dependencias, coordinar más que subordinar, construir puentes más que pirámides. Es decir, se trata de un estilo de gobernanza más eficaz y humano, donde convergen las necesidades específicas y las intenciones de un gobierno con el compromiso de reconstruir la urdimbre social devastada por el crimen.

Inicialmente, estas acciones se limitaron a los aspectos básicos y rutinarios como el acompañamiento de la policía municipal para proveer seguridad al introducirse así a territorios donde las líderesas sospechaban de la existencia de fosas irregulares de cadáveres. La inseguridad en la región impide el libre desplazamiento de los grupos para la identificación de terrenos con posibles restos mortuorios, por lo cual se requiere de transporte y guardias para labores en campo. Esto ocurrió de forma paralela a las labores de la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato, apenas conformada en el año 2020, facultada jurídicamente para acciones equivalentes.

Las limitaciones de las fuerzas de seguridad municipal, así como de la falta de personal especializado para las asistencias exigidas por los colectivos cada vez más grandes y mejor organizados, obligaron al gobierno municipal a buscar formas de acción y acompañamiento a su alcance para la atención. De ese modo, en abril de 2022, apenas a seis meses del inicio de la administración de Cesar Prieto, se ofreció el primer acompañamiento desde el DIF para un total de 44 adultos y aproximadamente 70 niñas, niños y adolescentes. Del grupo de adultos, apenas 4 eran hombres y el resto mujeres, quienes mayoritariamente realizan labores de gestión y labores de búsqueda en campo. Se trata de una organización social de ciudadanas para perseguir su propósito de identificar el paradero de hijos, amigos, parejas y demás seres queridos ante su desaparición; los hombres adultos en la región realizan labores secundarias o de apoyo, por lo cual es esencialmente un movimiento social femenino.

El acuerdo entre el gobierno y los colectivos abrió un campo de interacción donde se alojaron formas de encuentro que precipitaron el desarrollo de acciones cada vez más definidas para los servicios públicos. Estos se expandieron hasta incorporar acciones de contención para personas de reciente incorporación, así como la evaluación socioemocional de quienes ya llevaban camino recorrido en labores de búsqueda. Además de la adaptación de la infraestructura del DIF para acciones de acompañamiento de niñas y niños, ésta dispone de líneas de acción definidas porque se trata de una instancia especializada para la atención de la infancia y familia en general. De ese modo, se pasó inicialmente a realizar acompañamiento en búsqueda, apoyos con transporte y se extendió hasta al acompañamiento psicológico; por lo cual cobró fama entre los colectivos de otros municipios hasta convertirse en un referente en el estado.

Progresivamente, esta interacción e improvisación de las primeras formas de atención se desarrollaron hasta incorporar a víctimas indirectas de homicidio y, desde 2023, casos de feminicidio así como la expansión de servicios como el otorgamiento de apoyo alimentario y acompañamiento psicológico en labores de búsqueda en campo y acompañamiento permanente, fuera de labores de búsqueda. Como consecuencia, las acciones cotidianas del DIF, así como su personal experimentaron una transición para atender casos individuales de infantes en situación vulnerable por carencia de alimentos o salud, a colectivos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres adultas víctimas de violencia. Uno de los cambios más notorios fue el crecimiento de plazas para contratar especialistas y la configuración de profesionales multidisciplinarios. En 2024 ya se dispone de psicólogos, sociólogos y profesionales en el entrenamiento deportivo, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención para colectivos en situaciones de vulnerabilidad.

Ese proceso no fue ni lineal, ni previsto en las acciones de gobierno de la administración en turno, ni libre de conflictos entre las partes, sino el resultado de un proceso de negociación y ajuste continuo de recursos para dirigir la administración a un nuevo campo de servicio adicional a la ya de por sí excesiva carga cotidiana del DIF. En general las políticas o programas al momento de iniciar generan expectativas, intereses, cargas de trabajo administrativo, responsabilidades nuevas, operación y toma de decisiones que engendran sus propios conflictos (Aguilar Villanueva, 1993); este caso no fue la excepción. De ese modo, se observa más una trayectoria del SAAEV por reglas o canales no escritos productos del pacto, que de canales institucionales claros, previamente definidos y con asignación de recursos etiquetados en la compleja y engorrosa estructura de la supervisión de gastos propios de la contabilidad gubernamental.

El caso analizado revela la importancia de la presencia de ciudadanos movilizados en torno a una necesidad para ganar especio en la agenda pública, así como de una estructura administrativa dispuesta a negociar para realizar ajustes a los proyectos de gobierno. Precisamente, esa arena improvisada de deliberación fungió como el espacio para compensar la falta de protocolos formales de atención, superar la limitación presupuestal junto a sus engorrosos requisitos, contrarrestar la rígida interpretación del marco jurídico de las instituciones públicas municipales para realizar acciones públicas, así como superar la lenta burocracia que tanto lastima a las víctimas indirectas atendidas. Por eso, la explicación del porqué se decidió iniciar este servicio es una combinación de presión social de colectivos civiles, la decisión político-ideológica del gobierno en turno para incorporarlo en la agenda pública municipal y la legitimidad del tema para los administradores del servicio. Sin el compromiso de los funcionarios involucrados en los servicios prestados por el DIF, o su reconocimiento como tema de justicia social, difícilmente se hubiese estructurado a nivel organización como se encuentra en el año 2024.

Estructura

El SAAEV es resultado de un proceso de adaptación de una estructura institucional originalmente diseñada en México desde los años 70 para la asistencia social de primer contacto y el desarrollo comunitario. En gran parte del territorio nacional se encuentran desvinculados de los servicios y atención de víctimas de homicidio y desaparición, motivo por el cual se requirió de un proceso permanente de reorganización y desarrollo de capacidades para resolver las necesidades más urgentes en el municipio de este nuevo grupo de usuarios. El enfoque teórico denominado Desarrollo de Capacidades Institucionales plantea a) mejorar las funciones y resolver problemas públicos con los recursos disponibles; b) movilizar o adaptar sus instituciones para dar respuesta a los problemas públicos aunque carezcan de experiencias previas; y c) formular, aplicar, coordinar, monitorear, evaluar y rendir cuentas en el marco de un sistema de gestión pública (Rosas Huerta, 2008). Por eso el SAAEV, actualmente, opera a través de la siguiente estructura institucional y recursos.

Respecto del personal asignado directamente al SAAEV se encuentran adscritos 12 psicólogos, una socióloga, 2 trabajadoras sociales y 1 promotor infantil. De forma indirecta o complementaria, colaboran licenciados en entrenamiento deportivo, eventualmente 1 abogado y aprovechan la incorporación temporal de futuros profesionistas vinculados a la institución para presentar su Servicio Social. Sin duda, existe un desbalance de funcionarios respecto a la demanda que lograron adaptar para su funcionamiento, a lo largo de casi tres años.

De los 12 psicólogos reportados para este servicio, en 2023, apenas se incorporó a un total de 10 con un costo financiero de $ 123 072,7 dólares y registró un incremento a $ 135 631,6 dólares en 2024. Con esta acción se pretendió mejorar las condiciones laborales de los profesionistas de la salud mental, así como permitir acceso a servicios de salud mental por las condiciones de alto estrés al cual se encuentran sometidos. El ingreso mensual en 2024 de cada psicólogo fue en total de 11.05% respecto al año 2023. El sueldo mensual bruto se compone de sueldo base $ 730,19 dólares, estímulo de asistencia $ 36.5 dólares y aportación para consumo de víveres $ 62,38 dólares, para un total de $ 829.10 dólares mensuales. Este nivel de ingreso es similar al de otras plazas en el sector público en México para psicólogos del área clínica.

Funcionamiento

El objetivo del servicio se definió durante su desarrollo y dio forma al diseño institucional comprometido en eje rector del proyecto de gobierno de Reconstrucción del tejido social. Luego de más de dos años, se sabe con claridad que consiste en:

Disponer a nivel municipal con un servicio de atención y acompañamiento profesional para víctimas indirectas de homicidio, desaparición y feminicidio, que ofrezca respuesta a necesidades de salud mental, re dignificación y justicia (diferentes a la investigación criminal y reparación integral) a través de la adaptación y ajustes a los recursos disponibles del DIF para fomentar el retorno a su proyecto de vida.

a) Adultos. Para cumplir con el objetivo el DIF realiza diagnósticos de malestar psicológico una vez generada la solicitud del servicio, sea de forma directa o a través de algún colectivo de búsqueda. Para eso emplean la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS21) por sus propiedades psicométricas, así como por las ventajas de rapidez en su aplicación y sencilla interpretación. Este instrumento goza de reconocimiento entre los profesionales de la salud mental por su estructura factorial, consistencia interna y validez convergente y divergente (Vargas-Olano, Cárdenas-Ojeda, & Herrera-Delgado, 2022). Ofrece al personal del DIF encargado de operar el SAAEV resultados de los niveles de depresión, ansiedad y estrés en una escala que va de ningún síntoma evidente, hasta padecimiento extremadamente severo. Este es aplicado en el primer contacto o primeras actividades en las instalaciones del DIF por personal especializado. Durante los primeros meses del servicio fue el único instrumento empleado para diagnosticar, luego con base en los resultados, integrarlos a los grupos para el acompañamiento psicológico de adultos.

Posteriormente, se añadió para este grupo la Escala de Paykel como herramienta de evaluación de la conducta suicida. La decisión se tomó con base en los resultados de altos niveles de sintomatología medidos por el DASS21, así como la observación de crisis permanente en algunos beneficiarios. Es decir, su incorporación es consecuencia de ajustes administrativos para atender necesidades no previstas inicialmente. La Escala de Paykel también es definida como un instrumento de medida breve, sencillo, útil y con adecuadas propiedades psicométricas para la valoración y/o el cribado de la conducta suicida (Fonseca-Pedrero & Pérez de Albéniz, 2020). La escala arroja como resultados 5 niveles que van de menor a mayor puntaje, donde 5 es el máximo riesgo.

Ambos instrumentos se completan con un diagnóstico del nivel socio económico con la Regla creada por la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI). Los resultados de esta escala se reflejan en siete niveles con base en las características del hogar, va de menor a mayor vulnerabilidad. Se identifica con E la situación más vulnerable y con A/B se representa el nivel más alto de ingreso. Esta clasificación sirve a los funcionarios públicos del DIF para tomar decisiones sobre la asignación de recursos o apoyos, procurando beneficiar primero a las familias más desfavorecidas.

b) Niñas y niños. Para este grupo se emplea Arte terapia como metodología de intervención integral (cuerpo-mente) que permite involucrar activamente a los participantes en la exploración, comprensión y expresión de emociones, conflictos y otros pensamientos a través de pintura, dibujo, escultura, literatura, danza, juegos y yoga dentro de un espacio-relación seguro y de confianza entre participantes, familia y terapeuta. Además, una comunicación directa y colaborativa con los padres, familiares o tutores permite promover estilos de crianza incluyentes y respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Arte terapia se encuentra arraigado en la visión psicosocial y se emplea en América Latina en contextos de conflictos armados desde el siglo XX. Parte del supuesto, según el cual, el contexto de guerra, violencia aguda e inseguridad tienen un efecto emocional, psicológico y físico en los niños y niñas, sin que se trate de afecciones o enfermedades mentales. Por eso, este modelo prescinde de diagnósticos estandarizados como los empleados en adultos, esperando evitar posible discriminación, estigmatización e incluso la revictimización por parte de las comunidades de origen o las autoridades. En cambio, se realizan expedientes personales donde se describe de forma general y subjetiva la posible sintomatología para ubicarlo en algún grupo de trabajo de arte terapia, así como la planeación terapéutica. Además, se auxilia de formularios no estandarizados, aplicados a los padres o tutores donde se narra la posible sintomatología percibida por los adultos. De ese modo, se establece una relación de colaboración entre terapeuta, participante y padre de familia o tutor.

Este modelo asumido por el SAAEV en niñas y niños requirió de la incorporación de una psicóloga social con experiencia en Arte terapia; emergió como parte del acuerdo negociado entre psicólogos, autoridades y padres de familia. Entre las ventajas más notables se encuentra: no es invasivo, es colectivo, integra el enfoque de derechos humanos; además, fue empleado en contexto de guerra semejante a la vida cotidiana donde las y los niños conocieron el asesinato o desaparición de padre, madre, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos, en ocasiones más de uno. Finalmente, porque se ajustó a la infraestructura disponible en el DIF para su operación permanente.

Tabla 2. Esquema de Servicios de Asistencia y Acompañamiento Emergente para Víctimas Indirectas de Violencia en Salamanca

c) Perfil del usuario. Se atiende a adultos, niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de homicidio y desaparición, aunque en 2024 se integraron también por casos de feminicidio.

Los servicios se dividen en 6 secciones:

1) Atención inicial. Consiste en el primer contacto con las familias para conocer el estado de salud y presencia de rasgos de vulnerabilidad, y eventualmente contención emocional para situaciones de crisis. En caso de acordar el servicio, se asignan los integrantes a grupos de trabajo según sus características y disposición de tiempo. Para niñas y niños se aplica formularios a padres de familia o tutores con el objetivo de conocer posible sintomatología; para la contención, se crean espacios seguros y confiables de comunicación e interacción.

2) Acompañamiento. Se subdivide en dos formas, en la contención emocional en labor de campo en casos de desaparición y en los servicios de atención psicológica para desaparición y homicidio. La Comisión Estatal de Búsqueda de personas Desaparecidas en Guanajuato ofrece asistencia técnica para el reconocimiento y desplazamiento en labores de búsqueda de cadáveres a través de personal capacitado y recursos tecnológicos. Pero, la alta demanda de servicios en todo el estado limita la incorporación de profesionales de la salud para la contención de las situaciones devastadoras y crueles, por lo cual el SAAEV acompaña búsquedas donde son invitados con psicólogos y socióloga.

Para la atención psicológica se emplea terapia de corte grupal para abarcar un mayor número de usuarios en una situación de un número reducido de profesionales de la salud mental. Para su desarrollo se construye un entorno seguro y amigable que permite formalizar la colaboración, así como compartir experiencias comunes - por ejemplo, la pérdida de la vida de un ser querido o su desaparición. Su objetivo para víctimas indirectas de homicidio es definido en la Carpeta de evidencias (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, 2023) como: reducir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión, en específico a través del acompañamiento del duelo para las víctimas de homicidio, así como el fortalecimiento de habilidades socioemocionales para sobrellevar situaciones complejas de la vida.

El objetivo para las víctimas de desaparición, que no pasan por un proceso de duelo, consiste en atender la sintomatología más aguda para evitar riesgos a la salud mental y física de los usuarios, así como el acompañamiento para la reincorporación progresiva a las actividades básicas para ejercer sus derechos más elementales. Esta es una necesidad vital para la subsistencia porque la experiencia traumática es continua y los proyectos de vida previos en familia, casi siempre, son destruidos por completo.

Se comienza realizando una aplicación de diagnóstico para evaluar su nivel sintomatológico en estrés, ansiedad y depresión; posteriormente se hace el análisis de los resultados y se asigna a un grupo de atención, ya sea para adultos, adolescentes o niños. Se llevan a cabo las sesiones semanales y se va dando seguimiento a las personas con los índices más altos (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, 2023).

3) Seguimiento. Por las complejas condiciones impuestas por el contexto de violencia en la región y los hechos victimizantes, e incluso por el tiempo transcurrido de los hechos, eventualmente se da seguimiento personalizado a los usuarios con síntomas agudos de malestar y situaciones de alto riesgo. Se desarrolla terapia de forma complementaria a la colectiva y procura se desarrolle de forma temporal.

4) Acciones de dignificación de víctimas. Se trata de acciones en el terreno simbólico y ante la opinión pública para fomentar el reconocimiento de los derechos de las víctimas en su entorno cercano. La Dirección de Orientación Familiar del Sistema DIF denominó sobre el camino los llamados Proyectos de visibilización. Se trata de labores para dignificar a las víctimas indirectas ante la estigmatización y segregación en sus espacios, laboral, escolar o comunitario. El objetivo consiste en desplegar un conjunto de acciones de sensibilización y divulgación pública sobre contenidos asociados a los delitos de homicidio y desaparición para impulsar el reconocimiento de la figura de víctimas.

5) Gestión de trámites ante autoridades estatales y federales. Según el marco jurídico vigente en materia de víctimas, se otorga a los usuarios de las comisiones especializadas: Atención inicial, Acompañamiento y Reparación Integral. Para eso se requiere obtener la calidad de víctima indirecta en un largo y complejo proceso fuera del municipio. De la misma forma, los servicios de la comisión de búsqueda especializada se encuentran disponibles para quienes denunciaron la desaparición de un ser querido y no fueron localizados de forma inmediata a través del Protocolo Homologado de Búsqueda, ALBA para adultas y AMBER para niñas, niños y adolescentes. El SAAEV auxilia los usuarios en el largo proceso administrativo, así como sortea las complicaciones del engorroso trámite.

6) Asistencia social. El DIF en el resto de los municipios del país se encarga de la asistencia a grupos vulnerables con apoyos directos y especie. Algunos de estos fueron asignados ahora a víctimas indirectas de homicidio y desaparición. Como se observa en la siguiente sección, es un complemento de los servicios de atención sobre todo porque se trata de personas en situación de vulnerabilidad social.

Características de los usuarios

Tabla 3. Características sociodemográficas de usuarios del SAAEV

La tabla 3 muestra cómo el principal grupo de atención de adultos es predominantemente las mujeres. Esto se relaciona directamente con los liderazgos de los colectivos de búsqueda encabezados a nivel nacional por ellas, reproducido a nivel municipal. Si bien esa estructura se encuentra asociada al mayor número de desaparecidos hombres, con los roles de padres, parejas, hijos o hermanos, la explicación de este perfil es debido a la apropiación de las mujeres de las labores de búsqueda y presión ante las autoridades. Sobre todo, el papel protagónico de las mujeres se asocia a su efecto diferenciado ante la violencia, porque esta se despliega con un alto contenido de violencia de género donde la estructura jerárquica y asimétrica les impone a ellas la obligación de buscar. Estudios como los de Matilde Domínguez (2022) y Sergio Salazar (2023) describen estos liderazgos en diferentes estados de México, así como los efectos irreversibles sobre sus proyectos de vida.

También se observa una mayor atención a los grupos entre los 30 y los 59 años, equivalente al 62% y un grupo de 18% de personas mayores de 60 años, aunque destaca la atención a 5 menores de edad con manifestación de sintomatología por malestar psicológico al momento de solicitar los servicios de atención en el DIF. Estos adolescentes accedieron a los servicios como familiares de las personas desaparecidas.

El tipo de víctima indirecta se asocia con los dos tipos penales de mayor frecuencia: homicidio doloso y desaparición. Los registros de los usuarios con algún contacto inicial, aunque no necesariamente equivale al total de quienes reciben permanentemente los servicios, es de 70% de homicidio y 30% de desaparición. Aunque en febrero y marzo de 2024 comenzaron a atender a víctimas indirectas de feminicidio, los datos no aparecen porque la revisión de la información se realizó con corte del 30 de enero de ese mismo año. Esta incorporación progresiva muestra cómo la violencia estructural continúa produciendo víctimas indirectas, además de los casos acumulados; esta situación permite plantear la necesidad de continuar planeando la expansión del servicio porque sigue sin mostrar el problema su contracción y quizá plantearse la incorporación de estrategias preventivas, acordes a sus facultades jurídicas.

Adicionalmente, la figura 2 muestra el grupo de atención de niñas, niños y adolescentes con un total de 98 casos. Sobre este grupo se carece de información cuantitativa sobre evaluación de salud psicológica o tipo de relación según el perfil de las víctimas por homicidio o desaparición. En cambio, se conoce la descripción realizada por parte de los equipos de trabajo del DIF para su atención permanente. El volumen de este grupo permite plantear la reflexión sobre el tipo de impacto del SAAEV a mediano y largo plazo, porque posiblemente impone formas de vulnerabilidad contrarias a su desarrollo humano y al ejercicio de sus derechos. Por lo cual, el programa establece condiciones favorables para el bienestar de los usuarios de este grupo, pero impone obligaciones éticas para las autoridades, por los efectos nocivos en caso de ser suspendido, asociados a los ritmos electorales.

Figura 3. Porcentajes usuarios con depresión, ansiedad y estrés (DASS 21)

La figura 3 contiene el volumen en porcentaje de síntomas de depresión ansiedad y estrés, desagregado en los niveles: sin evidencias de malestar, leve, moderado, severo y extremadamente severo. Destaca el nivel de extremadamente severo para ansiedad, equivalente al 38.5% del total de los usuarios. Le sigue la depresión en el nivel extremadamente severa, equivalente al 30%. En conjunto los altos niveles de malestar dejan ver la necesidad urgente por desarrollar más este programa y transferirlo a regiones con situaciones similares por su posible impacto favorable en el bienestar de los ciudadanos de los municipios.

Por su parte, el 14.3% de los usuarios participa de los servicios de atención sin un diagnóstico de su estado socio emocional. Posiblemente se asocia a los ritmos variantes de incorporación al SAAEV, a una participación intermitente de los usuarios o el retraso de los diagnósticos producido por el exceso de carga de trabajo de los servidores públicos. En todo caso, muestra un ámbito para considerar en el plan de mejora.

La figura 4 indica una situación similar para el diagnóstico de riesgo de suicidio. En total, el 43% de los usuarios adultos carece de uno, por lo cual existe un alto riesgo de sesgar la información. Aun así, se identificó un 4% de usuarios con el puntaje más alto, le sigue un grupo equivalente al 1% con cuatro puntos y 7.1 con un riesgo medio con al menos 3 puntos. Mejoras del programa necesitan considerar la estandarización del diagnóstico.

Figura 4. Puntaje en la escala Payal para riesgo suicida

Tabla 4. Tabla resumen de independencia estadística

La tabla 3, resume las asociaciones estadísticas entre niveles de malestar psicológico y las características de los usuarios. Los resultados indican diferencias significativas al experimentar la depresión según cada grupo de edad. En específico se identificó que el grupo de 50 a 59 años, equivalente al 60%, padece el nivel de extremadamente severo, en comparación con otras edades de las víctimas indirectas. También, se identificó el padecimiento de depresión extremadamente severo entre víctimas indirectas de desaparición, equivalente al 51%. Es decir, son dos grupos donde se acumula mayor malestar y requieren un tipo de acompañamiento diferenciado por su condición vulnerable. En donde no se encontró diferencias en los niveles de depresión fue entre hombres y mujeres - es similar la distribución entre ambos. Tampoco se identificó diferencias significativas en relación a la depresión y grupos con base en el nivel de ingresos; la explicación es que no hay usuarios del SAAEV de altos ingresos. Este resultado confirma la concentración de los beneficios del servicio en los grupos más vulnerables por ingreso, aunque revela los efectos negativos de la violencia estructural en quienes menos ingresos tienen.

Respecto a la ansiedad con el nivel extremadamente severo, y al mismo tiempo el padecimiento de mayor frecuencia total de la medición de malestar psicológico, se presenta más en el grupo de edad entre 50 y 59 años, equivalente al 33.9%, seguido del grupo de 40 a 49 años, equivalente al 28.8%. Es decir, existen diferencias significativas entre este rango de edad y otras edades. Ahora bien, la ansiedad se distribuye de forma similar entre hombres y mujeres, víctimas de homicidio y desaparición, así como de los niveles de ingreso. Nuevamente, en el caso del ingreso se requiere recordar que no se encuentran representados en los análisis usuarios de ingresos altos; posiblemente, las víctimas indirectas con ingresos altos accedan a servicios de acompañamiento profesional en el sector privado o posean otros recursos para afrontar los efectos más lascivos de la violencia en la región.

Aunque el estrés constituye el de menor frecuencia de los tipos de malestar psicológico, es nuevamente del nivel extremadamente severo en el grupo de edad en el rango de 50 a 59 años. Por tanto, existen diferencias significativas en el nivel de malestar respecto a otras edades. De la misma forma, los resultados muestran un nivel extremadamente severo en víctimas de desaparición, por lo que hay diferencias con las víctimas indirectas de homicidio que padecen mayoritariamente estrés en nivel moderado. Al mismo tiempo, tanto hombres, como mujeres adultas experimentan de forma similar este tipo de malestar, así como los diferentes grupos, según su nivel de ingreso. En ambos casos los valores del nivel de significancia superiores a 0.050 indican que no existen diferencias.

Con los escasos datos disponibles sobre riesgo de suicidio, se identificó diferencias entre el grupo de ingresos bajo-bajo respecto al nivel de ingresos bajo alto e ingresos medios respecto al mayor puntaje. Es decir, los usuarios de mayor riesgo de suicidio provienen de contextos de vulnerabilidad más agudos. No se observaron diferencias en los puntajes de la escala Paykel entre hombres y mujeres, edad y tipo de víctimas por homicidio o desaparición.

Problemas del Programa

El primer problema identificado en la información proporcionada por el gobierno municipal, a través de la Dirección Orientación de la Familia DIF y la contenida en los medios de comunicación, muestra un grado de conflicto con algunos actores clave en el proceso de mejora. La figura 5 representa la situación de permanente confrontación con algunos colectivos de búsqueda y el gobierno estatal. Tal como indica Aguilar Villanueva, toda política puesta en marcha genera expectativas, mueve recursos y genera intereses (1993); en este caso, el desarrollo del SEEAV produjo fricciones con uno de los tres colectivos más grandes establecidos en el municipio.

Inicialmente ese grupo fue el pionero en la negociación de acciones y encabezó las presiones para ser atendidos desde el nivel municipal ante la sobre carga de casos del gobierno estatal. La presión social del colectivo, con respaldo de sus similares de otras regiones, permitió incidir en los ajustes de la administración local para atender necesidades impensables como el apoyo a niñas, niños y adolescentes en sus centros escolares o asignación de transporte para labores de búsqueda en campo. Pero, su funcionamiento como colectivo cada vez más grande comenzó a consumir más recursos; su operación en campo se intensificó, por lo cual se aceleró la demanda de los insumos sin alterar los recursos públicos disponibles.

Figura 5. Mapa esquemático del conflicto del DIF

Es decir, la sobre carga acumulada en el Estado se transfirió progresivamente al gobierno municipal en el tema de desaparición; al tiempo, emergieron grupos dicientes al interior del colectivo más grande que terminaron por fundar sub grupos con las mismas necesidades, exigencia y legitimidad. También la popularidad del SAAEV atrajo a víctimas de otros municipios en busca de la asistencia, así como la incorporación de víctimas de homicidio o recientemente de feminicidio hasta diversificar e intensificar la demanda de los servicios, pero con los mismos recursos limitados. La incorporación de más actores con demandas igual de legítimas se interpretó como la desatención del grupo más grande hasta romper relaciones e iniciar un conflicto a través de los medios de comunicación locales; es decir, se produjo una distensión en una situación donde se requiere colaboración con un objetivo común.

Ahora bien, los servicios, así como el número de usuarios se incrementó sin un cambio en la asignación presupuestal debido a que no se constituye como un programa formal o justificable para el gobierno estatal. Hasta ahora la inversión realizada en instalaciones del mezzanine y el incremento de plazas para psicólogos proviene de un ajuste en la asignación del presupuesto regular del DIF. Continúan funcionando con las partidas asignadas para una dirección de una institución diseñada para atender en el ámbito local a la población en situación de vulnerabilidad como ocurre desde 1977 a nivel nacional. Pero, históricamente se refiere a la asistencia alimentaria y promoción del desarrollo comunitario, no para atención de víctimas de homicidio o desaparición u otros delitos. En ese sentido se trata de una nueva forma de vulnerabilidad sin etiquetar en la asignación de presupuestos. Además, la falta de un protocolo de atención desde el municipio para el SAAEV o de reglas de operación, supone un área vulnerable para la transparencia - un requisito fundamental de la administración pública del siglo XXI.

La falta de claridad y reglas claras de operación impiden a nivel nacional que estas instituciones asignen recursos a esta forma de vulnerabilidad sin que se considere una duplicidad de los recursos asignados al sistema de atención federal y estatal de víctimas. Esta es una posible respuesta a la ausencia de información pública del SAAEV. No aparece en el Primer informe de gobierno de la administración 2021-2024; únicamente se destaca la conformación de la Célula municipal de búsqueda reservada para acciones asignadas de búsqueda inmediata de casos reportados ante la Fiscalía y que no incluye labores de campo de búsqueda para personas reportadas en eventos previos (Gobierno municipal de Salamanca, 2022). En el segundo informe se dedica una pequeña nota donde se informa del SAAEV, sin un nombre específico de la estrategia, para anunciar el trabajo con tres colectivos de búsqueda y un colectivo de víctimas de homicidio (Gobierno municipal de Salamanca, 2023).

Un segundo elemento de confrontación con el gobierno del estado y más actores sociales, se desencadena en cada evento violento mediatizado en los espacios locales, nacionales e internacionales. En cada episodio las instituciones intercambian acusaciones sobre las responsabilidades de sus contrapartes como ocurrió en la ejecución de 5 estudiantes y una mujer adulta frente a un Tele bachillerato (Espinosa, 2022), la explosión de una bomba casera en un restaurante (Rosete, 2024) o la desaparición de una mujer dedicada a la búsqueda de un ser querido (Barragán, 2021). Uno de los reclamos permanentes al gobierno municipal en estos casos por parte de la ciudadanía es la falta de acciones en materia penal, atribuida a una institución sin facultades jurídicas y que ha tratado de compensar desde el SAAEV. Pero, independientemente a la percepción y la confrontación en el campo de los medios de comunicación se identificó una permanente desconfianza entre niveles de gobierno ante una situación de alto riesgo que exige la máxima cooperación. Este es una de los pendientes de la administración para favorecer mejores condiciones de las víctimas de violencia en el municipio.

El tercer elemento crítico del SAAEV es de tipo técnico-operativo. Un elemento central para el desarrollo de políticas basadas en evidencias consiste en disponer de esquemas de evaluación de resultados y satisfacción de los usuarios, por completo ausente en DIF de Salamanca. Resulta indispensable conocer los resultados de los niveles de malestar de los usuarios adultos luego del proceso de atención desplegado en los últimos años. Además, es necesario conocer el grado y calidad de atención por parte de los funcionarios involucrados por lo cual se requiere diseñar un esquema de evaluación permanente para identificar los grados de éxito, así como las áreas de oportunidad sujetas a mejora. Esta es una práctica central en los esquemas de evaluación de políticas contemporáneas para su continuidad e incluso transferencia a otras regiones (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2018; Cáceres Cabana, Chávez Medrano, & Rivera Medina, 2019; de la Torre Sifuentes, 2021).

Conclusiones

El SAAEV es un servicio innovador de atención y acompañamiento cercano al entorno de las víctimas indirectas de homicidio, desaparición y feminicidio. Emergió como resultado de la presión de ciudadanos organizados, mayoritariamente mujeres, ante un gobierno municipal que, pese a su limitaciones presupuestales o estrecho margen de acción dentro de sus facultades jurídicas, encarna las expectativas de un desempeño estatal más eficiente, simple y justo para sus necesidades específicas. Por tanto, revela el papel central de este nivel de gobierno para atender las consecuencias de un contexto prolongado de violencia social.

También, el caso revela el esquema limitado de atención configurado en los gobiernos estatales y el federal a las víctimas indirectas de la alta incidencia delictiva. Estos desplegaron políticas de confrontación directa a los grupos criminales en la época de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; luego de atención a las causas de la violencia como la pobreza y desigualdad en el de Andrés Manuel López Obrador. En ambos casos, el objetivo es el perpetrador de la violencia, no la víctima. Por tanto, se requiere una revisión a la estructura institucional establecida en México para atender a este grupo en situación de vulnerabilidad, donde se contemple una reconfiguración de facultades, recursos y esquemas de colaboración eficientes para establecer servicios de atención y acompañamiento cercanos a los ciudadanos. De ese modo se evitaría la percepción de indiferencia del estado a un grupo en expansión de víctimas indirectas en diversas regiones.